El general retirado Eduardo Alfonso, imputado por delitos de lesa humanidad y prófugo desde 2012, se entregó el miércoles en el juzgado federal de San Martín. El ex secretario general del Ejército durante los gobierno de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde se había escondido en Paraguay bajo la identidad falsa de Walter Ramón Fariña Falcón.

Alfonso fue detenido en 2008 pero al año siguiente recuperó la libertad gracias a la falta de mérito dictada por los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati, de la Cámara Federal de San Martín, con el argumento de que tal vez no conocía “la finalidad” del operativo por el que había sido condecorado. Cuando Casación revirtió esa resolución y la jueza Alicia Vence ordenó detenerlo ya se había fugado. Según datos que dejó trascender el juzgado, citados por Abuelas de Plaza de Mayo, la entrega de Alfonso –activo operador por la impunidad propia y de sus camaradas desde fines de los 90– sería la consecuencia de saberse cercado en Paraguay. La llamativa presentación se produce un mes después de las reuniones que el ministro de Justicia, Germán Garavano, mantuvo con miembros de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, que milita por la impunidad de los represores. Alfonso será indagado hoy al mediodía por Vence y por el fiscal Miguel Angel Blanco García Ordaz. Lo acompañará su nuevo abogado, Gerardo Ibáñez.

El 12 de enero de 1977 un grupo de tareas irrumpió en la casa de Villa Adelina donde vivían Antonio García, Beatriz Recchia y su hija Juliana, de tres años. A él lo mataron en el patio. A su esposa, embarazada, la secuestraron y sigue desaparecida. En cautiverio dio a luz una niña a quien su hermana encontró en 2009. Las pruebas de que Alfonso participó en ese operativo estaban en su legajo. Un informe de Calificación da cuenta de que ese día obtuvo un parte de enfermo con un diagnóstico de “herida de bala con perforación intestinal”. En el Boletín del Ejército 4148 del 6 de julio de 1977 figura que fue condecorado por haber sido “herido en combate”.

En diciembre de 2008 el juez federal Alberto Suárez Araujo lo procesó como partícipe necesario de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado. Diez meses después, Barral y Fossati entendieron que al no ser parte del área de Inteligencia “no puede afirmarse fehacientemente que conociera la finalidad del grupo operativo” y que las heridas bien pudieron haberlo dejado fuera de juego antes del asesinato. Consecuencia: Alfonso quedó libre. En base a los argumentos de los camaristas, el juez Juan Manuel Yalj le dictó el sobreseimiento, que ante la apelación de Abuelas volvió a la Cámara. En marzo de 2011, los mismos jueces más Juan Manuel Culotta actualizaron el libreto: Alfonso “bien pudo entender que el procedimiento para el que había sido llamado era legítimo” porque “el personal” había ido “vestido de combate”, “en móviles identificables y al mando de sus superiores”, escribieron. En la resolución anterior habían citado testimonios que aseguraban que habían ido de civil, de madrugada, sin orden de allanamiento ni identificación. Abuelas pidó el juicio político de los tres camaristas, entre otras causas por “garantizar la impunidad” de Alfonso, pero tres años después, vencido el plazo para impulsar la acusación, el Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia. En mayo de 2012 Casación anuló el sobreseimiento y Vence ordenó detenerlo e indagarlo. No hubo más noticias durante cuatro años.

Abuelas informó ayer que la detención fue “fruto de la labor conjunta” del juzgado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la oficina de Interpol Argentina. El organismo citó fuentes judiciales según las cuales “Alfonso contó con colaboración tanto económica como logística de carácter nacional e internacional” y que “al presumir la inmediatez de su detención y verse cercado, decidió entregarse a la Justicia”. Recordaron que lo denunciaron por primera vez hace ocho años y reclamaron “que el caso avance rápidamente hacia el juicio oral y así Alfonso pueda ser juzgado y condenado”.

Según el portal paraguayo La Voz Digital “agentes corruptos de Identificaciones y de Interpol Paraguay” le hicieron primero un prontuario y luego un documento a nombre de Fariña Falcón. “Previo pago de una fuerte suma en dólares y con conexiones en las más altas esferas de la Policía, el general retirado pudo movilizarse en territorio paraguayo ‘sin que sea molestado’”, informaron. Agregaron que Interpol Argentina “pidió apoyo a la Unidad Antisecuestro de la Policía paraguaya para priorizar la captura”, que no llegó a concretarse.