La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva del empresario Lázaro Báez por lavado de dinero y le dijo al juez Sebastián Casanello que extienda la investigación sobre funcionarios del gobierno anterior, incluida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El magistrado y el fiscal Guillermo Marijuán ya sostuvieron otras veces que el objeto de su expediente es el lavado proveniente del delito de fraude fiscal y que las irregularidades en obra pública están siendo investigadas por otro juez. Duplicar las causas podría ser perjudicial, ya que la pesquisa podría ser luego impugnada porque nadie puede ser investigado dos veces por el mismo hecho. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron a Casanello que debería estar en coordinación con sus colegas.

La Cámara también confirmó los procesamientos de Daniel Pérez Gadín, Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Pérez Gadín. Y ratificó los embargos y medidas cautelares sobre los bienes de los imputados –secuestro de vehículos, bienes registrables, aeronaves, entre otras–.

El fallo de la Cámara es en respuesta a las apelación de los abogados de las defensas y es en ese contexto que se confirmaron las medidas de Casanello y se rechazaron los planteos de nulidad sobre el valor de prueba del video de la financiera SGI, conocida como La Rosadita.

Los camaristas avalaron los procesamientos dictados por un hecho ocurrido en los últimos meses de 2012, cuando los acusados “introdujeron en SGI S.A. –firma que en los hechos pertenecía a Lázaro Báez– una suma que se calcula en cinco millones cien mil dólares, también de su propiedad, para disimular y ocultar el origen y titularidad de esos capitales no declarados”. El tribunal sostuvo que “de momento resulta válido considerar como ilícito precedente al fraude impositivo proveniente de la utilización de facturas apócrifas” de distintas empresas, pero señaló que “la consideración del origen del dinero ilícito restringida a la evasión fiscal es solo una de las hipótesis posibles”.

Luego de analizar el fallo de Casanello, la Cámara hizo algunos señalamientos sobre la línea que debería seguir el juez. Afirmó que la investigación sobre la procedencia de los bienes de Báez no puede ser desligada de la circunstancia de que “sus empresas fueron adjudicadas para ejecutar numerosas obras públicas, solventadas con fondos asignados por el Estado a través del ministerio de Planificación”. Y que “existieron, en forma continuada y repetida, vínculos –al menos– comerciales que unían a firmas privadas de Báez con otras ligadas a la por entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández o a familiares de la nombrada”. Y que “es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”. Los camaristas dijeron que resultaba “inviable pretender enfocar la instrucción en el extraordinario incremento patrimonial –ilícito– que exhibió Lázaro Báez, sin adentrarse a analizar su relación con el cuadro de conexiones y manejos mencionado, avanzando así sobre la hipótesis de un eventual acuerdo de voluntades para hacerse espuriamente de fondos públicos, de forma planificada y continuada –a través de influencia, decisión directa o connivencia de integrantes del poder político–”.

En tribunales llamó la atención el fallo porque la Cámara se había “excedido en su jurisdicción”, lo que quiere decir que debía limitarse a contestar los planteos de la defensa y no dar órdenes al magistrado, cosa que los jueces, aún siendo superiores, no pueden hacer directamente. A partir de planteos de la defensa de Báez, que también pidió que sean investigados funcionarios kirchneristas, Casanello viene sosteniendo que los delitos derivados de irregularidades en la obra pública están a cargo del juez Julián Ercolini, que también tiene la investigación de Hotesur sobre los vínculos de Báez con los hoteles de la ex presidenta y su familia. Los camaristas pidieron buscar “formas novedosas para coordinar con investigaciones por ahora a cargo de otros jueces” para que “todas avancen sostenidamente, previo a eventuales conexidades en la instrucción o la etapa de juicio”.

Desde el juzgado de Casanello se limitaron a decir que “estudiarán el fallo”. Habrá que ver qué dice Marijuán. Cuando el diputado Héctor Recalde pidió que investiguen al empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri –Báez lo mencionó como su socio– el fiscal sostuvo que la vinculación de Calcaterra con supuestos sobreprecios en la obra pública debía pasar al juez Ercolini.