El ex ministro de Planificación y actual diputado, Julio de Vido, se presentó ayer ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, defendió el proyecto Sueños Compartidos, sostuvo que en menos del uno por ciento de la construcción de viviendas sociales intervino Madres de Plaza de Mayo y calificó de “administración sospechada de fraude” la gestión de los hermanos Schoklender. De Vido, acompañado por su abogado Adrián Maloneay, presentó un escrito dando sus explicaciones, no contestó preguntas e insistió en que no participó personalmente ni en la firma ni en la aprobación ni en la autorización ni en el control de los convenios que se firmaron con provincias, municipios y Madres de Plaza de Mayo.

El magistrado dispuso más de 40 indagatorias después de que el ex secretario de Obras Públicas, José López, apareciera en el convento con los nueve millones de dólares. El propio López declaró en el expediente y señaló también que el control de ejecución de las viviendas construidas por Madres lo hacía cada provincia y municipio. Además, alegó que cuando estalló el escándalo con los Schoklender, realizó una auditoría y que el resultado fue que todas las viviendas se construyeron. Habrá que ver las evidencias que tiene el juez, aunque la hipótesis central de expediente es que los Schoklender no pagaron las cargas sociales de los obreros que construyeron las viviendas y se quedaron con ese dinero –más de 150 millones de pesos–, desviándolo hacia empresas propias como Meldorek. Martínez de Giorgi, de todas maneras, señala que hubo otras irregularidades como los fondos que destinó el estado a través del Ministerio de Trabajo, unos 600 pesos por trabajador y por mes, y que también fueron, aparentemente, derivados a otros destinos. Desde el punto de vista objetivo, está claro que las Madres siguieron con su forma de vida austera, mientras que los Schoklender ostentaban nuevas propiedades, nuevas empresas y nuevos lujos. Eso explica que las Madres, como institución, sean víctimas de la maniobra y por lo tanto querellantes en la causa.

“Es de conocimiento público y notorio, que el gobierno del cual formé parte –señaló De Vido ante el juez–, a través de varios de sus ministerios, tenía la decisión política de promover las actividades de cooperativas o empresas ligadas a agrupaciones referentes en el campo de la defensa de los derechos humanos en el país, que pretendían participar en la obra pública y la asistencia social. Nada de esto puede ser cuestionable, y esa decisión política de la cual participé y ratifico, no me acerca de ninguna manera a cualquier irregularidad o delito que se haya cometido en la administración de los fondos que se hayan proporcionado como asistencia financiera para el cumplimiento de las obras solicitadas”. El ex ministro señaló que toda la operación que tuvo que ver con Sueños Compartidos la manejaba José López y la subsecretaría de la Vivienda y que los certificados de obra, es decir la construcción de las viviendas, debía ser verificada por cada provincia o municipio.

En principio, el magistrado investiga todas los pasos de la construcción de viviendas, aunque partió de la siguiente hipótesis delictiva: “Sergio y Pablo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la fundación de la cual eran apoderados, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal para la construcción de viviendas sociales, parte de los cuales habrían detraído luego de su destino específico, con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado”, señaló específicamente el juez. En los próximos días estarán en Comodoro Py, declarando, numerosos gobernadores e intendentes de las provincias y municipios en los que se construyeron viviendas de Sueños Compartidos.

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