El juez federal Julián Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sobre sus hijos Máximo y Florencia, en el marco de la causa que investiga a la empresa Hotesur. El requerimiento de datos fue realizado a la AFIP, que en un plazo de cinco días deberá remitir a la fiscalía decenas de reportes de un total de 40 personas físicas y de varias sociedades para que los fiscales analicen sus vínculos. Los abogados de la ex presidenta consideraron la medida como “una jugada mediática” del juez, porque una medida similar tomó Claudio Bonadio en 2014 sin ningún resultado judicial.

En su resolución, el magistrado consideró que el levantamiento del secreto pedido por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques permitirá “desenmascarar el entramado societario sobre el que se cimienta la maniobra ilícita investigada”. El levantamiento del secreto fiscal en el período 2008-2015 alcanza, además de a la ex presidenta y sus hijos, a accionistas y directivos de las firma familiar que administra hoteles en El Calafate, así como también a Romina Mercado, sobrina de Cristina Fernández y presidenta de Hotesur.

La nóminas de firmas cuyos datos fiscales fueron pedidos para que los representantes del ministerio público analice las relaciones societarias está encabezada por Austral Construcciones, de Lázaro Báez, ya detenido en otra causa por supuesto lavado de dinero. La lista incluye también a Valle Mitre SRL, Valle Mitre SA, Los Sauces SA e Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, vinculadas con el empresario Cristóbal López. La sospecha sobre la que se asienta la investigación judicial es que empresarios de obra pública, como Báez, alquilaban habitaciones en los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea que nunca se ocuparon como una compensación por los contratos que recibían.

En declaraciones a la prensa, el juez Ercolini señaló que “el fiscal está trabajando muchísimo en esto y abriendo varias líneas de investigación para lograr probar esa denuncia tan grande que se hizo”.

Pollicita quiere acceder a los datos reservados que constan en las declaraciones juradas a las que están obligados todos los funcionarios públicos con el declarado fin de profundizar la investigación sobre el supuesto lavado de activos. Ercolini explicó en una entrevista radial que “todos los datos que aportamos a la AFIP en nuestras declaraciones impositivas son reservados porque hay un montón que son sensibles. Hay mucha riqueza de información en AFIP en este sentido”. Según el juez, “no se puede acceder así nomás, tiene que haber una causa especial para acceder y, en un caso penal, tiene que haber determinada probabilidad de que los datos a los que se accedan sean importantes para la investigación”. Al respecto, Ercolini señaló que “la ley 11.683 que protege esos datos también habilita a que solo se pueda levantar el secreto fiscal por parte de un juez”, y es lo que firmó horas más tarde.

Fuentes judiciales revelaron que el dictamen de Pollicita fue acompañado por el fiscal de instrucción Ignacio Mahiques, quien fue designado como colaborador de la fiscalía federal en mayo pasado justamente para contribuir a la investigación de la causa Hotesur.

Fuentes allegadas a los abogados de la ex presidenta relativizaron la importancia de la medida dictada, al recordar que el juez federal Claudio Bonadio ya solicitó idéntico pedido a la AFIP, sin que el levantamiento del secreto haya implicado el descubrimiento de nada sustancial. “Son las declaraciones juradas más la documentación que los contadores usan como respaldo. No hay ninguna novedad, es sólo una jugada mediática”, relativizaron.

Dado que obviamente está al margen de la investigación dado que ya falleció, el fiscal también reclamó los datos del ex presidente Néstor Kirchner.