La justicia de Jujuy ordenó reincorporar a nueve trabajadores que habían sido cesanteados en la Secretaria de Agricultura Familiar como parte de los despidos masivos en la administración pública. Todos son militantes de ATE; les habían mandado los telegramas luego de participar en el acampe de la Tupac Amaru por la libertad de Milagro Sala. El juez Horacio Macedo Moresi, como subrogante del juzgado Federal 1 de Jujuy, les otorgó el amparo que solicitaron, con la denuncia de haber sido víctimas de una persecución ideológica.

Es “inadmisible e impropio de un Estado de derecho”, señaló el juez, que la discriminación, “conducta reprochable por afectar a la dignidad de las personas, tenga como sujeto activo al propio Estado en su rol de empleador”.

Los despedidos ocurrieron el 2 de febrero. De los nueve, tres de las afectadas son delegadas de ATE que, por sus fueros, la Secretaría debió reincorporar un mes más tarde; pero otros seis continuaban sin poder reingresar.

“Echaron a todos los que participábamos activamente del sindicato; no faltó ninguno”, resumió Natalia Morales. En su caso, además de delegada gremial, había sido candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda. Junto con sus compañeros habían apoyado el acampe frente a la gobernación contra el ajuste y en reclamo de la libertad de Milagro Sala.

El caso tiene todos los ingredientes de los despidos macristas. Los abogados de la Secretaría de Agricultura Familiar argumentaron que se trataba de ñoquis o personal que cumplía funciones “consideradas innecesarias” por el actual gobierno. Al mismo tiempo, el nuevo coordinador de Agricultura Familiar de la provincia, Hugo Sánchez, ostentó en varios lugares que estaban bien despedidos por ser opositores.

En una discusión con una delegada de ATE –cuya grabación fue presentada ante el juzgado como prueba– Sánchez sostuvo que “los nueve” habían participado del acampe por Milagro Sala. “Entonces, ¿qué dice el Estado?” –se escucha al funcionario en la grabación–. “Yo te estoy pagando el sueldo, trabajas para mí y encima me puteás..? Creo que están equivocados. Tal vez no pienses igual que yo, pero quedate callado, quieto…”

Otra prueba coincidente fue aportada por el presidente de la comunidad kolla de Queta, José Sajama, que declaró que en una reunión en la que participó, el coordinador de Agricultura Familiar habló de los despedidos y dio como uno de los motivos de las cesantías que “se los vio utilizando camionetas oficiales para trasladar gente al acampe de la organización Tupac Amaru”.

Los afectados eran contratados, a pesar de que contaban con entre seis y nueve años de antigüedad y por eso cayeron en la redada del decreto presidencial. La delegación jujeña de Agricultura Familiar tiene 54 empleados, de los que 42 están precarizados, señaló ATE, algunos con formas más extremas como el monotributo.

La secretaría tuvo a nivel nacional 250 despedidos, que continúan en plan de lucha por su reincorporación. La semana pasada, delegaciones de todos el país viajaron a Buenos Aires, donde cortaron la avenida 9 de Julio e ingresaron al Ministerio de Agroindustria en reclamo de sus fuentes de trabajo. Allí, los delegados denunciaron que ninguno de los 1400 trabajadores del área está en planta permanente, a pesar de que sus funciones existen hace 22 años.

Aunque el tema del amparo era la persecución política y no la precarización, el tribunal aclaró expresamente que el Poder Ejecutivo no puede alegar que sus funciones fueran transitorias, dada la antigüedad de entre seis y nueve años que tenían los cesanteados.

Los abogados de la Secretaría habían argumentado además que, de hacer lugar al pedido de amparo, “se lesionaría el interés público administrativo comprometido (...) con la imperiosa necesidad de proceder al ordenamiento de la administración pública”.

Sin embargo, el tribunal replicó que aceptar los despidos implicaría dar lugar “a situaciones que confronten con los estándares mínimos de respeto a la persona humana”. Por otra parte, recordó a los funcionarios que la Corte Suprema dispuso, en el caso “Pellicori”, que cuando se han acreditado hechos para inducir que existió discriminación, es el demandado el que debe probar que tuvo motivos “razonables y ajenos a toda discriminación”.