La batalla por imponer la agenda legislativa comenzó en el Congreso. Mientras la alianza oficialista Cambiemos busca seguir en el camino de ratificar solo los proyectos del Gobierno, la oposición intenta apurar las iniciativas que el macrismo quiere frenar y dejar fuera del debate parlamentario. Hoy, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la Cámara de Diputados recibirá a una veintena de ONG que emitirán opiniones sobre el proyecto de Acceso a la Información Pública que el Gobierno envió hace siete días y que Cambiemos buscará darle dictamen favorable esta misma semana. En tanto, las comisiones de Legislación Laboral de la Cámara baja y la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado comenzarán a debatir en paralelo la Emergencia Ocupacional que promueven desde el Frente para la Victoria (FpV), el PJ disidente, el massista Frente Renovador (FR) y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) para frenar los despidos en el Estado y las empresas privadas, que el macrismo se niega a discutir.

La oposición está dispuesta a avanzar en la aprobación de una ley de Emergencia Ocupacional que le ponga freno a los despidos. Mañana, la comisión de Legislación Laboral que preside el dirigente sindical petrolero y miembro del Bloque Justicialista (BJ), Alberto Roberti, buscará dictaminar a favor de la iniciativa que los asesores de la comisión terminaron de unificar entre las iniciativas del FpV, el BJ, el FR y el FIT pero a cuyo debate no aportó el oficialismo.

Luego de los encuentros que las cinco centrales sindicales –las tres fracciones de la CGT y las dos CTA– mantuvieron con diputados y senadores de la oposición, los diputados de extracción sindical comenzaron a trabajar en la unificación de las iniciativas para que la emergencia se prolongue por un año (y no solo a seis meses) ante la amenaza de más despidos que se proyecta en el horizonte económico. Aunque aun quedaría por saldar si el proyecto unificado planteará la doble o triple indemnización que busca a través del recargo económico para las empresas disminuir la posibilidad de que se produzcan en forma masiva.

Desde el massismo se ofrecieron a ser el nexo con el oficialismo para que Cambiemos acompañe la iniciativa. Algo que el Gobierno no estaría dispuesto a ceder. El FR tenía un acuerdo previo con Cambiemos para impulsar la modificación del Impuesto a las Ganancias a cambio de cierto respaldo legislativo, aunque la realidad económico-social obligó al massismo a plegarse al reclamo prioritario de las centrales sindicales.

En tanto, en el Senado, la oposición buscará en forma paralela y alternativa un proyecto similar en el que podrían avanzar en caso de que la iniciativa se trabara en la Cámara baja. Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto analizará mañana las iniciativas de Pedro Guastavino, Mario Pais (ambos del FpV) y Daniel Lovera, del peronismo pampeano.

Desde Cambiemos, en tanto, ya se trazaron como objetivo darle esta semana dictamen favorable al proyecto oficial sobre Acceso a la Información Pública que llevarían al recinto de la Cámara baja en la primera semana de mayo. Hoy, los diputados recibirán la devolución de una veintena de ONG que expondrán sobre el proyecto oficial que reúne un consenso generalizado, aunque existen cuestiones instrumentales que podrían estar en revisión. El oficialismo busca imponer en la agenda proyectos que no contemplan la urgencia en materia socio-económica.

En el plenario también habrá funcionarios de segunda línea de la secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, que redactó el proyecto, la Oficina Anticorrupción y del Ministerio de Modernización que tomarán nota de los planteos, que por ahora giran alrededor de temas instrumentales. Los cuestionamientos van desde su implementación (prevista para dentro de un año), si el alcance a los tres poderes del Estado y organismos descentralizados, también incluirá a todas las empresas con participación (mayoritaria o no) del Estado, así como a las organizaciones civiles que reciben subsidios estatales en un sistema donde el lobby no está permitido o el rol de la comisión bicameral que seguirá el tema.