Pedro “El Lauchón” Viale, el subordinado de Antonio Horacio Stiuso, estaba acusado de integrar una superbanda que se quedaba con terrenos y edificios que ocupaban ilegalmente, algunos de ellos de millones de dólares. La organización conseguía que le legalizaran escrituras falsas en La Plata y, si era necesario, mandaba “unos negros” a meterse en terrenos o edificios. La investigación demostró además que El Lauchón compró dos kilos de cocaína y le consiguió un chofer a una banda de narcos para pasar otros 50 desde Bolivia. Entre las maniobras con terrenos, Viale y sus secuaces se quedaron con una propiedad de Marcelo Tarzia, fallecido e involucrado en el tráfico de efedrina. Cuando fueron a detenerlo, El Lauchón se resistió al Grupo Halcón y lo mataron. El operativo plantea dudas, hubo ocho policías presos y luego liberados por la Cámara Federal que, de todas maneras, concluyó que dos de los efectivos dispararon demasiado respondiendo a los tiros de El Lauchón (ver aparte).

Sobre lo que no hay dudas es respecto del curriculum del adláter de Stiuso. Sin embargo, durante este mes, Stiuso alegó distintas cosas para tapar que su segundo estaba acusado de numerosos delitos, entre ellos ser narco: declaró que al lo mataron para presionar que no se siguiera imputando a los iraníes por el caso AMIA, que esa madrugada mataron al Lauchón pero querían matarlo a él, que el gobierno kirchnerista lo quería asesinar, que en el plan participaron Daniel Scioli, Alejandro Granados y el ex jefe de la Bonaerense Hugo Matzkin. Página/12 accedió por primera vez a textos del expediente del juez Juan Manuel Cullota, que ordenó la detención de El Lauchón.

El expediente contra el subordinado de Stiuso ni siquiera empezó como una causa contra él. La investigación arrancó el 5 de septiembre de 2011 –muchísimo antes de la firma del Memorando o los hechos que alega Stiuso– a raíz de una denuncia contra Rodolfo Angel Carricaburo, “El Cocinero”. La pesquisa estaba en manos de la Subdelegación San Miguel de Narcotráfico y tenía que ver con que en la casa de Lacarra 645 de Paso del Rey había una cocina de cocaína. Carricaburo tenía antecedes por los que estuvo preso por narcotráfico en 2006.

El expediente destina páginas y páginas a lo que parecía, hasta 2011, el principal modus operandi delictivo de la organización: la adulteración de unas 200 escrituras públicas que les permitían quedarse con terrenos o edificios en Pilar, Mar del Tuyú, Moreno, Parque Leloir, Ciudad de Buenos Aires y muchos otros lugares. En los diálogos telefónicos no sólo aparece vinculado a la trama El Lauchón sino también su hijo Luciano Javier Viale. En total se intervinieron unos 10 teléfonos que el juez consideró estaban en poder de integrantes de la organización.

En ese marco, por ejemplo, hablan de las maniobras para quedarse con un edificio de tres pisos del Fonavi, cerca del Congreso Nacional. “¿Tenés gente para que se meta?” le preguntan a Carricaburo. “Por la guita que vale eso, me meto yo. Pero no te preocupes, metemos algunos negros”, le contestan. En las intervenciones aparece El Lauchón en forma permanente. Por ejemplo, en relación a un terreno de Pilar que según ellos valía 30 millones de dólares. Se escucha cómo urden el plan: “No, boludo, no lo podés haber comprado vos hace 20 años, no tenías edad. Pasame los datos de tu tía. Los compró ella hace 20 años y hace dos o tres se los compraste vos a ella”.

Otra operación ilegal gigantesca es la que ponen en marcha, a través de un intermediario, con un supuesto funcionario de la embajada de Paraguay. Se trata de un terreno de 45 hectáreas en la zona de la ruta provincial 25. El funcionario dividiría los terrenos y se venderían a personas de la comunidad paraguaya.

En el marco del expediente, el juez Cullota menciona varias veces que Viale trabaja en la Secretaría de Inteligencia (el nombre que por entonces tenía la SIDE) y su papel en las maniobras consiste, entre otras cosas, en traer a los clientes para quedarse con los terrenos. Por ejemplo, “NN Juan, Pablo, HB, propietario de un comercio llamado...”. En el expediente figuran nombres y celulares de cada uno de ellos.

En más de una oportunidad, Carricaburo le pide DNI falsos al Lauchón para sacar celulares que luego se usarán en las operaciones de la banda. “Ya quemé todos”, le dice El Lauchón en uno diálogo. También al pasar, el subordinado de Stiuso aparece consiguiendo una nacionalización falsa de un ciudadano paraguayo.

Hay también escuchas sobre terrenos en Pilar que según mencionan pertenecieron a Marcelo Tarzia “el que tuvo que ver con la efedrina”, dicen. Esos terrenos, con escritura falsa, se lo ofrecen a un tal Juan, aportado por El Lauchón “que ya puso un dinero”. La organización parece tener también contactos policiales porque en determinado momento mencionan una casa tomada de Ciudadela: “Sí, se murió la señora y la tomaron. Yo te saco la escritura, hacemos un poder y con eso los hacemos sacar”. Parecen contar con los contactos como para desalojar a los supuestos ocupas.

A lo largo del expediente que instruyó el juez Cullota se va percibiendo el involucramiento del Lauchón en actividades de narcotráfico. “Hoy vamos a terminar de cocinar el lechón” –dice Carricaburo–, mientras le pide en la misma conversación café (cafeína); xilocaína, manitol y gaseosas (en referencia a otro precursor). Al principio parecen cuidarse en los diálogos, pero luego hablan abiertamente de conseguir ketamina: “necesitamos grandes cantidades”.

El 13 de noviembre de 2012, en la escucha ordenada por Cullota a Carricaburo y sus cómplices, hay una llamada del Lauchón en la que acepta comprar “dos kilos por 800 dólares”. El diálogo discurre alrededor de las posibilidades de conseguir más cocaína, pero El Lauchón pone un límite: “Dos kilos está bien. Vamos de a poco”. Poco después, en junio de 2013, en la organización hablan de un cargamento que parece venir de Bolivia. En las escuchas mencionan que hay que conseguir un “piloto” (un chofer) para entrar 50 kilos de cocaína. Eric, el traficante, recomienda “un bolivianito que es piloto de toda la vida”. A raíz de este cargamento el juez Cullota ordena los allanamientos de 18 viviendas, entre ellas la de El Lauchón en La Reja. En el procedimiento, el agente de la SIDE, mano derecha de Stiuso, terminó muerto.

Llamado a declarar hace diez días por el juez Juan Pablo Salas, quien investiga el operativo en el que murió El Lauchón, Stiuso involucró a Scioli, a Granados y a Matzkin. Lo curioso es que armó un compendio de explicaciones distintas unas de otras (ver aparte) en las cuales él se ubicó a si mismo como un luchador contra el narcotráfico y el terrorismo. En la propia Secretaría de Inteligencia había datos de que su hombre de confianza era parte de la superbanda que concretaba las maniobras con terrenos y que aparecía involucrado en operaciones de narcotráfico. La investigación fue convalidada por dos jueces federales y, en dos oportunidades, por la Cámara de San Martín.

El expediente judicial que cuenta otra historia sobre Viale.