El primer semestre del año trajo no sólo despidos y caída de los salarios. Ante la multiplicación de los conflictos laborales que provoca esta situación, Cambiemos apeló al aumento de la respuesta represiva, con la dispersión violenta de las marchas, detenciones de los manifestantes –que en muchos casos fueron judicializados– y recortes al derecho a huelga. En las empresas, a su vez, se están registrando despidos de activistas.

El Observatorio del Derecho Social de la CTA sistematizó estos hechos y realizó un primer informe sobre el tema, que refleja los alcances de las prácticas antisindicales y su generalización en todo el país.

“La lectura que hacemos es que las mayores dificultades que atravesamos los trabajadores por consecuencia de los cambios en el mercado de trabajo se complementan con prácticas antisindicales como mecanismo de contención del conflicto”, indicó Luis Campos, coordinador del equipo de investigadores la CTA Autónoma.

El informe, que abarca de enero a junio de 2016, señala que los trabajadores del Estado “fueron los que sufrieron la mayor cantidad de prácticas antisindicales, principalmente represión y criminalización de la protesta”. Contra los trabajadores del sector privado se desataron, principalmente, despidos discriminatorios, aunque también vieron desalojadas sus manifestaciones por la fuerza.

Para ponerle un contexto al análisis, los investigadores mostraron concretamente la magnitud de la caída del salario real. Tomando los salarios acordados en las paritarias versus la inflación interanual del 44,3 por ciento (de mayo de 2015 a mayo de 2016, según el IPC elaborado por la Ciudad de Buenos Aires), es posible saber cuánto perdieron los sueldos. Los estatales fueron los más perjudicados, con un 11,72 por ciento de caída de su poder adquisitivo. En el sector privado, los que quedaron en peor situación fueron los trabajadores de prensa, con una pérdida del 9,93 por ciento, seguidos de los metalúrgicos (-9,98) y el comercio (-9,75).

En cuanto a las cesantías, están frescos todavía los despidos masivos en el Estado, que fueron superados luego por el sector privado (según organismos como el CEPA, los despidos desde la llegada del macrismo al poder llegan ya a 167 mil).

Las prácticas antisindicales, apuntó el informe, buscan controlar el poder de fuego de las organizaciones obreras. Sobre la criminalización de la protesta, el Observatorio indicó que de enero a junio fueron detenidos al menos 35 dirigentes y activistas sindicales de seis provincias.

“Además de las detenciones, hemos relevado múltiples causas penales y sumarios administrativos a dirigentes sindicales y activistas cuyo objetivo es el disciplinamiento de los trabajadores y la obstaculización de las luchas. Las denuncias penales se han concentrado en el sector público”, señalaron los investigadores. El análisis fue realizado por Silvina Benevento, Julia Campos, Mariana Campos, Jimena Frankel y el mencionado Luis Campos.

Para el mismo período enero-junio registraron 24 casos de represión contra movilizaciones en nueve provincias, es decir que hubo más de un caso de desalojo violento de protestas por semana.

Un ítem especial fue dedicado a los intentos de restringir el derecho de huelga. Uno de los mecanismos utilizados es el intento de reemplazar a los trabajadores en paro. Así sucedió en Tierra del Fuego y en la provincia de Buenos Aires, donde las gobernaciones dictaron resoluciones, en el primer caso para designar docentes que dieran clases en lugar de los maestros en paro, en el segundo para reemplazar con empresas tercerizadas los servicios de los trabajadores auxiliares de cocina y limpieza en las escuelas igualmente en conflicto.

Se sumó, desde el Poder Judicial, el fallo de la Corte Suprema en el caso Orellano, en el que el máximo tribunal sostuvo que los paros sólo pueden ser convocados por organizaciones sindicales que cuenten con el reconocimiento del Estado –ya sea por tener personería gremial o inscripción simple–, debilitando así a los trabajadores que están comenzando a organizarse, a los precarizados, a los que no tienen un sindicato que los represente o integran comisiones opositoras a la conducción.

En cuanto a los despidos de activistas, el Observatorio los señala como “una de las prácticas antisindicales más extendidas por parte de las patronales”. Entre los casos detallados, los investigadores mencionaron el de los despedidos de Menoyo, que aún con una cautelar de la Justicia en su favor no logran ser reincorporados. El informe agrega que otro modo en uso es la sanción a los trabajadores que participan de medidas colectivas.

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