Las fotos que incriminan a Rodolfo Manuel Corzo (h) son tan nítidas como el arma blanca que empuñaba amenazante en su mano derecha la noche del 4 de mayo pasado en Pompeya. Salieron publicadas en todos los medios. La causa judicial en que está imputado fue caratulada tentativa de homicidio doblemente agravada y hace más de un mes que no tiene progresos notorios. La Cámara de Casación denegó el último recurso que le quedaba al cuchillero para conseguir la eximición de prisión. Es el más comprometido de los acusados, pero no el único. El líder de la patota es su padre y homónimo, un empleado de la Ciudad de Buenos Aires. Los imputados son varios más que los Corzo, pero todos siguen prófugos “de manera sugestiva”, según la abogada María del Carmen Verdú, de Correpi, que patrocina a los jóvenes agredidos de la Agrupación Boca es Pueblo. Dos son querellantes por el ataque en la sede de la Comuna 4: Matías Scínica, quien recibió un puntazo en el cuello, y Luis Ariel Escalada. También está por hacer lo mismo un tercero: Luciano Caldarelli. A ellos sumó su querella Fernando Abal Medina -hermano de Juan, el senador y ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner– quien sufrió una golpiza que le provocó fractura de la base del cráneo. Algunos de estos hechos solo parecen posibles por una presunta complicidad política e institucional del gobierno porteño. A cuarenta días del ataque, hay más datos que permiten profundizar esa sospecha.

El letrado que defiende a Corzo (h), Leonardo Manuel Mallo, trabaja como mandatario del Ministerio de Justicia de la ciudad. Lo nombraron el 23 de marzo pasado. A Jorge Apreda, el presidente de la Comuna 4, donde sucedieron los hechos, lo citaron 22 diputados de la oposición para que declare en la Legislatura pero el PRO tira la pelota afuera. Era de esperar. Su referente, Horacio Rodríguez Larreta, prefirió mostrarse con él en un acto por la campaña de poda de árboles a pocos días de que intentaran matar a dos personas en una reunión de vecinos. Como si no hubiera pasado nada, Apreda nunca dio una explicación pública sobre los episodios que se produjeron en la comuna que encabeza y durante su ausencia. Estaba de viaje.

La causa la tiene el juez de Instrucción Roberto Ponce. De su firma salieron las órdenes de captura para casi una decena de prófugos. La investigación del ataque premeditado contra vecinos que intentaban pedir explicaciones por la cesión de tierras del predio de Casa Amarilla, ubicado en la Boca, quedó a cargo del fiscal de Nueva Pompeya y Parque Patricios, Adrián Giménez. La carátula de tentativa de homicidio doblemente agravada le impidió a Corzo (h) acceder al beneficio de exención de prisión que pidió a través del abogado Mallo, quien por un decreto del 23 de marzo de este año fue designado por la Subsecretaría de Justicia porteña como mandatario para tramitar juicios que lleva adelante la Dirección General de Administración de Infracciones.

El grupo que integraban Corzo y su padre –que es un histórico puntero barrial y responde al apodo de El Cordobés– atacó en el Centro Comunal N° 4 de Del Barco Centenera 2906 cuando vecinos previamente anotados intentaban deliberar la noche del 4 de mayo. Querían saber, entre otros temas, qué uso se les daría a las tierras vendidas por la ciudad –mediante la Corporación Buenos Aires Sur– a Boca Juniors. Por ese espacio público de 3,2 hectáreas venían luchando desde hacía décadas para que se transformara en un lugar de esparcimiento al aire libre, se construyeran viviendas o las dos cosas juntas. Pero el club los anticipó, acordó pagar 180.600.000 pesos (unos 12,9 millones de dólares al cambio actual) con un plan de financiamiento consistente en el 5 por ciento diez días después de la escritura y el resto en 41 cuotas trimestrales. Una bicoca.

Para conseguirlo resultó clave el poder de lobby de Daniel Angelici, el presidente boquense. Su proyecto es levantar ahí un nuevo estadio que supere en capacidad a la mítica Bombonera. Esa iniciativa la comparte con Apreda, uno de sus hombres en la política interna. Los dos integran la Agrupación Dale Boca, la misma en que es vicepresidente Mauricio Macri desde el día en que le cedió el máximo cargo al influyente dirigente de fútbol.

Los 22 diputados que quieren interrogar al comunero Apreda definieron en su proyecto de resolución que “el grave y repudiable accionar de los violentos y la falta de seguridad provocaron que el Consejo Consultivo en vez de ser un ámbito deliberativo se convirtiera ese día en lugar de intimidación, violencia y miedo”. El bloque del Frente de la Victoria, además, se presentaría con un amicus curiae en la Justicia.

A las querellas de Scínica, Escalada y Caldarelli que lleva adelante la abogada Verdú, se agregó la de Fernando Abal Medina. Herido de gravedad en las puertas de la Comuna 4, tuvo que ser trasladado inconsciente al Hospital Alemán, donde se lo atendió de una fractura de la base del cráneo y de otra en la pared posterior del seno maxilar derecho. El abogado y ex secretario del partido peronista en los años 70 Juan Manuel Abal Medina describió cómo fue el ataque contra su hijo: “Corzo padre dirigió la agresión a un metro de Fernando. Yedro (cuyo nombre de pila es Ezequiel y sería empleado de Boca) lo golpeó en la nuca con un objeto metálico contundente, causándole fractura de la base del cráneo; y Corzo hijo lo golpeó en el rostro cuando caía inconsciente, causando otra fractura. Varios sujetos más lo patearon y golpearon en el piso, gritando amenazas ante la vista de Norma, la esposa de Fernando, y de su hija de once años”.

El Cordobés Corzo, “un sujeto que alquila sus servicios al mejor postor” –como lo describe Abal Medina padre– conocía muy bien dónde se movía aquella noche que por muy poco no terminó en tragedia. En diferentes resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la ciudad consta que trabajó en la Junta Comunal de Pompeya y Parque Patricios, por lo menos desde 2012. Para ese año, Apreda ya había sido elegido presidente de la misma. El jefe de la patota consiguió ser transferido por pedido de la Junta Comunal desde la Dirección de Custodia y Seguridad de Bienes de la ciudad. Y ese pase se renovó el 24 de julio de 2013 mediante la resolución 890 “con el aval de los organismos involucrados”.

Su hijo, ya muy expuesto por la imagen donde se lo ve cuchillo en mano después de darle el puntazo a Scínica, no tuvo la misma suerte. La resolución 2016 de la Comuna N° 2 publicada también en el Boletín Oficial explica que se “solicitó detener el nombramiento como agente con poder de policía para desempeñarse en esa Comuna, del Sr. Rodolfo Manuel Corzo, DNI 33.155.519, por motivos ajenos a esa Unidad de Organización”. El potencial homicida estuvo a punto de ingresar como empleado del gobierno en la comuna que ocupa el barrio de Recoleta y que preside el joven militante del PRO Agustín Fox. Prófugo desde el 10 de mayo en que se pidió su detención, le espera un destino muy diferente.

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