La Sala I de la Cámara Federal deberá resolver si reabre o no la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte, en la que acusaba a Cristina Fernández, Héctor Timerman y otras personas, por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Es porque el fiscal Gerardo Pollicita y la DAIA apelaron la decisión del juez Daniel Rafecas de rechazar el desarchivo del caso, ya que consideran que no hay ningún elemento nuevo que justifique hacerlo. Pollicita dice que se debe investigar una conversación (privada) entre el ex canciller y el ex titular de la DAIA Guillermo Borger y afirma que no se analizó debidamente si el Memorándum de entendimiento y la Comisión de la Verdad estaban orientados a lograr la baja de las circulares rojas para capturar a los iraníes. Rafecas, en su resolución, hacía notar que el diálogo grabado en forma subrepticia no tiene ningún aspecto dudoso ya que todo giraba en torno a la afirmación de que los iraníes eran autores del atentado, que es lo que vienen sosteniendo el gobierno y la justicia. Sobre el pacto con Irán, recordaba que jamás entró en vigor y no se pueden juzgar conjeturas. El fiscal Pollicita insiste, sugestivamente, en que ahora la denuncia de Nisman tendría que quedar en manos del juez Claudio Bonadio (cuyo juzgado parece una máquina donde se multiplican investigaciones contra el gobierno anterior) en una causa por traición a la patria.

Ya cuando se discutió la validez de la denuncia de Nisman el año pasado, la Sala I de la Cámara decidió desestimarla, con los votos de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. Eduardo Farah votó en contra. Luego la Cámara de Casación dejó esa decisión en pie. La semana pasada Rafecas recordó lo que había dicho ya en aquel entonces: que no había delito alguno en juego porque “el acuerdo con Irán nunca llegó a concretarse y por lo tanto menos aún se constituyó la Comisión de la Verdad”. Irán desistió de firmarlo y la Cámara Federal, cuando lo declaró inconstitucional, dispuso que no se dieran ninguno de los pasos que preveía el texto. En relación a los pedidos de captura y alertas rojas para atrapar a los iraníes, quedaba claro en su decisión que no sólo nunca fueron levantadas sino que hubo intercambios epistolares entre Timerman y el entonces secretario general de Interpol donde se dejaba en claro que la firma del memorándum no alteraba en nada las alertas rojas.

Pollicita dice en su apelación que el juez Rafecas “no valoró adecuadamente la nueva prueba aportada a la causa sobre una conversación” entre Timerman y Borger. En ese audio, que entregó la DAIA, Timerman menciona a los iraníes como los autores del atentado. El fiscal destaca que además el ex canciller hablaba de Irán como un estado “mentiroso”, lo que generaría un manto de sospecha sobre el pacto, según su interpretación. Se apoya luego en otro punto planteado por la DAIA, que es que en la Cancillería se habría “eludido consultar a la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti” para la elaboración del memorándum y la negociación. En cambio, señala, habría participado el ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia, Juan Martín Mena, así como el dirigente de Quebracho Fernando Esteche y el referente iraní en la Argentina, Jorge Yusuf Khalil. Acusa al juzgado de protagonizar un caso “típico de selección arbitraria del material probatorio”.

A Rafecas no le parecía nada extraño que Timerman afirmara la autoría de Irán, que se sostiene desde 2006 y con las órdenes de captura que emitió en 2007 el juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral. De todos modos advirtió sobre la ilegalidad de la grabación, que habría tomado un tercero. Recordó que el propio Borger declaró ya que él y el ex canciller compartían aquella postura y que lo dijeron “en público” quizá “con diferencias en cuanto a terminología”. Recordó que la declaración de inconstitucionalidad del memorándum ya había sido tenida en cuenta al momento de archivar el expediente. El pacto fue revisado en dos instancias y también por el Congreso, y en ambos ámbitos participaron todos los interesados, familiares, instituciones, juristas. Pero nadie planteó que fuera fuente de un delito.

El fiscal Pollicita le reprocha a Rafecas que no consultó la causa por traición a la patria que tiene Bonadio (iniciada por un abogado vinculado al PRO y un denunciante serial) lo que a su entender “impide analizar acabadamente si la totalidad de los elementos allí aportados, valorados de manera conglobada con los oportunamente acompañados en autos, justifican una investigación al reflejar una intención -por razones de alineamiento político o ideológico o por razones de conveniencia comercial, o por otros intereses no conocidos aún pero que una investigación debería develar- de encubrir a los presuntos autores del atentado a la AMIA”. Insiste en que falta información básica para analizar la función de una Comisión de la Verdad, que nunca existió.

A esta campaña por resucitar la denuncia de Nisman y, además, procurar que quede a cargo de Bonadio, coincide con la resolución de anteayer de la jueza Fabiana Palmaghini, a cargo del expediente sobre la muerte de Nisman, pedir los números de teléfono que usaban Cristina Fernández de Kirchner antes y después de que el fiscal apareciera sin vida, Timerman y todas las otras personas que figuraban en su denuncia.