La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó ayer los procesamientos de cuatro imputados en el presunto blanqueo de dinero de origen ilegal proveniente de la llamada “mafia de los medicamentos”, mediante aportes a la campaña de la fórmula Cristina Fernández de Kirchner-Julio Cobos para las elecciones presidenciales de 2007. A la vez, ese mismo tribunal revocó el procesamiento de Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, junto con Leopoldo Bina y Damián Ferrón.

Los involucrados en la causa cuyos procesamientos fueron procesados por la Cámara Federal son el ex Superintendente de Servicios de la Salud y encargado de la recaudación del Frente para la Victoria en las presidenciales de 2007, el sindicalista y ex funcionario porteño Héctor Capaccioli; el ex legislador de la ciudad de Buenos Aires Sebastián Gramajo; y de los empresarios vinculados con la actividad farmacéutica Carlos Torres y Gabriel Brito.

“Existió una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva”, señaló la Sala II de la Cámara Federal porteña en la ratificación de los procesamientos. Sobre Capaccioli y Gramajo, indicó que “fueron los encargados en procurar y recibir el dinero”, como así también que “conocían su origen ilícito y operaron conjunta y dolosamente en la concreción de la maniobra”.

Por otra parte, el tribunal revocó el sobreseimiento de Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional y responsable económico y financiero de la campaña del FpV. En su caso, consideró que junto a los otros procesados “estaban al tanto de la naturaleza real –delictiva– de los fondos”. En cuanto al empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, resolvió “dejar sin efecto” el procesamiento porque ya está procesado en la causa sobre la “mafia de los medicamentos” por supuesta defraudación contra la administración pública.

Los procesamientos habían sido dictados el pasado 23 de junio por el juez federal Ariel Lijo, quien entonces también ordenó embargos en cada caso hasta cubrir la suma de tres millones de pesos. A todos procesados el magistrado les reprochó haber utilizado a las empresas farmacéuticas Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp, que no estaban en condiciones económicas de hacer aportes para campañas electorales, para blanquear fondos de origen ilegal aún no establecido.

Según Lijo, mediante ese mecanismo obtuvieron apariencia de legalidad y se pusieron en circulación fondos de origen espurio por un total de 886 mil pesos. A criterio del juez, los imputados fueron “los encargados de poner en circulación este dinero y aprovecharon la campaña política para llevarlo a cabo”. Lijo concluyó que las empresas farmacéuticas actuaron como pantalla: aparecieron como aportantes a la campaña cuando económicamente no podían hacerlo, libraron cheques a su nombre y al momento de efectivizar el pago obtenían anónimamente en sus cuentas depósitos por el monto a debitar.