El Centro de Estudios Legales y Sociales estiró el cierre de su informe anual sobre derechos humanos y agregó a su análisis sobre las políticas públicas de 2015 los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri.

El resultado fue un estudio que no cae en la comparación de gestiones, que hace críticas al gobierno de Cristina Fernández y que, tras repasar las medidas tomadas durante los primeros cien días de la presidencia macrista, enciende algunas alarmas: “Es temprano aún para decir que todo está mucho peor que antes, pero hay un montón de medidas que llaman la atención y nos ponen en alerta”, resumió Gastón Chillier, el director del organismo, horas antes de la presentación del informe, que se llevará a cabo esta tarde en Caras y Caretas (Sarmiento 2037).

-¿Creen necesario en la coyuntura actual hacer hincapié en que los derechos humanos no se circunscriben a las violaciones de la última dictadura?

–Siempre fue así para nosotros. Buscamos reafirmar la posición del CELS: la agenda de derechos humanos es tanto la que atañe a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, como la que atañe a las violaciones sistemáticas y masivas generadas por el núcleo duro del Estado: fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario. Un núcleo que a pesar de los 32 años de la recuperación de la democracia sigue siendo un problema medular para los derechos humanos pero también una amenaza a la estabilidad democrática.

-¿Se puede entender el panorama actual como de retroceso en materia de derechos humanos?

–Si bien es prematuro aún sacar conclusiones en términos de mejor-peor, no tenemos dudas de que los derechos humanos no tendrán en esta gestión la centralidad que tuvieron en los gobiernos kirchneristas, aún con todo lo que les criticamos. Los últimos 12 años fueron de ampliación de derechos. La gestión de Cambiemos ha tomado varias medidas que preocupan. El fuerte ajuste social y económico, despidos masivos en el Estado, van en contra de políticas de inclusión. Eso, sumado a algunas decisiones sobre el núcleo del esquema que conforman la seguridad, el servicio penitenciario, de inteligencia y de Fuerzas Armadas son una gran llamada de atención para seguir monitoreando qué hará el gobierno en esas áreas.

-Entre los ejes de análisis aparece el sistema de inteligencia. ¿Por qué es importante mirar hacia allí en términos de protección de derechos humanos?

–Vemos con mucha gravedad las nuevas medidas, como el decreto 656/2016 (publicado el 9 de mayo pasado) que deroga el decreto reglamentario de la ley que creó la AFI, vuelve al secreto y a la cultura de opacidad de la vieja SIDE. Es peligroso porque crea el marco para volver a las viejas prácticas de los servicios que estuvieron en el medio de todos los escándalos institucionales de la vida política de Argentina desde la recuperación de la democracia. Hay una clara regresión respecto de lo que fue un avance normativo de la reforma de inteligencia –a mediados de 2015– y su decreto reglamentario, tan demorado. La reforma del sistema de inteligencia, sobre todo en cuanto a la reserva de sus recursos, era una deuda que tenía el gobierno desde la gestión de Néstor Kirchner. Kirchner fue corresponsable del estado al cual se llegó en términos de inteligencia por incumplir durante una década con un compromiso que había adquirido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito del atentado a la AMIA. El escándalo de la no prevención de la bomba a la AMIA y el encubrimiento posterior basados en el uso de sistema de reserva y de no rendición de cuentas de los servicios de inteligencia es lo que la gestión de Cambiemos está reconstruyendo, un monstruo, con el objetivo de seguir perpetuando la ineficacia y la violación permanente de derechos de toda la ciudadanía.

-Advierten preocupación en la política sobre el narcotráfico ¿lo ven como otra señal de alarma?

–Esta gestión, al poner la lucha contra el narcotráfico como una prioridad, volvió a afianzar el vínculo con Estados Unidos y sus agencias de seguridad dedicadas al tema. Si consideramos que las políticas actuales en términos discursivos, sobre todo si se escucha al presidente o (Mauricio Macri) de la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), concluimos en que hay una sobredimensión del problema, con un diagnóstico débil y pobre, y un único objetivo: el endurecimiento de las políticas de Estado, el sistema penal y de las fuerzas de seguridad. Eso es grave y no solucionará el problema.

–Toman la detención de la titular de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y el protocolo de actuación ante manifestaciones como dos ejes alarmantes en torno de la postura estatal frente al reclamo social. ¿Entienden esos elementos como parte de una estrategia política general?

–Veníamos diciendo que en sus últimos años el kirchnerismo había perforado los umbrales en términos de represión de la protesta y debilitado la política virtuosa del principios de 2003 en adelante. Las medidas que tomó hasta ahora este nuevo gobierno, como lo de Sala, el protocolo y la represión a protestas de trabajadores (Cresta Roja, estatales en La Plata) encendieron la alarma en torno de la criminalización de la protesta social. Como en el resto del mundo, la protesta en la Argentina se ha convertido en una herramienta de reclamo de derechos, en general, de los sectores excluidos. Todas estas medidas tienen un objetivo, el disciplinamiento. Y nos preocupan, más aún, en contexto de medidas económicas y sociales cuyo impacto en derechos humanos profundizan la desigualdad y afectan sobre todo a esos sectores, los que necesitan protestar: son ellos los que ven la cara del Estado más violenta.

–Dos panelistas de la presentación del informe son dirigentes sindicales (Abel Furlán, de la UOM; y Daniel Catalano, de ATE-Capital). ¿Es una toma de postura frente al disciplinamiento del que habla?

–Durante los últimos años trabajamos con sindicatos para promover políticas contra la precarización y tercerización, el trabajo informal. Pero ahora la agenda está dedicada por completo a defender el trabajo en general. Los despidos, tanto estatales como en el sector privado, como consecuencia del ajuste brutal, se han transformado en una prioridad y el sindicalismo, en cualquiera de sus vertientes, es un actor clave. Nos preocupa el fallo de la Corte Suprema de la semana pasada que legitima el derecho a la huelga sólo para los trabajadores sindicalizados.

–¿Cómo analizan la agenda de derechos humanos en términos de los crímenes de última dictadura?

–Más allá del desmantelamiento de algunas áreas, en el marco del desmantelamiento del Estado en general, como la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad o la del Banco Central, por ahora no vemos medidas vayan en contra de los juicios de lesa humanidad. Creemos que el gobierno se dio cuenta de la tremenda visibilidad internacional que tiene Argentina, su proceso de justicia y las políticas de estado para mantener viva la memoria sobre la tragedia del terrorismo de Estado, lo cual no deja ningún margen para retroceder. Dicho eso, queda claro que a más de seis meses de haberse votado la creación de una comisión bicameral para lo que creemos que es una tarea pendiente en el proceso de memoria, verdad y justicia, que es la investigación de la complicidad civil y dentro de ella la de empresarios en crímenes de lesa humanidad, la comisión no ha sido conformada. Por otro lado, si bien no somos tan alarmistas como otros espacios en cuanto al decreto que regresa algunas atribuciones a las Fuerzas Armadas, cuando se lo sumamos a la adquisición de armamentos y la retórica del discurso del día de Ejército del Presidente, invitando a las fuerzas a cooperar en la lucha contra el terrorismo, entendemos que hay una ambigüedad complicada que nos preocupa. No vaya a ser que atrás de todo esto aparezca el fin de una política de estado de división entre Seguridad y Defensa y la prohibición legal de las fuerzas en seguridad interior. Por el momento, estamos en alerta.