El juez federal Daniel Rafecas encomendó a la Policía Federal realizar estudio de fajas, termosellado y numeración para determinar la procedencia del dinero secuestrado durante la detención de José López y autorizó al fiscal de la causa a requerir las llamadas entrantes y salientes realizadas por el ex secretario de Obras Públicas, su esposa y su suegra.

En el marco de la causa que por enriquecimiento ilícito que se sigue al ex funcionario, Rafecas, entre otras medidas, le encomendó a la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal que se constituya en la casa central del Banco Provincia, en la ciudad de La Plata, para que mediante un análisis de sus fajas, termosellado, numeración, marcas de agua y demás elementos que conforman cada billete según su denominación, determinen la procedencia de los mismos. La policía podrá pedir colaboración al Banco Central para cumplir con su trabajo.

Por otra parte, y respecto del hallazgo de los casi 9 millones de dólares y demás elementos de valor encontrados en poder de López en General Rodríguez al momento de su detención el martes pasado, el magistrado dispuso la colaboración activa del fiscal de la causa, Federico Delgado, y lo autorizó a requerir a las diversas compañías de telefonía y a la Comisión Nacional de Comunicaciones las llamadas entrantes y salientes efectuadas por el ex funcionario, su mujer María Amalia Díaz y su suegra Lucila Amalia Corvalán de Díaz. Esta medida incluye celdas, antenas y cualquier otro elemento que considere dentro del período que estime pertinente.

Ayer, el juez de garantías de Moreno Gabriel Castro se inhibió de seguir interviniendo en el caso del dinero que le fue encontrado a López. A su cargo, seguirá el expediente por el que el ex funcionario fue imputado por tenencia de arma.

Rafecas tiene la investigación por enriquecimiento ilícito y lo que se vincula con el dinero. Como ya cumplió con el trámite de la declaración indagatoria, en el juzgado están trabajando para resolver la situación procesal del ex secretario de Obras Públicas, para lo cual poseen diez días hábiles.

López está acusado del delito de enriquecimiento ilícito, y como en ese tipo penal se invierte la carga de la prueba es el funcionario el que tiene que demostrar de dónde sacó la plata. En este sentido, su procesamiento sería un hecho porque no explicó el origen de los dólares que intentó ocultar en el convento de General Rodríguez.

Según testigos, al momento de la audiencia en la que debía prestar declaración indagatoria el ex funcionario estaba “como ido, ausente, miraba al aire”. Pero los peritos psiquiatras que lo revisaron concluyeron que estaba apto para ser interrogado. Le leyeron las pruebas, que consisten en un detalle de los nueve millones de dólares que llevó al convento de General Rodríguez, una serie de testimonios y alguna documentación. Le preguntaron tres veces si quería declarar y López no sólo dijo que no sino que se negó a firmar el acta. En ese momento, la fiscalía tuvo que llamar a un testigo civil y le volvió a preguntar si quería declarar, tras lo cual López contestó que no por cuarta vez.

La abogada de López, Fernanda Herrera insistió en que “López no está bien, tiene un estrés reactivo”.

Entre otras diligencias que ya estaban en marcha en Rodríguez, están la exhibición de un video para verificar si en el convento había tres “bóvedas” como lo presentaron algunos medios de comunicación, aunque las religiosas insistieron en que se trataba de criptas.