El juez Sebastián Casanello procesó con prisión preventiva al empresario Lázaro Báez y el contador Daniel Pérez Gadín por considerarlos coautores del delito de lavado de activos y citó a indagatoria al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, a quien le prohibió salir del país. En un fallo firmado ayer, el magistrado también trabó embargos por cien millones de pesos a cada uno y dispuso medidas, como el secuestro y embargo de bienes de los involucrados en la causa, para intentar recuperar el dinero.

Además de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín, también fueron procesados Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot (presidente de la empresa de taxis aéreos Top Air, de Báez) y Sebastián Pérez Gadín. A diferencia de los dos primeros, sobre quienes el magistrado consideró que existe el peligro de que se fuguen o entorpezcan la investigación, el resto sigue en libertad. Se trata de los involucrados en el video de la financiera conocida como La Rosadita, en la que se ve a personas vinculadas a Báez contando dólares y euros. El juez acusa a Báez de lavar, a través de la financiera, plata de evasión fiscal de Austral Construcciones. El empresario y su hijo Martín deberán volver a presentarse ante el juez, en audiencias fijadas para el 5 y 6 de mayo respectivamente.

Con el objetivo de recuperar los activos, Casanello ordenó el secuestro y embargo de los vehículos y bienes registrales de todos los imputados y de la firma Top Air, como así también la inmovilización y congelamientos de todos los fondos de las cuentas bancarias de aquellos. También embargó la póliza del siniestro de la aeronave perteneciente a esa firma matrícula LV-ZSZ y secuestró dos aeronaves vinculadas a esa sociedad. Otras medidas dispuestas por el juez ayer fueron la tasación de más de cincuenta inmuebles pertenecientes a los procesados (principalmente atribuidos a la familia Báez) conformados por viviendas, lotes y chacras y lo mismo respecto de las firmas SGI Argentina S.A., Helvetic Services Group S.A., OACI S.A. Casanello designó veedores informantes en Austral Construcciones, la empresa de Báez para controlar su giro comercial y su patrimonio. Los veedores tendrán derecho a asistir a las reuniones de directorio y facultades para pedir la información que necesiten.

Además de los procesamientos, Casanello citó a declaración indagatoria a Ricardo Daniel Echegaray (ex titular de la AFIP y actual de la Auditoría General de la Nación) y Rubén Angel Toninelli, ex director de la DGI, para los días 3 y 4 de mayo respectivamente, y decretó la prohibición de salida del país para ambos. La AFIP quedó involucrada en la causa por el uso de facturas truchas de Bahía Blanca por parte de Austral Construcciones, la empresa de Báez. El juez decidió avanzar con la indagatoria de Echegaray y Toninelli luego de la declaración del financista Leonardo Fariña, quien luego de dar un extenso testimonio fue incorporado al programa de Protección de Testigos e Imputados.

El tribunal ordenó la inmediata captura nacional e internacional de Jorge Oscar Chueco –el abogado de Báez que se encuentra desaparecido desde el viernes pasado y fue a visto por última vez en Iguazú– a fin de recibirle declaración indagatoria, y dispuso asimismo la inhibición general de sus bienes.

Casanello también requirió la colaboración de la UIF con el objeto de identificar y localizar todo tipo de bienes que los imputados, como así también las empresas que integran o de las que se beneficiaron, puedan registrar en otros países. En el mismo sentido, libró nuevamente exhortos a Suiza, Belice, Panamá, Estados Unidos, Uruguay y España.

El juez dispuso la extracción de testimonios, es decir que hizo nuevas denuncias, para investigar distintos hechos vinculados con las declaraciones prestadas por los empleados de SGI Argentina S.A., como así también lo informado por el Servicio Penitencia Federal y el Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco de unos sucesos ocurridos en el ámbito de las detenciones de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín (ver aparte).

Otros citados a indagatoria por el magistrado son: el empresario chaqueño Julio Mendoza, el abogado de Austral Claudio Bustos, Eduardo César Larrea y Néstor Ramos, directivos de Helvetic Group.