Sin pauta oficial desde diciembre, la crisis financiera de los diarios del interior se profundizó y son varios los empresarios del sector que amenazan con bajar la persiana y dejar miles de trabajadores de prensa en la calle. “El panorama es más que oscuro y no son pocos los que anticipan cierres masivos”, denuncia una editorial publicada el domingo a la que suscribieron medio centenar de diarios nucleados en la Asociación de Diarios del Interior (Adira). Los diarios locales “son los más afectados por la nueva política de medios del gobierno del presidente Mauricio Macri”, explican, dado que la pauta oficial dejó de llegarles para beneficiar “a un grupo de grandes medios nacionales cercanos ideológicamente a Cambiemos”.

La quita de pauta a los medios del interior “para dársela a los grandes medios de alcance nacional, entre ellos los poderosos diarios Clarín y La Nación, y las emisoras televisivas Canal 13 y Telefé”, sentenciaron, “es un grave ataque a la libertad de expresión”.

Del ahogo financiero, las asociaciones no sólo hacen responsable a la política de pauta oficial nacional, sino también al “desolador estado de la economía, con pautas privadas en franca caída y ventas de ejemplares en marcado retroceso” y a “las difíciles situaciones de los gobiernos provinciales y municipios que han reducido también drásticamente sus pautas”.

“Estamos absolutamente preocupados por la situación”, sostuvo en diálogo con Página/12 Juan José Álvarez, director de El Zonda de San Juan, uno de los diarios que publicó la editorial. Álvarez afirma que desde diciembre El Zonda dejó de recibir pauta. Mientras que en 2015 recibió 200 mil, “una cifra insignificante en comparación con lo que reciben los grandes medios”.

“Nuestra crisis no es distinta de la de cualquier Pyme hoy”, agregó Álvarez. “La recesión hizo que se contraiga la publicidad privada, que además está fuertemente concentrada en Buenos Aires. Hoy, para las empresas, pautar es más un gasto que una inversión. Y la situación se agrava en el interior. Si esto no cambia, en seis meses no sé que va a ser de nosotros”.

El argumento del Gobierno fue que se está diagramando una “nueva estrategia” en el reparto de pauta, con mayor “transparencia” que el gobierno anterior. “No se puede intentar corregir un error con otro error más grave”, le contestaron las entidades. Para ellas, “el acceso a la publicidad oficial por parte de los medios de comunicación es un derecho y, a la vez, un eslabón de la cadena que conforma el derecho al acceso a la información pública que tienen todos los ciudadanos”.

El reclamo llegó en mayo al Senado. Durante un plenario de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías del Senado, los titulares de Afera, Gustavo Isaack –director de Ambito Financiero–, y de Adira, Jorge Botta –director de El Popular de Olavarria– reclamaron la sanción de una nueva ley de entidades culturales. Además, protestaron por “los altos costos de impresión” a partir de la devaluación.

Las asociaciones de editores alertaron sobre la posibilidad de nuevos cierres, como sucedió con la La Mañana de Córdoba, que dejó de publicarse a principios de junio. Fueron 61 los trabajadores del diario que quedaron sin trabajo, muchos de los cuales decidieron organizarse en cooperativa y relanzar la publicación de manera autogestiva. En lo que va del año, fueron dos mil los trabajadores de prensa que perdieron su empleo, la gran mayoría en medios de comunicación del interior.

Otros medios del interior, como el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, decidieron empezar a salir menos días por semana en papel para ahorrar costos. Para los editores el daño puede ser irreparable por “el rol fundamental que cumplen los medios regionales en el crecimiento de las distintas comunidades del interior, como expresión permanente de sus aspiraciones y en el reflejo a diario de las problemáticas de la población local”.