La materialidad rotunda del episodio relega cualquier otra consideración. Todo parece abstracto y difuso en comparación con las imágenes y el relato de la captura de José López al salir del monasterio de las monjas orantes y penitentes en una fría madrugada de junio. De tan perfecto provocó las dudas públicas del Frente Renovador: al jefe de su bloque de senadores bonaerenses Jorge D’Onofrio le dio la sensación de que “todo fue preparado. Que se armó una historia con el llamado del 911, las monjas y Jesús (el denunciante), que no es muy creíble”. Eso no obsta para que su partido lo aprovechara tanto como la Alianza Cambiemos.

Que López haya saltado esa tapia en la misma semana del conflicto entre el Vaticano y el gobierno por la donación de más de un millón de dólares a una entidad educativa auspiciada por el Papa Bergoglio replantea el rol de la Iglesia Católica, y muy en especial de su jefe, con el sistema político y la sociedad civil de la Argentina, en momentos en que el Justicialismo se debate en un vacío de poder. La media sanción de la ley de blanqueo, que preserva el secreto de los delitos tributarios cometidos y extiende esa protección a los contratistas de obra pública y a casi toda la parentela de los funcionarios indica que no hay en el actual gobierno más voluntad que en los anteriores por poner coto a los abusos de lo que hace décadas se conocía como la Patria Contratista. Sin reformas en el régimen de compras y contrataciones del Estado, los sucesos de estos días serán apenas anécdotas risueñas, aportes ingeniosos de los oriundi a la continuidad de una picaresca que hizo célebre al cine italiano.

Colores vivos

Hace justo un año, Aldo Ferrer difundió la versión preliminar de un breve trabajo titulado “Acerca de la corrupción”, en el que ensayó una tipología binaria: corrupción cipaya y vernácula, circunstancial y sistémica, pública y privada, globalizada y endógena. También formuló propuestas para combatirla “en el marco de estrategias de desarrollo que movilicen el potencial del país, defiendan los intereses nacionales y promuevan la equidad y el bienestar. De otro modo, seguiríamos sometidos a los problemas que promovieron la corrupción, al mismo tiempo que frustraron el desarrollo de la Argentina”. Las valijas del señor López caerían en los tipos vernácula, circunstancial, pública y endógena. Pero eso no atenúa el shock de la peripecia lujanera.

Las postulaciones del gran maestro del pensamiento nacional están entre las más lúcidas sobre un problema en el que sobran adjetivos indignados y faltan reformas sustantivas que ayuden a superarlo. No obstante, también las definiciones de Ferrer se ven pálidas en contraste con los colores vivos de la escena revelada: el rojo de la valija, el verde de los billetes, el azul del chaleco blindado y del casco con que López es trajinado de un lugar a otro, entre un enjambre de comandos de operaciones especiales con el rostro cubierto. De este modo, la alquimia oficial lo transmuta en el jefe de un cartel de narcotraficantes, cuando la forma en que cayó muestra a un pobre infeliz solo con su sombra, que intentó ocultar las pruebas de sus delitos a la hora menos conveniente y en el lugar más sugestivo. Esta intencionalidad gubernativa sigue el mismo guión representado hace tres meses con Lázaro Báez. La escena primaria hiere los ojos y los oídos de la multitud hipnotizada a toda hora frente al televisor. El director del Banco Central, Pedro Biscay, quien antes integró la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y dirigió el Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) describe una operación que combina lo mediático con “el corazón de una lógica mafiosa que vuelve delictivo todo lo hecho por una gestión de orientación popular. Se opera una conversión cínica que vuelve delito, choreo, estafa, malversación cualquier iniciativa de política pública del anterior gobierno. Es delito no haber ejecutado en su totalidad un proyecto presupuestado, es delito haberlo ejecutado tardíamente, es delito si se lo ejecutó en etapas que implicaron correcciones, como también es delito si se adeuda a determinados proveedores. Todo es delito porque si un funcionario público cometió un delito, entonces todo lo que rodea a ese funcionario público también es delictivo. Es la lógica de la asociación ilícita aplicada a la organización de la política”.

Para Ferrer en los países avanzados y en los emergentes con fuerte densidad nacional la corrupción suele ser circunstancial, consistente en el soborno de quien tiene autoridad de disponer de un activo o un servicio que no le pertenece. En cambio en los países subdesarrollados, de débil densidad nacional, la corrupción sistémica es “mucho más depredatoria”, por ejemplo las decisiones y políticas que generan rentas privadas espurias, que perjudican el interés público. Ferrer lo ejemplifica con “la imposición de un tipo de cambio sobrevaluado y la desregulación de los movimientos de capitales que culminaron en el endeudamiento hasta el límite de la insolvencia, generaron una masa gigantesca de rentas especulativas y fuga de capitales y deterioraron el aparato productivo y la situación social”. Según esta tipología, las decisiones adoptadas en los primeros seis meses del actual gobierno, que implicaron la transferencia de miles de millones de dólares de muchas a pocas manos y cuyas consecuencias se sentirán por generaciones, son mucho más nocivas que los nueve millones en las valijas de José López. Pero aprehenderlo requiere una operación abstracta del pensamiento porque la práctica cotidiana de los consumidores masivos de infotainment televisivo no permite abarcar los 4.200 millones de dólares anuales que deja de percibir el Estado por retenciones a las exportaciones agropecuarias y mineras ni el consecuente desfinanciamiento de inversiones sociales. En cambio, todos han visto alguna vez un dólar y tienen bolsos o valijas en su casa. El robo de López está a escala de quien compra un billete con la ilusión de ganarse la lotería y cambiar de vida. Por eso impacta en forma demoledora. Todo periodista sabe que ningún informe sobre la persecución y asesinato de millones de personas es más conmovedor que el diario que una adolescente escribió escondida en “La casa de atrás”. En eso consiste la cultura de masas.

Los altos niveles de repulsión que manifiestan en los últimos días periodistas, políticos, intelectuales, actores y otros protagonistas de la comunicación informática, desde los más sinceros hasta los oportunistas, así como la direccionalidad política que cada uno intenta darle a sus profundos sentimientos, son tan previsibles como insustanciales. Por ciertos que sean la tipología de Ferrer y el daño que las políticas oficiales están haciendo al interés público, oponerlas a la imagen de López y su último trayecto en libertad, liviano de equipaje, es una respuesta tan patética como arrojar bultos sobre la tapia en la oscuridad y no realza a quien lo intenta. Es verosímil, como dijo CFK el viernes, que ese dinero no se lo haya dado ella a López sino algún empresario que hacía negocios con el Estado. Pero la estridente sospecha, inducida por un afinado coro de medios, no es que proviniera de la ex presidente, sino que ella y/o el ex presidente Néstor Kirchner hayan sido receptores de entregas previas equivalentes. “Que nadie se haga el distraído. Ni empresarios, ni jueces, ni periodistas, ni dirigentes. Cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada. Esa es una de las matrices estructurales de la corrupción”, agregó CFK. La respuesta sabe a poco por parte de quien en un acto proselitista en La Plata contó que cuando eran muy jóvenes Kirchner le dijo que para hacer política es necesario tener plata. Se comprende mejor la reacción de La Cámpora, que no necesitó más que unas pocas horas para repudiar a López y aducir que la pertenencia a un movimiento “que se plantea como objetivo central el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares no puede ser un mero acto declamativo o una foto en un cartel: es una forma de vivir y un compromiso para toda la vida”. También la del ex ministro Axel Kicillof, quien dijo que “la gente no milita para que un vivo, un corrupto, se afane la guita”. Entre las muchas acusaciones que su gestión recibió del sector patronal nunca figuró una por pedidos indebidos de fondos. Ellos y su esforzada militancia territorial están entre los grandes damnificados por lo sucedido. “No podemos eludir más la discusión frontal sobre la corrupción durante la última década. No es sano, no es inteligente y deja sin herramientas a los movimientos sociales que apuestan por opciones de gobierno populares. Quienes queremos defender estas banderas y las políticas de inclusión social y de derechos construidas estos años, tenemos la obligación de hacerlo. Así como frente al gatillo fácil y la represión policial oponemos políticas de control civil sobre el uso de la fuerza y programas contra la violencia institucional, debemos construir programas de prevención de corrupción que pongan en el centro de la escena el rol corruptor de las empresas y los problemas de debilidad legal que favorecen la corrupción”, añade Pedro Biscay. A su juicio, el gobierno necesitaba “de un escándalo como éste que vuelva todo lo demás delictivo: es el efecto de la mancha venenosa. Es radioactivo porque todo lo que toca lo contamina y expande su contaminación radialmente. Excede la incapacidad que hemos tenido para pensar respuestas audaces y poderosas frente a la corrupción, pero a su vez nos deja sin capacidad de respuesta porque al criminalizarlo todo, nos vuelve cautivos de un mecanismo extorsionador que trasviste la banalidad del mal en una virtud, el temor en seguridad, la opresión en libertad y la dignidad de haber construido derechos en avergonzamiento público. Esta lógica es mafiosa en sí y para sí. Se impone en los recintos parlamentarios, en la justicia y en los medios televisivos. Es la única opción posible de enceguecernos para que la matriz criminal del poder económico aumente el endeudamiento externo como mecanismo de financiamiento de la fuga de capitales a la par de asegurar que la pila de la rentabilidad financiera crezca obscenamente mientras las pilas de la producción y el consumo se destruyan progresivamente”.

La transversalidad del sigilo

Al cabo de doce años de gobierno en los cuales José López fue el regente de la obra pública bajo las tres presidencias Kirchner, el comentario de CFK luce tanto necesario cuanto insuficiente. Hubo tiempo de sobra para poner en funcionamiento mecanismos institucionales que redujeran las oportunidades para el enriquecimiento ilícito de funcionarios, con un nuevo régimen de compras y contrataciones del Estado, que superara al obsoleto sancionado por Fernando de la Rúa en 2001 y actualizado en cuanto a su informatización por CFK en 2012, con menos controles que excepciones a la licitación pública. La renovación de la emergencia año tras año, mucho después de dejar atrás la crisis de fin de siglo, contribuyó a la discrecionalidad. Los proyectos de reforma de los códigos penal y procesal penal no contemplaron enmiendas para impedir que un alto número de causas por los delitos denominados de corrupción terminen en absoluciones por prescripción, que es el resultado perseguido por los grandes estudios jurídicos y contables que atienden a las principales empresas. La ley electoral promulgada en 2009 asignó espacios publicitarios gratuitos en televisión a todos los partidos políticos, lo cual niveló las fuerzas y permitió que los partidos menores hicieran conocer sus propuestas y sus candidatos. Pero, a diferencia de lo que sucede en Chile, no prohibió que además de esos espacios gratuitos, los partidos pudieran comprar otros, con la única limitación de su chequera. El enorme gasto en publicidad, sobre todo televisada, es uno de los pretextos más frecuentes para explicar la obtención ilícita de recursos, con el argumento que de otro modo sólo los ricos podrían hacer política (sic). El paquete de leyes de democratización de la Justicia que CFK envió al Congreso en 2013 incluyó restricciones para la presentación de medidas cautelares, contra la posibilidad de impugnar ante la Justicia las decisiones de los funcionarios públicos. Un mínimo catálogo de medidas precautorias debería incluir

- elaboración participativa de pliegos, cuyos errores desincentivan la participación de proveedores;

- creación de oficinas dirigidas al desarrollo de proveedores;

- registro unificado de proveedores y representantes. Es tan defectuoso, a veces apenas con una casilla de correo, que hasta ha habido casos de funcionarios que actúan como representantes;

- coordinación de registros a nivel nacional y provincial;

- mayor control en el proceso de ejecución;

- sanciones de exclusión por colusión o incumplimientos graves en ejecución de contratos;

- conversión de la Oficina Nacional de Contrataciones en una base federal de datos donde todas las jurisdicciones tengan que informar sobre sanciones y denuncias.

Las limitaciones señaladas no pueden adjudicársele a una sola fuerza política: el sigilo y la excepción constituyen una de las formas más ostensibles de la transversalidad. El dictamen que en la madrugada del viernes fue aprobado por la Cámara de Diputados excluyó de la posibilidad de blanqueo a los cónyuges, padres e hijos de la larga lista de funcionarios públicos expuestos políticamente a la que el oficialismo debió resignarse para conseguir mayoría, pero esa prohibición no alcanzó a los convivientes de esos funcionarios ni a los contratistas de obra pública. Esto deja afuera a Franco Macrì, pero no a la amiga que maneja los negocios en China en los que se refugió cuando hijos y sobrinos lo corrieron del control del holding familiar con la amenaza de un juicio por insania. Tampoco alcanza a Angelo Calcaterra ni a Nicky Caputo, los alter ego del presidente. Pese a ello, los diputados de la Coalición Cívica Libertadora Fernando Sánchez, Alicia Terada y Leonor Martínez Villada oprimieron el botón de votar afirmativo sin rebelarse, consecuentes con la extraordinaria definición con que Elisa Carrió justificó hace un año la alianza con Macrì: “Es corrupto pero republicano”. En vez de acompañar a sus diputados ella prefirió faltar a la votación para no mojarse los pies en el agua sucia. El artículo 87 protege además “el más absoluto secreto” de los delitos tributarios amnistiados y de sus montos, aunque el gobierno debió retroceder con la multa equivalente a la suma blanqueada y con la inclusión de periodistas y medios de comunicación en el castigo penal. Aún con esas concesiones menores, el texto votado confirma que la ley afecta la libertad de expresión “que no es sólo para los periodistas sino para el pueblo que vive en democracia, y como medio para lograr tal fin”, como dice Enrique Alberto Hidalgo, secretario parlamentario de la Cámara de Diputados durante la presidencia de Alberto Balestrini. Algo que es de tanto interés público como para motivar una amnistía del Congreso “¿puede quedar oculto? Sólo el recaudador tendrá la información. Los periodistas podrán difundir la que consigan pero no podrá ser debatida por los que no sean periodistas. El pueblo sólo lo mira por TV. La obsesión del Estado Secretista es tal que prescribe que los funcionarios no pueden divulgar la información ‘ni aun a solicitud del interesado’. O sea que el ocultamiento de los evasores pasa a ser razón de Estado superior a la propia voluntad del delincuente amnistiado”, agrega Hidalgo. Otro cambio de última hora que no se discutió en comisiones y se agregó en el recinto fue el traspaso de la UIF al ministerio de Hacienda y Finanzas, cuando hasta ahora dependía del de Justicia y Derechos Humanos. Es una amable concesión al ministro Alfonso De Prat-Gay, quien fue objeto de un reporte de Operación Sospechosa por parte del organismo que ahora quedará a su merced. De este modo la Mesa de Coordinación del Régimen de Sinceramiento Fiscal se reducirá al ministerio de Prat-Gay, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. El discurso de la transparencia que viste al gobierno queda así en palabras que se lleva el viento y deja ver que el rey está desnudo.