Luego de que la secretaria de la lucha contra la corrupción, Laura Alonso, ofreció consejos a otros funcionarios para eludir los posibles conflictos de intereses, salieron a pedir su renuncia. El diputado kirchnerista Martín Doñate adelantó que hoy pedirá una moción de preferencia para que se trate un pedido al Ejecutivo de que la desplace. En tanto, la diputada María Teresa García presentó un pedido de interpelación para que la funcionaria concurra al Congreso a dar explicaciones.

Con un perfil ultramacrista, Alonso ocupó la Oficina Anticorrupción luego de que el presidente Mauricio Macri modificara por decreto los requisitos para que pudiera asumir sin ser abogada. Desde entonces, diversos dirigentes opositores la cuestionaron por su escaso interés en investigar las empresas offshore que el mandatario no declaró o distintas incompatibilidades de funcionarios que vienen de empresas que fueron beneficiadas por decisiones del Gobierno.

Acorralada, Alonso llegó a reconocer que el caso del ex Shell Juan José Aranguren como ministro de Energía “es complicado”. Ante la aparición de los Panama Papers, fue la primera en salir a defender al Presidente y asegurar que no había delito. También se ocupó de justificar que partes del contrato con Chevron se mantuvieran en secreto, pese a que como opositora había cuestionado esa decisión del Gobierno anterior.

El último episodio fue esta semana, cuando la funcionaria le aconsejó a los funcionarios la forma de eludir la Ley de Etica Pública. Les indicó que ante la duda de que pueda existir un conflicto de intereses en una decisión “deleguen la firma hacia arriba o hacia el costado”. Quizás esta haya sido la gota que rebalsó el vaso.

La diputada García presentó un pedido de interpelación para que Alonso concurra a contestar las preguntas de los legisladores, en particular, sobre el asesoramiento que brindó a funcionarios sobre la Ley de Etica Pública. El diputado Doñate, en tanto, aseguró que pedirá en la sesión de hoy que se trata sobre tablas un pedido al Ejecutivo para que sea removida del cargo “debido a sus reiterados incumplimientos en los casos que involucran al Presidente de la Nación y distintos ministros del gobierno de Cambiemos”. Doñate advirtió que la iniciativa “estará en línea no sólo con el pensamiento que tenemos desde el FpV respecto del actuar de la funcionaria, sino además con las posiciones expresadas en declaraciones públicas por distintos dirigentes y bloques del arco opositor”.

Entre otros dirigentes que se expresaron en forma crítica a la gestión de Alonso, está la diputada massista Graciela Camaño, quien dijo que la actitud de Alonso de salir a cuestionar la filtración de los Panama Papers “habla a las claras de que cuando Macri la nombró buscaba autoprotegerse”. De la misma forma, Felipe Solá afirmó que “Laura Alonso ha transformado a la Oficina Anticorrupción en una oficina de defensa del Presidente. No está capacitada para estar ahí”.

Por su parte, Margarita Stolbizer afirmó en su momento que “debería haber una persona con mayor grado de autonomía respecto al Gobierno”. “Me parece que es una actuación que no está acorde a lo que la ciudadanía espera de la Oficina Anticorrupción, se lo dije al Presidente la única vez que me entrevisté con él. Yo a Alonso la respeto, es integra y capaz, pero me parece que es una persona partidaria”, destacó. “Es un mamarracho. No puede ser una dependencia del Gobierno, ¿es una broma? Tiene que controlar la transparencia y la honestidad de la función pública, es un disparate”, sostuvo Pino Solanas, de Proyecto Sur.

Con la defensa de Macri ante los Panama Papers, Alonso incluso se ganó las críticas de algunos aliados, como el radical Ricardo Gil Lavedra: “Un funcionario que está a cargo precisamente de esa oficina, no puede salir a hablar de esa manera.” En tanto, Elisa Carrió la fustigó por no difundir el contrato de Chevron: “No me parece republicano que alguien se niegue a mostrar contratos.”