El macrismo y sus aliados en el Consejo de la Magistratura intentarán cambiar la integración del Cuerpo de Auditores que se ocupa de determinar posibles irregularidades, faltas administrativas o delitos en el Poder Judicial, para tener en esa dependencia un equipo propio. Los auditores actuales fueron designados cuando tenía mayoría de consejeros el Frente para la Victoria. El tema está incluido en el orden día del plenario de este jueves a propuesta del presidente del organismo, el abogado Miguel Piedecasas quien, en el plano formal, cuestiona la resolución del año pasado que desplazó a la conducción radical. También está en el temario, con la impronta del Gobierno, la revisión de cerca de 172 designaciones y ascensos.

En el trasfondo de la discusión sobre el Cuerpo de Auditores hay una investigación en particular que genera alta sensibilidad en muchos rincones del Poder Judicial. El origen fue una denuncia de arquitectos que trabajan para el área de Infraestructura que derivó en el hallazgo del presunto pago de sumas millonarias –entre 2012 y 2014– por adelantos del 45 por ciento (35 por ciento para materiales y 10 de adelanto financiero) para obras antes de que se realizaran y que quedaron paralizadas. En un comienzo, los profesionales revelaron presiones para avalar certificados por tareas no ejecutadas, trabajos sobrevaluados y contrataciones con empresas repetidas. El administrador general Juan Cubría hizo su propio relevamiento y encontró que se pagaron hasta 35 millones de pesos por obras que no se hicieron. En una presentación que hizo en diciembre, pidió que su informe fuera trasladado a los auditores para que profundizaran su pesquisa. Pero ese paso clave quedó dilatado cuando Piedecasas pidió un dictamen jurídico sobre el tema antes de hacer cualquier otra cosa. En el ínterin, Ricardo Monner Sans hizo una denuncia penal, impulso mediante del fiscal Ramiro González, ya ordenó al Consejo que entre toda la documentación, y le dio plazo hasta hoy.

Los funcionarios denunciados penalmente son el ex administrador General del Poder Judicial, Germán Krieguer, Luis Devoto de asuntos Jurídicos, Hugo Lazzarini de Infraestructura, el prosecretario letrado del Consejo Gabriel Saliva y el contador Diego Martino. En tribunales los relacionan con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Krieguer, en la actualidad es asesor del consejero Luis Cabral, ex subrogante de la Cámara de Casación Penal Federal y ex titular de la Asociación de Magistrados.

En la actualidad, la titular del Cuerpo de Auditores es Ingrid Jorgensen, antigua colaboradora del diputado Carlos Kunkel, y lo integran con ella otras tres mujeres, que son Lucila Pampillo, quien trabajaba con el ex secretario de Justicia Julián Alvarez (quien era representante en el Consejo), Paola Prado y Claudia Della Malva (ambas vinculadas a la lista Celeste de los jueces). Ellas entraron en reemplazo de Jorge Meydac, un aliado del radical Ernesto Sanz que comandaba a los auditores José Piveta (santafesino de buen diálogo con la Corte), el ex vicegobernador cordobés Luis Molinari Romero y Prado. El Frente para la Victoria les endilgó haber hecho apenas un plan de auditoría en 2008. Después, en concreto, señalan que investigaron el robo de un celular en dependencias del Consejo, la desaparición de una máquina de un proveedor, y la parte de la denuncia de los arquitectos referida a las presiones.

Cuando Canicoba Corral dio vía libre para la investigación sobre las obras, se armó un gran revuelo en el Consejo. Lo que propuso Piedecasas para este jueves es revisar la resolución votada por la que entonces era la mayoría de siete consejeros kirchneristas que cambió la conducción del Cuerpo de Auditores. Es posible que proponga que vuelva el equipo anterior. Como en aquel entonces, alcanza para cambiar a todos los auditores con una mayoría simple, que hoy macristas y radicales tienen garantizada en el organismo. Consultado por Página/12 Piedecasas puso en duda que se pueda tratar el tema este jueves, dependerá, del consenso, pero confirmó su idea de cambiar a los auditores.

El otro gran tema será el dictamen de la llamada “comisión revisora”, la que se ocupa de revisar contratos prorrogados el año pasado por el Consejo y lo que llaman “corrimientos”, que son ascensos. Esa comisión está integrada sólo por consejeros del oficialismo ya que se votó en ausencia de la oposición: son el representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques, el vicepresidente del cuerpo, Leónidas Moldes, la abogada Adriana Donato y el diputado radical Gustavo Valdés. Es posible que la discusión termine en despidos de contratados y rebajas de categoría. La mayoría forman parte del personal de la dirección de Tecnología, de Administración y financiera y de algunas secretarías.