A 22 años del atentado a la AMIA, el Gobierno y la dirigencia de la comunidad judía, AMIA y DAIA, exhibieron ayer su alianza en el acto que se presentó como oficial y que contó con la presencia por un rato del presidente Mauricio Macri. La contracara estuvo en los tres actos organizados por la amplia mayoría de familiares. Memoria Activa frente a Tribunales; 18-J en Plaza de Mayo y Apemia en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Mientras en la calle Pasteur se agradeció la presencia del Presidente, en el resto de los homenajes hubo críticas tanto para el gobierno, como para la dirigencia de la comunidad judía.

Thomas Saieg, vicepresidente de la AMIA, destacó ayer en su discurso la derogación del Memorándum con Irán y reclamó el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman (ver página 2). Pero la confluencia de la dirigencia de AMIA y DAIA con el Gobierno no se da únicamente en las presencias o el discurso, sino en algunos puntos nodales, como la idea –en línea con las derechas israelíes y norteamericanas– de cerrar la causa AMIA a través de un juicio en ausencia a los sospechosos iraníes: sería el primero de la historia argentina. Las entidades judías lo pidieron y el Gobierno está listo para mandar el proyecto de ley, es decir que se aplicaría en forma retroactiva una ley votada este año a un hecho ocurrido hace 22.

También en esa sintonía con Washington y Jerusalén, se redoblará la presión para que la justicia dictamine que a Nisman lo mataron. No podrán imputar a nadie en concreto porque todas las evidencias indican que Nisman se quitó la vida. Pero la idea será dejar flotando en el ambiente que al fiscal lo mató un comando iraní con ayuda del gobierno kirchnerista. En el combo entrará la idea de reabrir la causa en la que Nisman acusó a Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento de los iraníes a través de la firma del Memorandum de Entendimiento.

Pese al paquete armado entre la Casa Rosada y AMIA-DAIA, otras voces se escucharon ayer en los actos organizados por la mayoría de familiares (ver páginas 4 y 5). Diana Malamud, de Memoria Activa, criticó en Plaza Lavalle la posibilidad del juicio en ausencia. Sugirió que se trata de una cortina de humo para cerrar la causa sin ningún preso. También se quejó por el retroceso en el control de fondos de la ex SIDE, debido a que el gobierno de Mauricio Macri derogó parte de la reforma impulsada al final del gobierno kirchnerista. Y al igual que en el acto de la agrupación 18J, mencionó la reunión organizada por el Gobierno la semana pasada en la que participaron miembros de un partido neonazi.

En algún lugar más y en otro menos, los familiares mencionaron el informe presentado la semana pasada por los tres fiscales que integran la Unidad Fiscal AMIA, Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Fillipini. El texto incluye algunos detalles asombrosos. Como lo señaló este diario hace un año, hay un cuerpo, el número 85, que está identificado y al que nadie reclamó. Ahora se sabe que le cortaron los dedos y nadie lo puede explicar. Los fiscales sostienen también que hay una víctima, León Gregorio Knorpel, de quien sus familiares dicen que murió en el atentado, pero su cuerpo no aparece. Y, en tercer lugar, hay rastros, que podrían ser genéticos, de un supuesto suicida en la Trafic que –según los jueces– estalló frente a la AMIA. Tras 22 años ni siquiera se terminó de evaluar si es posible conseguir un perfil genético de quien estaba sentado al volante.

Aunque los fiscales no lo dicen, el informe Namer-Salum-Fillipini es un cuestionamiento al trabajo de Nisman y ratifica lo que sostuvieron los familiares de Memoria Activa mucho antes de su muerte: “Nisman viaja mucho y trabaja poco. Debe ser apartado de la investigación”.

En sintonía con el reclamo de una verdadera investigación y con la apertura de todos los archivos, la mayoría de los familiares y amigos de las víctimas de la AMIA coinciden en que hacer un juicio en ausencia de los sospechosos iraníes es una tentativa de cerrar la causa. “Nunca se hizo un juicio en ausencia, ni siquiera con los represores que estaban prófugos. Les pondrán defensores oficiales, pero no será un juicio real como el que corresponde, sino una formalidad para terminar con el caso”, razonó Malamud, de Memoria Activa. La dirigente hizo una revelación por Radio Del Plata: “Mario Cimadevilla, designado por el Gobierno para el caso AMIA, nos dijo que no había pruebas para pasar un proceso judicial. De manera que quieren armar un juicio en ausencia sin tener siquiera las pruebas”.

En las tres convocatorias de los familiares se habló de un hecho minimizado en el acto oficial: el juicio por encubrimiento que se lleva adelante desde hace un año. Están sentados en el banquillo de los acusados, por desviar la investigación del atentado, el ex presidente Carlos Menem; el ex juez Juan José Galeano; el ex jefe de la Unidad Antiterrorista, Jorge El Fino Palacios –el policía preferido de Macri–; los fiscales, los titulares de la SIDE, así como otros funcionarios que participaron de la pesquisa. Pero también está imputado el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, vinculado a la dirigencia oficial, a quien se considera una pieza clave en la decisión de desviar el caso AMIA. “Estamos focalizados en ese juicio. Exigimos condenas”, redondeó Malamud.

Alianza

Desde 2013, cuando se firmó el Memorandum con Irán, la dirigencia de la AMIA y la DAIA consolidaron su alianza con el macrismo. La acusación al gobierno kirchnerista era que ese acuerdo con Teherán favorecía a los iraníes y les servía en bandeja un sobreseimiento. Nada de eso ocurrió, porque Irán –a diferencia de lo que decía la entonces oposición argentina– no consideró favorable el acuerdo por el que debían declarar los sospechosos ante un juez de nuestro país. Por ello, Irán no votó el memorándum ni en su parlamento ni en su gobierno. El memorándum nunca entró en vigencia.

Esa alianza entre macrismo y dirigentes comunitarios judíos persiste hoy y se concentra en la idea de juzgar a los iraníes en ausencia. Una condena a los funcionarios de Teherán es lo que quieren ver las derechas de Israel y Estados Unidos que se oponen al tratado de limitación nuclear que firmaron con Irán, no sólo Barack Obama sino también todos los mandatarios de los países más poderosos: China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania.

El ex senador Mario Cimadevilla, titular de la Unidad AMIA, es el hombre designado para redactar el proyecto que consistiría en que se designen defensores oficiales a los iraníes sospechosos y que se desarrolle el juicio. La iniciativa fue rechazada por los juristas más relevantes del país, entre ellos Julio Maier, Raúl Zaffaroni y León Arslanián. No sólo consideran que es inconstitucional sino que, además, sostienen que no se puede aplicar una ley en forma retroactiva.

Está dicho: para la gran mayoría de los familiares, se trata de una maniobra para hacer un juicio lo más rápido posible y dar por finalizado el caso con una condena a los iraníes, tal cual el reclamo de los sectores conservadores de Jerusalén y Washington.

Informe

En el acto oficial de ayer se habló poco y nada del informe redactado por los tres fiscales de la Unidad Fiscal AMIA. El texto es rotundo en cuanto a las falencias de la investigación, aunque muy neutro en sus conclusiones. Pero el simple relato del estado de archivos, cuerpos y evidencias materiales es un compendio de la desidia con la que se manejó el caso. Los párrafos describen la situación y al mismo tiempo son casi una acusación contra Nisman, quien estuvo a cargo del expediente durante nueve años.

Aunque el informe abarca numerosos temas, el que tiene que ver con lo genético, llama la atención:

• En 22 años no se recurrió al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), reconocido en el mundo entero. Fue elegido por los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; participó de la identificación de los restos del Che; le puso nombre y apellido a centenares de cuerpos de las víctimas de la dictadura.

• Recién en 2016 se le pidió al EAAF que estudie los restos humanos que aparecen en el acelerador de la Trafic. También se pidió colaboración a la Comisión Nacional de Energía Atómica.

• Según sostuvo Nisman, el suicida que se incrustó en la AMIA fue el libanés Ibrahim Hussein Berro. Hay dos hermanos que viven en Chicago, Abbas y Hassan, que se negaron a extraerse sangre. Sin embargo, hoy por hoy, existen métodos para obtener el ADN de los hermanos Berro y contrastarlo con lo encontrado en la AMIA. Eso no se hizo: recién se le pidió a las autoridades norteamericanas en noviembre de 2015.

• Como señaló Página/12, hay un cuerpo, el llamado número 85, que está sin identificar después de 22 años. En la Morgue le dijeron a los fiscales que le faltan los dedos pero no supieron explicar por qué. Se está trabajando en la identificación.

• En el informe se menciona a León Gregorio Kompel. Se lo dá por muerto porque la familia atestigua que murió en la AMIA. Sin embargo, el cuerpo no aparece.

• Por último, se está haciendo algo que debió hacerse desde el primer día: tratar de conseguir el ADN de las 84 familias de las víctimas. En caso que aparezca un perfil genético que no es de ninguna de esas familias, se estará ante el suicida o de alguien vinculado al atentado.

El fiscal

La mirada sobre Nisman fue muy diferente en el acto oficial y en las tres convocatorias de los familiares. Todos sostienen que la causa por la muerte del fiscal debe avanzar y que se debe llegar a conclusiones sobre lo que ocurrió con él. Pero mientras en Pasteur fue considerado una especie de mártir del caso AMIA, entre los familiares está la convicción de que a su investigación le marcaron el paso los informes de inteligencia israelíes y norteamericanos. Y no sólo se señala el alineamiento internacional del fiscal, sino también su enriquecimiento ilícito, con dineros no declarados que aparecieron en Nueva York, Colonia, Punta del Este y Buenos Aires.

Thomás Saieg, vicepresidente de la AMIA, remarcó el valor de la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner y Héctor Timerman por el Memorandum. Es un punto en que el macrismo y la dirigencia judía convergen contra el gobierno anterior. Entre los familiares, en cambio, el Memorandum dejó de tener peso desde el momento en que nunca entró en vigencia y que los iraníes ni siquiera quisieron convalidarlo.

Futuro

A 22 años del atentado, la investigación parece más que difícil, aunque hay resquicios por los que se puede avanzar. Sin embargo, la clave en los próximos meses pasará por el Congreso. Es inminente la presentación del proyecto de ley para juzgar el caso AMIA en ausencia. El Gobierno y la dirigencia comunitaria judía querrán conseguir la aprobación del texto y, después, buscarán una condena para exhibir internacionalmente contra Irán. No habrá más que eso, con escasas pruebas.

En la vereda de enfrente, los familiares consideran que esa sólo será otra maniobra en la que el poder –nacional y de la comunidad judía– intentará ponerle un punto final a 85 historias de vida. Y, como en estos 22 años, a esa maniobra le darán batalla.

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