Más de 28 mil desaparecidos, cientos de miles de homicidos, millones de desplazados, la aplicación de la tortura y la represión sistemática contra el movimiento docente y estudiantil son algunos ejemplos de la larga lista de violaciones a los derechos humanos en México que organizaciones sociales y políticas, de derechos humanos y de mexicanos residentes en Argentina le entregaron ayer a la canciller Susana Malcorra a propósito de la visita al país del presidente Enrique Peña Nieto. Mientras Mauricio Macri se reunía primero en Casa Rosada y luego en la sede de Cancillería con su par mexicano, las organizaciones realizaron escraches en Plaza de Mayo y frente a las oficinas donde ambos mandatarios sellaron acuerdos de cooperación y se llenaron mutuamente de elogios. “Si el gobierno argentino se dice democrático no debería tener vínculos ni políticos ni económicos con un presidente como Peña Nieto, que acumula tantas pruebas de violaciones a los derechos humanos”, le dijo a Página/12 uno de los referentes de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, Arsinoé Orihuela, sobre las razones de la protesta.

A fuerza de carteles, radios abiertas y actividades culturales, las organizaciones denunciaron a viva voz la “lista del terror” de las masacres recientes en México, que no formaron parte de la agenda oficial: Tlatlaya, Apatzingán, Villa Purificación, Ecuandureo, Ciudad Juárez, Estado de México, Ayotzinapa y Oaxaca, la más reciente, en la que murieron 8 docentes y otros 22 siguen desaparecidos luego de una feroz represión policial.

“Nos parece una provocación, todo un símbolo, que Macri reciba a Peña Nieto al cumplirse 50 años de la Noche de los Bastones Largos, nuestra propia experiencia de represión contra el movimiento estudiantil”, sostuvo Adrián Lutvak, presidente de la FUBA, una de las organizaciones que marchó ayer.

“El historial de represiones sangrientas de Peña Nieto fueron en su mayoría contra las movilizaciones de docentes que protestaban contra la reforma educativa”, amplió por su parte el legislador porteño del FIT, Marcelo Ramal, quien comparó al reforma que Peña Nieto intenta aplicar en México con la que llevó adelante Macri durante su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad. “Ambos encubren la flexibilización laboral con la evaluación educativa, lo que muestra que no sólo están de acuerdo en los métodos represivos, sino en los fines que persiguen”, argumentó Ramal, para quien los elogios de Macri a su par mexicano en materia de seguridad demuestran “otro acuerdo entre ambos, que es entregarle al Ejército la seguridad interior con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico”.

Además de la FUBA y PO, participaron de los escraches de ayer la Coordinadora contra la Represión Estatal e Institucional (Correpi), la corriente 9 de Abril del PTS y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la APDH y el Cels, se posicionaron en la víspera mediante una carta dirigida a Macri en la que manifestaron su “preocupación por la crisis estructural de derechos humanos” en México y denunciaron el “patrón de violaciones y absoluta impunidad” que se vive en ese país.

Sobre las vallas de Plaza de Mayo, las organizaciones colgaron carteles con el rostro de cada uno de los 43 seminaristas desaparecidos en Ayotzinapa hace dos años, crimen que permanece impune y que marcó un punto de inflexión en la imagen de un gobierno que se ocupaba especialmente en mostras logros de una supuesta “lucha contra el narcotráfico”. “Cuando decimos que vivimos en un narcoestado, estamos hablando de una permanente guerra sucia contra toda la población civil”, describió Arsinoé Orihuela, de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. “Están cancelados todos los canales institucionales para la participación política, y toda protesta contra las reformas de libre mercado es suceptible de ser agredida por el Estado”, agregó. “El narcoestado es la versión mexicana del neoliberalismo”, redondeó.

Informe: Matias Ferrari.