Tras una serie de operativos circenses y sobreactuaciones diseñadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el múltiple acusado Ibar Esteban Pérez Corradi declaró a lo largo de cuatro horas ante la jueza María Romilda Servini de Cubría. Según los trascendidos, el ex prófugo dijo que no tuvo nada que ver con los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, pese a que en el juicio que se hizo en Dolores los tres magistrados concluyeron que la matanza se desató porque “Pérez Corradi se vio tan perturbado porque le estaban quitando el negocio de la efedrina que anunció a los cuatros vientos que mandaría matar a Forza”. Ayer, Pérez Corradi sostuvo que La Morsa, el supuesto autor intelectual del triple crimen, es el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. El problema es que dijo que eso se lo contó Forza, que está muerto y por supuesto no podrá dar fe.

A primera vista, ayer cada parte cumplió con el show que se viene negociando desde enero. Pérez Corradi (PC) aceptó venir a la Argentina extraditado, se comprometió a declarar contra funcionarios del kirchnerismo y, a cambio, se le dio un lugar privilegiado de detención, el edificio Centinela, con acceso a Internet, fondos para mantener a su familia y un despliegue de medidas de seguridad artificiales que no se toman ni con el Chapo Guzmán. El Ministerio de Seguridad no se privó del atractivo espectáculo de grupos comando con rostros cubiertos por pasamontañas, cascos, drones, un doble de PC directamente ridículo y hasta francotiradores en los techos. A media mañana, argumentaron que era muy riesgoso el traslado a Comodoro Py por lo que la indagatoria se tomaría en el Centinela.

En el Edificio Centinela, PC apareció como un imputado hábil, que no por nada fue un poderoso financista del mundo de los medicamentos truchos y que luego se metió en el negocio de la efedrina. Luego de las cuatro horas, uno de los asistentes sintetizó: “No dijo nada comprobable ni verificable. No empezó a declarar”.

El trabajo de PC para desligarse del triple crimen no será fácil. En agosto de 2008, cuando mataron a Forza, Bina y Ferrón, el financista era socio de Martín Lanatta, ya condenado como líder del grupo que secuestró a los tres jóvenes. El mismo día del secuestro y asesinato, el 7 de agosto de 2008, PC, desde México, habló por Nextel una decena de veces con Lanatta, que estaba frente a las oficinas del Registro de Armas (Renar) en pleno centro y Martín se comunicaba con su hermano Christian y los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci, que en Sarandí procedían al secuestro. Como consignan los periodistas Emilia Delfino y Rodrigo Alegre en el libro La Ejecución y la periodista mexicana radicada en la Argentina Cecilia González en Narco Fugas, hay diez testigos que señalaron que PC se proponía asesinar a Forza y sus dos compinches: el ex policía José Luis Salerno, la esposa de Leopoldo Bina, el contador de Forza, un socio de Bina, el ex policía Ricardo Sladkowski, entre otros. En el listado de motivos del triple homicidio figura la conclusión esbozada por los tres jueces de Mercedes: “había que desplazar de modo absoluto y definitivo a quienes se perfilaban como competidores en el negocio ilegal de la efedrina”. Los magistrados le atribuyeron a PC la orden de ejecutar a Forza, Bina y Ferrón y la ejecución corrió por cuenta de los Lanatta y los Schillaci. En el camino quedaron otros motivos posibles: que Forza le debía mucho dinero a PC porque éste le cambió cheques sin fondos; que el trío asesinado entregó una partida de efedrina estirada con sal o que Forza buchoneó el laboratorio de Maschwitz donde el mexicano Jesús Martínez Espinoza fabricaba pastillas para enviar, como último destino, a Estados Unidos. Este episodio terminó en la detención de 11 mexicanos de León, presumiblemente del Cartel de Sinaloa. Sobre todos estos hechos, PC no dijo nada, sólo que es inocente.

Al ex prófugo se le adjudica la importación de efedrina que luego era procesada por Martínez Espinoza. Para ello constituyó con Lanatta el laboratorio Elvesta y en su casa se encontraron los registros de operaciones de importación de efedrina desde China e India. Hasta Estados Unidos acusó a PC por haber mandado pastillas de Oxicodona, un químico opiaceo. En su declaración de ayer, también PC se declaró inocente del tráfico de efedrina.

El objetivo de PC es señalar que la banda de Forza y compañía pagaba protección por el tráfico de efedrina y que esa protección fue brindada, a cambio de 200.000 dólares, por La Morsa. La fuente de esa información –siempre según PC– fue el propio Forza. La versión de que La Morsa sería Aníbal Fernández parte de un hecho poco creíble: que Forza tuvo que llevar los 200.000 dólares al Departamento Central de la Policía Federal y que el dinero fue recibido por Fernández en persona. Además, Christian Lanatta –el homicida– no mencionó a Aníbal Fernández en los dos meses que duró el juicio oral, cuando pudo haberse acogido a la ley del arrepentido y eso pudo haberle reducido la pena. El abogado del killer, Roberto Cazorla Yalet, testimonió que mientras actuó en la defensa de Lanatta, éste jamás nombró al ex jefe de Gabinete. Lanatta y PC actúan juntos porque ambos, en tiempos del triple asesinato, conformaban sociedades para importar efedrina y la acusación es que mataron a los tres jóvenes por querer quedarse con ese negocio sucio.

Por el tráfico de efedrina, usada para fabricar pastillas, están procesados varios funcionarios kirchneristas, empezando por el ex titular de la Sedronar, José Ramón Granero; su segundo, Gabriel Abboud, otro funcionario, Julio de Orué y dos Zacarías, Máximo y Miguel, cuyos hermanos trabajaban en la Casa Rosada. Aníbal Fernández fue furibundo adversario de Granero, pese a lo cual PC sostiene que el quilmeño era el jefe de todo.

Algo que desnuda la operación pactada con el gobierno macrista es que PC dedicó una buena parte del tiempo a dos cuestiones que son muy laterales. En un tramo que sonó dedicado a la DEA norteamericana y a los servicios de inteligencia de Washington, se refirió a la actividad terrorista en la Triple Frontera que une Argentina, Brasil y Paraguay. Sostuvo que a la cabeza de los terroristas está José Mohamad Khalife, un empresario islámico de Ciudad del Este. No aportó prueba alguna, pero es música para los oídos norteamericanos, ansiosos desde hace años por intervenir allí.

En segundo lugar, PC dedicó un buen tiempo a la cuestión de los cheques, tanto vinculados a los medicamentos truchos como a los que se destinaron a la campaña electoral de 2007, cuando la fórmula fue Cristina Kirchner-Julio Cobos. Estos episodios son conocidos desde hace rato y está procesado el ex recaudador de aquella campaña del Frente para la Victoria, Héctor Capaccioli.

Al final de la jornada, en el equipo judicial que lidera Servini quedó la sensación de que PC “todavía no empezó a declarar”. En otras palabras, que no dijo nada verificable. Habrá que ver si aporta algo en la próxima sesión, el lunes. Aún así, sus dichos podrían ser útiles para poner en la tapa de algunos diarios y continuar con el show.

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