El pasado 18 de enero escribí en este diario una nota titulada “Cómo llegó al suicidio Nisman”, en la que, entre otras cosas, señalaba textualmente: “Hace unos días adelantábamos que un servicio extranjero y los sectores que en su momento montaron un intento de golpe blando alrededor de la disparatada denuncia del fiscal Alberto Nisman estaban encaminados a reflotar por estas horas, no sólo la denuncia, sino a instalar el supuesto asesinato del ex fiscal pretendiendo adjudicarle a la ex presidenta la autoría intelectual del mismo. Por más burda que parezca la maniobra, en efecto, ya se ha puesto en marcha y de ella participa el mismo entramado mafioso que transformó a Nisman en mascarón de proa del intento de golpe blando que se pretendió perpetrar hace un año atrás.

En la Justicia la cara visible de esta operación es el fiscal Raúl Plee, que está intentando reabrir la causa referida a la denuncia y que fuera desestimada por cuatro jueces federales. En el plano mediático, obviamente, participa el Grupo Clarín. Y, por supuesto, tienen un papel relevante agentes de un servicio extranjero”.

Esto que decíamos hace casi setenta días anticipaba los pasos que en esta dirección fueron dando los implicados en esta maniobra. Efectivamente, el fiscal Raúl Plee, en combinación con la decisión del gobierno de Mauricio Macri de no apelar la supuesta inconstitucionalidad del acuerdo con Irán, promovió que este antecedente sirviera para la absurda pretensión de reabrir la causa de la delirante denuncia del ex fiscal Alberto Nisman.

El segundo paso de este siniestro plan fue la frustrada convocatoria de los fiscales del PRO a una marcha del 18 de febrero, que imaginaban multitudinaria y tenía por objeto presionar a la jueza Fabiana Palmaghini para que ésta declinara su competencia y remitiera la causa de la muerte de Nisman a la Justicia federal. Pero la magistrada se les adelantó y, en un fallo impecable y sin fisuras, rechazó esta pretensión, promovida de común acuerdo entre las querellas de Arroyo Salgado y la madre del ex fiscal y los implicados en esta macabra maniobra. Eso explica la pobre convocatoria que ese día no reunió más de quinientas personas e hizo imposible montar el operativo mediático que estaba previsto para darle efectividad a la extorsión sobre la jueza.

No obstante el traspié, los complotados no cejan en su esfuerzo por llevar a la Justicia federal el expediente, para poder allí redireccionarlo hacia la hipótesis de un asesinato. En este caso, el fiscal Ricardo Sáenz fue el elegido por este conglomerado mafioso para hacer el último intento en ese sentido.

Analizar el contenido jurídico del dictamen del fiscal Sáenz casi no vale la pena. Porque si no se tratara de una burda operación, sus conclusiones sólo podrían provocar el hazmerreír del mundo jurídico y, particularmente, penal. No obstante, sólo al pasar, hay que decir que en su delirante argumentación sostiene, para sustentar su hipótesis de homicidio, que eso está probado por el uso de “un arma amiga”, en obvia alusión a la que le proveyó Diego Lagomarsino. Deja de lado que el fiscal Nisman previamente también le había solicitado un arma a uno de los miembros de su custodia.

No hay ningún indicio ni mucho menos prueba material concreta que sostenga seriamente la posibilidad de un homicidio. El fiscal tampoco las aporta. Y mucho menos traza el perfil de un supuesto autor.

La desesperación por no dejar que se les caiga la posibilidad de arrastrar por los pasillos tribunalicios a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, obnubila tanto al fiscal Sáenz, que ni siquiera explica que aún en el supuesto caso –descartado por todos los expertos criminalísticos– que se tratara de un homicidio, eso no habilita para que se remita al juzgado federal, porque también pudo haberse tratado de un hecho de un delito común relacionado con los oscuros manejos financieros del fiscal Nisman o cualquier otra cuestión vinculada a su vida personal.

En síntesis, la presión que quisieron ejercitar sobre la jueza Palmaghini, hoy la quieren trasladar a los tres camaristas que deben resolver sobre la cuestión planteada.

Esos miembros del Tribunal sí tienen en sus manos la decisión de asesinar la Justicia, como pretende el fiscal Sáenz, o salvarla para recuperar algo de la credibilidad y la confianza que la sociedad perdió respecto al Poder Judicial, precisamente, por los inescrupulosos que actúan en banda por oscuros intereses de facción.

* Dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista.