A pesar de que la Cámara de Casación porteña le indicó concentrarse en dilucidar el hecho más elemental, que es si Alberto Nisman se suicidó o lo mataron, la jueza Fabiana Palmaghini tomó otro camino y sorprendió ayer con una orden para identificar los teléfonos fijos y celulares que utilizaba la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los días previos y posteriores a la aparición sin vida del fiscal en el baño de su departamento, junto con los de otros ex funcionarios y dirigentes. Pidió también las constancias de ingreso y egreso de la quinta de Olivos, tanto escritas como registradas por cámaras de seguridad, a lo que sumó las filmaciones de los movimientos internos de la residencia presidencial en espacios abiertos y cerrados. Toda esta batería de medidas es una concesión a un planteo de la querella de Sara Garfunkel, la madre de Nisman, que insiste en relacionar su muerte con la denuncia que el fiscal había hecho en los días previos contra la ex presidenta por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Y aparece en línea con los intentos por reactivar esa causa y acusar al gobierno anterior.

La resolución de Palmaghini sólo dice que las medidas que ordena pueden “resultar de interés a los fines de la pesquisa y con el objeto de no entorpecer el derecho de la parte en ese sentido”. “La parte” a la que alude es Garfunkel, representada por el abogado Pablo Lanusse, quien sostiene, igual que la querella de Sandra Arroyo Salgado, que la muerte de Nisman fue producto de un homicidio relacionado con su denuncia contra la ex presidenta y su papel en la causa AMIA (aunque hasta ahora no ofrecieron ninguna prueba). Por esa razón, además, pelearon a capa y espada para que la causa pasara a la Justicia federal, un fuero permeable a las negociaciones políticas y la influencia de los servicios de inteligencia. Pero la Cámara de Casación –máxima instancia penal– les dijo que no, porque no había ningún elemento que permitiera suponer “con fundamento razonable, que la muerte de Nisman haya sido consecuencia de la conducta de un tercero”. Peor, dijo que la causa no tiene ni una hipótesis mínima, ni datos elementales certeros, sólo “indefiniciones y contradicciones”. Pronto tendrá que definir la Corte Suprema.

“No se puede investigar si hubo un plan criminal para matar Nisman si antes no se determinó si lo mataron o se quitó la vida”, dice el defensor del técnico Diego Lagomarsino, Gabriel Palmeiro. La jueza, a su modo de ver, “está desorientando la investigación”. Como es previsible, Palmeiro analiza apelar las medidas ordenadas y aguarda una definición más expeditiva sobre la situación procesal de Lagomarsino, quien está imputado por haber prestado un arma (de la que salió el disparo mortal) a alguien que no era legítimo usuario.

La orden de Palmaghini parece estar en sintonía con el intento emergente en los tribunales de Comodoro Py, a través del juzgado de Claudio Bonadio, de resucitar la denuncia de Nisman contra CFK y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros. De hecho, entre los números de teléfono que pide están incluidos los de las personas que protagonizan las conversaciones de las escuchas que tuvo en cuenta Alberto Nisman para hacer la denuncia por supuesto encubrimiento. Suma otros que aparecieron en un entrecruzamiento que había ordenado la ex fiscal Viviana Fein a la Policía Federal. Abarca los de Timerman, el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, el ex jefe del Ejército César Milani, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, su número dos, Juan Martín Mena, los dirigentes de La Cámpora Andrés Larroque y José Ottavis, el dirigente de la comunidad iraní Jorge Khalil, el dirigente social Luis D´Elía, el líder de Quebracho, Fernando Esteche, el ex juez Héctor Yrimia.

Los pedidos de información están dirigidos a la Secretaría de la Presidencia, la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto y las compañías de telefonía celular. Les da 72 horas para entregar el material solicitado. Pide que los registros de entradas y salidas a la quinta de Olivos abarquen datos entre el 11 y 20 de enero de 2015 (Nisman apareció sin vida el 18 de ese mes), más los nombres del personal de inteligencia y seguridad que trabajó allí en ese período.

Palmaghini parece retornar a cierta teoría en la que se apoyó para mandar la causa al fuero federal. Los jueces de Casación María Laura Garrigós de Rébori, Mario Magariños y Daniel Morín le cuestionaron como algo inadmisible que tomara como pruebas de peso y diera crédito en su decisión, a los testimonios de los ex espías Antonio “Jaime” Stiuso y Alberto Moro Rodríguez. Stiuso había declarado unos días después de la muerte que no tenía ni idea de las razones y cuando le preguntaron por qué, en las horas previas, no atendía los llamados de Nisman, dijo que tenía el teléfono en “silencio” (tampoco devolvió la llamada). Luego se fue a Estados Unidos, con un ramillete de denuncias penales a cuestas. En su llamativo regreso este año dijo que a Nisman lo mataron, y apuntó a los iraníes y al gobierno de CFK. De Moro, un viejo amigo de Nisman, la jueza tuvo en cuenta que declaró que el fiscal “era un hombre demasiado prolijo, un ‘esteta’ que mal podría haberse dejado encontrar como fue hallado”.

La última medida que figura en la lista de la jueza es citar como testigo a Luis Czyzewski, uno de los familiares de víctimas del atentado a la AMIA que se sumaron a un pedido a Bonadio (hecho por dos denunciantes recurrentes, uno de ellos del PRO) para que investigue a CFK y a Timerman por traición a la patria, expediente que fue utilizado por el juez para pedirle a su par Daniel Rafecas la denuncia de Nisman que ya había sido archivada por su decisión, la Cámara Federal y la de Casación. Rafecas se la mandó, recordándole que rechazó su reapertura y que no hay delito.