La ampliación de la Corte Suprema, que en las últimas semanas parecía haber encontrado una la luz al final del túnel, volvió a quedar a oscuras luego de la aprobación de los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Si bien en la sesión del último miércoles prácticamente todos los senadores se expresaron a favor de revisar el numero de jueces supremos para establecer un equilibrio de género, los tiempos legislativos pueden dejar en el olvido las iniciativas que van desde llevar el tribunal a siete miembros hasta la que plantea una Corte de trece con división en cuatro salas. Esta semana no habrá sesión y sólo estarán en Buenos Aires los integrantes de las comisiones de Presupuesto y de Trabajo para analizar el megaproyecto de blanqueo y jubilaciones. En julio el Congreso suele tomarse un receso de manera informal por lo que las reuniones para analizar la cuestión podrían retomarse recién luego de quince o veinte días.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que debe estudiar los proyectos para ampliar la Corte, postergó el tratamiento de esas iniciativas a pedido de varios senadores. Muchos de sus integrantes no volverán al Senado la semana entrante, ya que no habrá sesión y sólo se prevé avanzar con el proyecto ómnibus aprobado en Diputados la semana pasada.

La estrategia del oficialismo consistirá en no impulsar la ampliación y esperar que, en todo caso, la oposición y en especial el bloque que conduce Miguel Pichetto corra con la carga de traccionar la reforma. “Existen varios proyectos en el Senado. En su momento daremos nuestra opinión sobre cada uno. Primero tiene que empezar a funcionar con cinco miembros y después ver qué Corte queremos, si la ampliamos”, dijo en los últimos días el ministro de Justicia, Germán Garavano. Las declaraciones van en sintonía con los dichos del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien se mostró dispuesto a estudiar una eventual reforma pero dejó bien en claro que no se trata de una propuesta de Mauricio Macri.

En ese contexto, las declaraciones de Pichetto y el sector del PJ más cercano al macrismo complican el escenario. Si bien en la sesión del último miércoles dio varios argumentos a favor de incrementar los miembros de la Corte, el jefe del bloque del FpV-PJ consideró que no se puede avanzar en ese sentido sin el consentimiento del Ejecutivo.

Esa situación dejaría descolocadas y descolocados a varios legisladores nacionales que aprobaron los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz con la promesa informal de sumar mujeres e incorporar por ley el cupo femenino. En esa lista se anotan varias legisladoras del FpV-PJ (a las que Pichetto les agradeció el gesto comprensivo al dar su discurso de cierre), pero también de otros bloques de la oposición, como Magdalena Odarda (Coalición Cívica) o Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal). “A Macri lo que le interesaba era ponerle un freno a Lorenzetti. Ahora la discusión sobre la ampliación pasó a ser una discusión teórica. Perdieron la oportunidad”, se lamentó un senador del FpV-PJ que buscó empujar la ampliación.

La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene, además, otros temas prioritarios en carpeta como el proyecto de ley de Acceso a la Información, que ya se aprobó en Diputados y al que falta el aval de la Cámara alta para su sanción. Fuentes del FpV estimaban que, de todas maneras, pasado el receso de julio podía retomarse la discusión sobre la Corte. Se prevé la convocatoria a varios expositores y también trasladar las audiencias al interior del país para federalizar el debate.

En el caso de que el bloque mayoritario del Senado, sumado a un sector del peronismo federal, logre consensuar un proyecto entre los más de nueve que existen en la Cámara alta, las dificultades no terminan ahí. Varios legisladores recuerdan, por ejemplo, que el proyecto de Adolfo Rodríguez Saá para obligar al Ejecutivo a pedir autorización del Congreso para emitir deuda pública duerme tranquilo en algún cajón de la Cámara baja, luego de ser aprobado por una amplia mayoría de senadores. En Diputados, además, la influencia de Cambiemos es mucho más alta que en el Senado, donde cuenta con sólo 15 miembros sobre 72. “Y si llega a salir en Diputados, también está la posibilidad de un veto”, se anticipa un senador opositor y remata: “En última instancia, Macri también puede tomarse su tiempo para mandar los pliegos”.

En este marco, el segundo semestre de 2016 será clave no sólo para las expectativas del oficialismo sobre la economía argentina, sino también para el destino de una eventual reforma del máximo tribunal de justicia ya que, como marcan las buenas prácticas legislativas, los años electorales no son los apropiados para encarar cambios estructurales.