Tras asegurar que no iban a utilizar los datos de la Anses para hacer proselitismo, los funcionarios macristas deberán dar explicaciones al Poder Judicial. La jueza en lo Contencioso Administrativo María José Sarmiento le dio tres días al Gobierno para que justifique la decisión de compartir la base de datos de la Anses con la Secretaría de Información Pública de la Nación.

Desde que se conoció que el gobierno nacional utilizaría la base de datos de la Anses, los macristas estuvieron a la defensiva para mantener la decisión. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, llegó a convocar a una conferencia de prensa donde aseguró que no usarían los datos para “nada malo”. Indicó que no serían usados con fines proselitistas y que el objetivo era “comunicar mejor”.

El convenio indica que la Anses remitirá periódicamente su base de datos relacionada con “nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios” de los ciudadanos para “contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública”.

Ante la resolución de seguir adelante con la medida, la abogada Valeria Carreras hizo una presentación judicial para detenerla, al igual que lo hicieron los diputados Diana Conti y Héctor Recalde. El principal argumento fue que el convenio entre la Anses y la Secretaría de Comunicación vulnera el derecho a la intimidad. La abogada indicó que empezaron a llegar correos electrónicos con propaganda política a distintos ciudadanos.

“El recurso de amparo lo hice para proteger la privacidad, algo que está establecido en la Constitución y en la ley de protección de datos”, advirtió Carreras a Página/12. “Además, presenté una ampliación de amparo por la violación de un decreto que firmó Sergio Massa cuando estaba frente a la Anses en 2007, donde se prohibía específicamente informar el mail. Indicaba que el correo electrónico era de carácter no publico y de carácter sensible.”

“No tengo el respaldo de ningún partido político. Lo hice como abogada, porque a una clienta mía le llega el primer mail de Casa Rosada, sin que ella diera sus datos al Ejecutivo”, relató la abogada. “Lo presentamos como prueba. Luego le llegó el segundo mail donde se ve la segmentación de una base de datos: le llega un mail diciendo que es política de gobierno proteger los humedales y ella está suscripta a páginas ecologistas”, indicó. La abogada indicó que hoy hará una nueva presentación para que se investigue la cuenta nuevasindus [email protected] y si pertenece a una consultora privada contratada por el Gobierno. Además, Carreras hizo una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo.

La jueza Sarmiento se declaró competente para resolver el amparo y, en cumplimiento de una ley sancionada bajo el gobierno anterior, solicitó un informe antes de decidir si concede o no la medida cautelar. El Gobierno tiene tres días para presentar una respuesta sobre los fines con los que piensa usar la base de datos.

Otro amparo similar fue presentado por el abogado Ciro Annicchiarico y, al igual que la jueza Sarmiento, el juez de Lomas de Zamora Federico Villena pidió informes al Ejecutivo. El abogado apeló, en tanto, la decisión de no conceder una cautelar en forma inmediata y la Sala III de la Cámara Federal de La Plata deberá resolver sobre esta cuestión.

En tanto, en La Plata, el juez Adolfo Ziulu se declaró incompetente para resolver un reclamo similar planteado por la asociación de abogados AJUS, que presentó un amparo colectivo, y en la Ciudad de Buenos Aires, la jueza Liliana Heiland se excusó ante el amparo que solicitó Recalde. La magistrada argumentó que está concursando como camarista del fuero y tiene que ser evaluada por el diputado Rodolfo Tailhade, quien está en el Consejo de la Magistratura y es uno de los denunciantes. El nuevo sorteo recayó en el juzgado de Enrique Lavié Pico. Cuando presentó la denuncia, Tailhade había advertido que a la Secretaría de Comunicación le es materialmente imposible procesar todos los datos que recibirá y que eso la llevará a utilizar consultoras privadas, que pueden vulnerar la intimidad de los ciudadanos.