¿Cómo explicarnos que un gesto tan audaz como el de reeditar el Informe Nunca Más de la Conadep “tal cual fue”, es decir, sin el prólogo que en 2006 le incorporó el gobierno de Néstor Kirchner, se mantenga bajo sigilo? No se trata de un sigilo absoluto, sino de emisiones mínimas, probablemente calculadas. En este caso, se difundió una mesa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el último día de la Feria del Libro bajo el título “Del Nunca más a los nuevos derechos”. Ni una sola palabra en el anuncio respecto de la reedición. Terminada la conferencia, tampoco hubo ninguna comunicación institucional que se refiriera al tema. Fue similar el manejo de las reuniones que mantuvo el gobierno con Cecilia Pando y con los familiares de las víctimas civiles de las organizaciones políticas revolucionarias. No hubo comunicación oficial sino trascendidos, que el gobierno aprovechó para dejar en claro su política de puertas abiertas. Es cierto, antes había recibido a los organismos de derechos humanos y había expresado, frente a ellos y públicamente, su condena al terrorismo de Estado, su decisión de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad, y también su rechazo a una política oficial de reconciliación.

La reedición del Informe Nunca Más de la Conadep, a 40 años del golpe de Estado, pone una vez más en escena las disputas políticas en torno de los derechos humanos y también permite repasar las múltiples estrategias ensayadas por el actual gobierno para posicionarse en ese escenario polémico. Por un lado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se infunde con esta reedición la calidad de agente restaurador, no sólo en términos materiales sino también simbólicos. Asume la perspectiva de sectores intelectuales y políticos que denunciaron el agregado de un nuevo prólogo en la edición del mismo Informe en 2006, como un avasallamiento inadmisible y como la coronación de un proceso de apropiación más amplio, cuyo objetivo deliberado, como habría quedado demostrado con ese prólogo de modo literal, era “la reescritura de la historia”. En medio de esa polémica, el prólogo cuya autoría se atribuyó públicamente a Ernesto Sábato, pasó a tener un carácter incuestionable y absoluto. Colocado fuera de todo intercambio, adquirió así muchas de las particularidades de la palabra sagrada, pasible de ser citada dentro de las réplicas pero no de convivir con réplicas de igual importancia. En contrapartida, el texto de 2006 fue acusado de apócrifo. La gestión de Claudio Avruj confirma con su reedición pasteurizada esta lectura: descarta como “aditamento ideológico” el prólogo de 2006 y reinstaura en un sitial inexpugnable la clave de lectura que ofrecía el prólogo original. Su intervención es paradójica: cumple con la difamación que se había atribuido al gobierno anterior, la de borrar un prólogo. Si el gesto de agregar puso en diálogo de modo explícito distintas perspectivas respecto del pasado reciente de nuestro país, el gesto de borrar expone un rictus autoritario, dirigido a segregar los vestigios de la palabra ajena.

Probablemente la más significativa de las discusiones que pretendió instalar ese prólogo de 2006 fue la desaprobación explícita de la “teoría de los dos demonios” y el interés por incorporar nuevas variables de explicación sobre el terrorismo de Estado. En este punto, la posición del gobierno actual también ha sido oscilante: al mismo tiempo que el secretario Avruj pone el foco en el Estado como único agente de las violaciones a los derechos humanos; el presidente Macri utiliza fórmulas que equiparan “violencia institucional” y “violencia política”, como lo hizo en sus discursos del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa y del 24 de marzo en el Parque de la Memoria.

Así, el gobierno parece buscar su lugar en el mundo de los derechos humanos con estrategias diversas, que ponen en convivencia gestos de continuidad en relación con la política de memoria, verdad y justicia del kirchnerismo, gestos de empatía con el paradigma dominante durante el gobierno de Alfonsín que se exhiben como antitéticos en relación con la política kirchnerista, y gestos de ruptura con ambos. Este esquema explica la sordina con que se acallan ciertos actos cuya destinación está clara pero requiere recaudos: los contradestinatarios siempre acechan. Subsiste como interrogante si el gobierno actual piensa en un esquema de síntesis de diferentes perspectivas, tal como parece desprenderse de las palabras del ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien habló de “una línea de trabajo que, con matices, viene desde el gobierno de Raúl Alfonsín” y reconoció también que “seguimos con muchas políticas del gobierno anterior”; o si veremos finalmente un corrimiento de los límites por saturación, por colapso o por soterramiento de perspectivas en conflicto.

* Lic. en Filosofía por la UBA. Consultora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Doctoranda en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA).