De los sinceramientos más crudos producidos por Cambiemos tras su llegada a la Casa Rosada, el del Renatea y sus trabajadores es un capítulo todavía abierto. Entre sus primeras iniciativas de gobierno, el macrismo “devolvió” a Gerónimo “Momo” Venegas el organismo encargado de registrar a los peones rurales y controlar sus condiciones de trabajo. El dirigente sindical, recuperado el poder perdido, pronto consideró al ente creado por el gobierno anterior como innecesario, e inició una ofensiva para deshacerse de sus 880 trabajadores. Hoy quedan unos 600 empleados, de los que 400 están en riesgo inmediato de perder sus empleos y resisten con distintas medidas. Entre otras acciones, han recurrido a la justicia, donde obtuvieron un amparo. La cautelar fue dictada en favor de una trabajadora de Corrientes, pero da aire al conjunto en la defensa de su estabilidad laboral.

Fue dictada por la jueza Ana Barilaro, el 11 de julio, en el expediente iniciado por Valeria Canovas Hernández con el patrocinio de Luis Palmeiro.

El abogado hace un racconto del tema: el Renatea fue creado en enero de 2012, como complemento del estatuto del peón rural que, sancionado el año anterior, amplió los derechos de los trabajadores rurales, estableciendo, por ejemplo, la jornada de trabajo de 8 horas. En los cuatro años en que el organismo funcionó, registró a 154 mil trabajadores, dio unas 15 mil coberturas por desempleo y protección a víctimas de trata de personas, abrió 260 puntos de alfabetización, y brindó talleres a los trabajadores migrantes sobre sus derechos. Hizo también operativos de fiscalización que permitieron hallar trabajadores en condiciones cercanas al esclavismo. “Dos de los más recordados son los que detectaron trabajadores en condiciones de extrema precariedad en campos del ex gobernador Ramón Puerta en Misiones, y en una finca del titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere”, recuerda Palmeiro. Y agrega: “Para hacer todo esto se necesitó de una planta de trabajadores no sólo numerosa, sino comprometida. Esto es lo que Venegas busca terminar de desguazar”.

El titular de la Uatre –con su partido FE– fue parte de la alianza Cambiemos; Macri le tenía prometido ponerlo nuevamente al frente del registro. En noviembre del año pasado, después del ballottage, la Corte Suprema aceptó un pedido del dirigente sindical –titular de la Unión de Trabajadores Rurales (Uatre)– para declarar la inconstitucionalidad del Renatea. Así allanó el camino para su disolución. Un mes más tarde, el PRO le otorgó la gestión del registro a Venegas.

A partir de ahí comenzó la ofensiva contra los trabajadores del organismo. Un punto clave de este proceso fue la firma de un acuerdo entre la cúpula de Uatre –en su carácter de empleadora– y los dirigentes de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) –como sindicato estatal– en el que derogaron el convenio colectivo de los trabajadores del Renatea (que les daba estabilidad en el empleo) como paso previo a su desvinculación del organismo. Para aceitarlo, fijaron una indemnización especial para los echados.

“El desguace tiene que ver con una finalidad política, que es el retroceso en la normativa laboral de los trabajadores agrarios. Cuando desguazás un organismo de control contra la trata de personas, el trabajo infantil y el trabajo no registrado, desarticulás la aplicación misma del estatuto del peón. Esto es otro favor que el pacto Macri-Venegas le hace a la Mesa de Enlace, una retribución extra a la baja de las retenciones”, sostiene Palmeiro.

En los hechos, la “adecuación de personal” usa la indemnización especial como mecanismo de presión. El que se niega a irse sin patalear es despedido igualmente, pero ve “demorado” el pago indemnizatorio. Es contra el acuerdo UPCN-Uatre y su homologación por parte del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que se presentó el pedido de amparo, impulsado por trabajadores que se organizaron con el apoyo de ATE Capital para evitar los despidos masivos.

El escrito elevado a la justicia reclamó que se evite derogar el convenio colectivo del Renatea, hasta tanto se resuelva sobre la cuestión de fondo; esto es, la legitimidad del acuerdo UPCN-Uatre.

Al dictar la cautelar, la jueza Barilaro remarcó que está en juego “un derecho de naturaleza alimentaria”, ya que la trabajadora peticionante, Canovas Hernández, es único sostén de su familia, integrada por una pequeña hija de 5 años, ya que su cónyuge está desocupado. Por esto, quedarse sin empleo traería la pérdida absoluta de ingresos al hogar.

Los abogados de Venegas ya apelaron la cautelar. En un comunicado de prensa, el Renatea sostuvo que “el fallo no quedó firme”, y la decisión es sobre “un caso individual”.

Palmeiro consideró, por el contrario, que el alcance de la cautelar se extiende como medida protectiva a todos los trabajadores del organismo. “La resolución no indica que sea de aplicacion individual, sino que habla de la plena vigencia del convenio colectivo, y ordena al Renatea abstenerse de aplicar el acta acuerdo”.