Gabriela Michetti quedó imputada por las sospechas sobre el origen del dinero que le robaron de su casa el mismo día del ballottage presidencial, el 22 de noviembre del año pasado, aunque el hecho se conoció recién ocho meses después. Cuando la vicepresidenta intentó dar explicaciones públicas, dijo que los 200 mil pesos en efectivo que le faltaban eran donaciones a la fundación SUMA, que preside, otros 45 mil eran para refacciones, mientras que 50 mil dólares eran un préstamo que le había hecho su pareja, Juan Tonelli, para pagar una maestría de su hijo. El fiscal Guillermo Marijuán le pidió al juez Ariel Lijo que abra una causa y le sugirió una batería de medidas de prueba, parte de las cuales apunta a un conjunto de fundaciones más amplio que están en la mira como posibles fuentes de recaudación para el financiamiento de la actividad política de PRO, algo que fue denunciado por los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.

El episodio del robo fue revelado a mediados de julio por el diario cooperativo Tiempo Argentino. La Policía Metropolitana informó que se había mantenido en reserva tanto por pedido de la fuerza como de la Justicia, “para no alterar la investigación” con el argumento de que se sospechaba del círculo más cercano a Michetti. El entrecruzamiento de llamados involucró a su entonces custodio, David Juan Pablo Cruzado, asignado por el Ministerio de seguridad porteño. El dinero estaba repartido en lugares muy precisos de la casa (el cajón de la mesa de luz, una bolsa de papel madera a un costado de la cama, y en el interior de dos placares distintos). Cruzado pagó 20 mil pesos de fianza para salir en libertad el mes pasado y le embargaron un millón de pesos.

Pero más allá del episodio policial, los montos de dinero y las explicaciones de la vicepresidenta fueron sinuosos y dejaron posibles anomalías a simple vista. ¿Acaso no está prohibido que las fundaciones reciban donaciones en pesos? ¿SUMA justificó el origen de sus donaciones y cumplió con las normas antilavado? ¿Por qué Michetti declaró el supuesto préstamo de su pareja en pesos (al cambio oficial de noviembre de 2015) y no en dólares? ¿Los dólares fueron obtenidos con los permisos correspondientes de la AFIP? ¿Qué maestría haría su hijo capaz de costar 50 mil dólares? El diputado Tahilade informó a Página/12 que Juan Tonelli, pareja de Michetti, declaró dos veces en la causa sobre el robo “y que en ninguna de esas dos ocasiones dijo que los dólares se los hubiera prestado él”. Lo que abre la pregunta de ¿qué constancias hay de qué los dólares son un préstamo de Tonelli? “Ella lo incluyó en su declaración jurada, pero con posterioridad al robo”, dijo el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien presentó la primera denuncia contra la vicepresidenta.

En un comienzo, Martínez Herrero pidió que se investiguen las supuestas donaciones, de quién provienen, cómo se concretaron, si cumplen con toda la normativa exigida a las fundaciones. Reclamó la revisión de las declaraciones juradas de este año y el anterior de Michetti y de su pareja. Planteó que si los 200 mil pesos eran de donaciones, el dinero debía estar bancarizado. Informó a este diario, además, que hasta el 18 de julio SUMA no tenía empleados, al menos reconocidos.

La denuncia de Cabandié y Tailhade fue una ampliación. Ellos plantearon a SUMA como el posible paradigma bajo el cual actuarían otras fundaciones, como posibles pantallas para recaudar fondos para la política. Presentaron incluso una lista que incluyó a las fundaciones Creer y Crecer, de Néstor Grindetti (el intendente de Lanús, que es investigado por derivaciones de los Panamá Papers); Formar, de Guillermo Dietrich; y Fundar Seguridad y Justicia, de Eugenio Burzaco. Según los denunciantes, tendrían en el denominador común de no haber presentado balances en los últimos años ni cumplir con los estándares mínimos que se les pide a las ONG para prevención del lavado de activos. En la fundación SUMA, además de Michetti, son directivos el jefe del bloque del Senado, Federico Pinedo; el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; y el titular del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, entre otros.

El fiscal Marijuán le pidió al juez Lijo que abra una causa penal ante posibles delitos de “acción pública”, aunque no especificó cuáles serían. En el Gobierno intentaron bajar el tono a la situación y dijeron que era “lógico el procedimiento”, algo que no suele ser visto del mismo modo cuando los implicados son dirigentes de otras fuerzas políticas.

Algunos de los posibles delitos en puerta serían falsedad ideológica, en relación a la declaración jurada donde figura una deuda en pesos por el equivalente a 50 mil dólares a la cotización de noviembre pasado (461 mil pesos) aunque ahora serían por lo menos 300 mil más; también están en duda si se cumplieron las normas cambiarias; habrá que ver si como titular de SUMA Michetti cumplió con el deber de informar todos los aportantes y ofrecer documentación respaldatoria; además, las fundaciones que reciben donaciones superiores a 50 mil pesos deben informar sobre cumplimiento de normas de prevención del lavado ante la UIF; habrá que ver si se cumple con leyes impositivas ya que por la resolución 2681 de la AFIP las donaciones se hacen mediante depósito bancario, giro o transferencia, débito por cajero o débito, pero no está previsto el dinero en efectivo.