Para FIEL fue más del 8,2; para el Indec, 6,7. Para los dos la caída de la industria se asemeja a un cataclismo que destruye miles de empresas de un golpe. El Indec completa el cuadro desolador: la caída de la construcción fue de un astronómico 19,6. La inflación no baja, ni la núcleo ni la de lo que sea. Se desplomó el consumo. La ola de cesantías y suspensiones se extendió a todo el país y golpea con fuerza en Córdoba y en el gran Rosario donde se anunciaron mil suspensiones por la apertura de las importaciones. Son cifras que se conocieron esta semana. Y el tarifazo le pone la frutilla a este postre amargo. La cobertura de los grandes medios corporativos, cómplices del saqueo, empieza a crujir como los viejos barcos a punto de zozobrar.

El malestar se extiende pero todavía no es naufragio. En ninguno de los últimos doce años hubo una coincidencia de índices económicos de ese nivel de desastre. Cambiemos recibió un país funcionando y provocó una crisis que destroza vidas y familias y que era perfectamente evitable. No hay justificación, más que el discurso ideologista del neoliberalismo y la intención de usar la crisis como instrumento de instalación del miedo para disciplinar a una sociedad que sale de un período de fuerte ampliación de derechos. Siempre ha sido así, los gobiernos de derecha requieren instrumentos de coerción para doblegar reclamos y resistencias provocadas por las medidas de transferencia de la riqueza hacia los sectores del poder económico.

Que dos policías hayan prohibido que una madre amamante en una plaza y que otro haya querido detener a un hombre que criticaba en un tren en forma pacífica al gobierno, parecen anécdotas. Fue en el conurbano, mientras que dos mil kilómetros al norte, en la provincia de Jujuy, se instaló un régimen semipolicial con el único objetivo de destruir a un poderoso movimiento social. La única diferencia entre Jujuy y esos hechos del Conurbano es el volumen. Pero los hechos son coherentes, tienen equivalencias en el concepto, de una policía para reprimir, que ya está en las cabezas de los policías jujeños y en las de los que reprimieron a la madre que daba la teta a su bebé.

Aunque no haya naufragio –todavía– el malestar se extiende. En medio de esta tormenta perfecta de la economía macrista, La Nación publicó una encuesta para que metan presa a Cristina Kirchner. Cuando La Nación publica encuestas quiere decir que la cosa no está bien para el gobierno.

Las verdaderas encuestas provocaron alarma en la Rosada. Se habló de fallas en la comunicación. Se planificó una ofensiva. El presidente desplegó una serie de entrevistas con periodistas amigos, los más oficialistas y propagandistas. Nadie repreguntó, nadie dio importancia al desastre de la economía, nadie cuestionó nada. Esos periodistas salieron a tapar el desastre y se convierten en cómplices. Cada entrevista se multiplicó como cadena nacional por la cadena de medios privados. No fue escalonada ni progresiva. Fueron varias entrevistas de golpe casi en la misma semana, como una reacción destemplada ante la declinación de la imagen del gobierno. La estrategia fue saturar mediáticamente de mauricios paternalistas repetidos hasta el infinito para tapar el efecto letal del “Mauricio, el que te aumentó los servicios” que produjo el entredicho con Tinelli. Se busca resintonizar con una sociedad que se distancia, sobre todo con los votantes que ya dicen que no volverán a votarlo. El control del mensaje segmentado, monopolizado, manipulado, busca hegemonizar con el discurso propio y subordinar a los demás. En ese proceso la comunicación funciona también como herramienta de coerción a través de la difamación, el insulto o directamente la amenaza.

No es exagerado, el PRO tiene antecedentes en esa práctica en la que fue precursor y vanguardia. Cuando aquí se hablaba todavía de la primavera árabe y las primaveras en otros países de la ex órbita soviética como obra del toque mágico democratizador de las redes, el PRO ya estaba operando en las redes o en las líneas telefónicas –igual que lo hacían la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos– y dejaba en un segundo plano las campañas tradicionales de vía pública y medios formales. La falsa encuesta telefónica en 2011 para difamar al padre del candidato del Frente para la Victoria en la CABA, Daniel Filmus, fue un antecedente. Aunque no se trata de las redes, la forma en que el PRO pintó de amarillo, su color partidario, a toda la ciudad de Buenos Aires fue otra maniobra tramposa y antidemocrática de comunicación. Ni siquiera al comunismo se le hubiera ocurrido pintar de rojo la comunicación institucional de la ciudad. Nadie encontró granjas de troll en el FPV, en el radicalismo o las demás fuerzas políticas. El PRO heredó las mañas que se iniciaron en el enfrentamiento de Clarín con el gobierno kirchnerista cuando se denunció que la agencia ESE había reclutado una granja de trolls para intoxicar las redes con el discurso anti k. En 2012 Durán Barba fue enjuiciado por la encuesta telefónica a 600 mil personas para difamar al padre de Daniel Filmus.

Hubo ingenuidad de las demás fuerzas políticas mientras el PRO operaba en las redes a su antojo. Estados Unidos inventó el discurso de la democratización de las redes al mismo tiempo que comenzaba a utilizarlas para espiarlas y para desestabilizar gobiernos en todo el planeta como puso al descubierto el ex espía Edward Snowden. La misma mecánica aplicó el PRO para los cacerolazos. Criticaba a 6,7,8 y a las cadenas nacionales de Cristina Kirchner al mismo tiempo que manipulaba información para desplegar por las redes en forma clandestina y engañosa un discurso extremadamente violento, insultante y difamatorio como si se tratara de una epidemia espontánea cuando en realidad se trataba de granjas de trolls y bots emitiendo desde una central de inteligencia que diseñaba los cientos de miles de mensajes y falsas identidades.

Fue una herramienta eficiente contra los gobiernos kirchneristas. Más recientemente se apuntó contra blancos que el PRO considera adversos, aunque sea circunstancialmente, como la publicación “La política online” o Sergio Massa y contra el mismo Marcelo Tinelli, en medio de la disputa por el control de la AFA. Estas campañas fueron denunciadas, pero además existe un hackeo permanente de los portales gráficos y radiales de los pocos medios críticos.

Todos estos antecedentes apuntan a la política comunicacional del PRO y Cambiemos. En eso coinciden todas las víctimas, a pesar de su heterogeneidad. Todos fueron atacados en forma masiva, con cientos de miles de mensajes en Twitt o en Facebook cuando se indispusieron, criticaron o compitieron con el PRO-Cambiemos. En el programa de Roberto Navarro, el troll arrepentido Marcelo Morán, dio cuenta de la forma en que Cambiemos los utiliza para atacar a sus adversarios o para intoxicar el clima político.

Pero, además, el Gobierno reconoce que en la Casa Rosada se instaló una oficina para intervenir en las redes donde trabajan más de 40 operadores bajo el mando de Guillermo Riera, subsecretario de Vínculo Ciudadano, una dependencia de la Jefatura de Gabinete que encabeza Marcos Peña. También se ha denunciado a Octavio Paulise como jefe de una multitudinaria granja de trolls, a quien se presenta como “influenciador informático” y que trabaja en el Ministerio de Transporte. Algunos operadores reconocen en forma discreta pero con cierto orgullo que usaron estos métodos en la oposición al kirchnerismo y durante la campaña electoral, pero aseguran que desde que llegaron al gobierno, los dejaron de lado. Es decir que se trasladó al gobierno toda la maquinaria de intervención y manipulación en las redes que se utilizó en la campaña. Esta maquinaria será la que maneje los datos de la Anses.

La obsesión del PRO-Cambiemos por operar y controlar las redes sociales como paradigma de la manipulación mediática es el contexto en el que se conoció el miércoles la resolución 166 por la cual el gobierno traspasó la base de Datos de la Anses, con información privada y muy precisa de 32 millones de ciudadanos, a la secretaría de Comunicación Pública, en cuya órbita funcionan los dispositivos de intervención y espionaje en las redes que se usaron en la campaña. En el ambiente político, las incursiones de la derecha en las redes ya no son tomadas en forma inocente. El FPV en pleno criticó la medida y alertó sobre la posibilidad de que el gobierno conservador cree un Gran Hermano que vigile a todos el mundo desde las redes. Sus integrantes presentaron un recurso de amparo y denunciaron al jefe de Gabinete. Incluso Cristina Kirchner denunció la intención de Cambiemos. Y también lo hicieron el massismo y el socialismo.

El martes hubo otra reunión en la que participaron el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y altos funcionarios de Telefónica y Telecom que se comprometieron a colaborar con las medidas necesarias para identificar a sus clientes y poder contar con información sobre los titulares de líneas, así como de su uso, todas acciones que están muy resguardadas por la ley.

El PRO-Cambiemos ya utilizó el espionaje en las redes para decidir los despidos en el Estado apenas asumió. Es la fuerza política que ha demostrado ser la única que desde hace tiempo tiene conciencia del formidable poder que otorga la información y está diseñando lo que podría ser una inmensa telaraña de espionaje, propaganda y control, apropiándose de información privada cuya manipulación está expresamente prohibida en la Constitución y protegida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y sería interesante que se explicaran los convenios que cerró Bullrich para ceder información a organismos de seguridad norteamericanos. No es casual que se trate de potenciar toda esta maquinaria a partir de la caída de la imagen del gobierno y en vísperas del próximo año electoral.