El expediente en el que se suspendió el tarifazo de gas fue remitido por la Corte Suprema a la Procuradora General. Llegó el miércoles 10, Alejandra Gils Carbó debe dictaminar a más tardar el jueves 18. Los jueces supremos estarán entonces en condiciones de resolver, tal vez se apresuren y lo hagan el mismo día.

El equipo del presidente Mauricio Macri presiona a los magistrados, tratándoles de imponer sus propios tiempos y urgencias. Gritan que está en peligro el suministro del servicio, en forma inminente. El argumento, como tantos otros, es forzado y trata de derivar responsabilidades propias.

La Cámara Federal Civil y Comercial de La Plata anuló la medida porque no se cumplió el requisito constitucional de la participación de ciudadanos y organismos de consumidores. Una violación clara, fácil de corroborar.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, un jurista autodidacta forjado en Shell, cuenta que el recaudo no es obligatorio. Auto contradictoriamente ofrece una pseudo audiencia para reparar la falla… que no existe según su discurso. Sería una audiencia rara, en la que sólo hablaría él, una conferencia de prensa. Algún asesor le habrá explicado que sería inútil y disfuncional: la retracta, de momento.

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Antaño y ahora: Es imaginable qué haría la Corte si conservara los criterios y la autonomía que ejerció con la composición previa. Pero el cuerpo es otro, con ausencias irremplazables y dos nuevos integrantes. Horacio Rosatti sentenciará sobre el tarifazo. Carlos Rosenkrantz se toma tiempos vaticanos para asumir, sin haber difundido razones: jurará el lunes 22, seguramente con la causa resuelta.

Antaño el Tribunal asignaba relevancia especial a las audiencias públicas, no sólo a las obligatorias. Es famosa la realizada en la demanda del Grupo Clarín pidiendo inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdsCA). Las hubo en muchos otros litigios, entre ellos los de provincias que reclamaban reintegro de fondos al Estado nacional. O en reclamos por el derecho a la vivienda o en juicios de ambientalistas contra provincias mineras.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que tiene escritos textos sobre el punto, llamaba a eso “mediación institucional”.

En sus albores, la Corte que reformó e higienizó el entonces presidente Néstor Kirchner, mostró activismo para “hacerle agenda” a otros poderes públicos. En la causa Riachuelo-Matanza emplazó a la Nación, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma a informar y realizar tareas. También intimó a importantes empresas que usufructuaban (contaminando de lo lindo) a la cuenca fluvial mencionada. En esos momentos augurales ejerció un activismo enorme e inédito, generando polémicas sobre la división de poderes mientras ampliaba el territorio de su competencia.

Durante los mandatos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner la Corte fue proclive a dictar inconstitucionalidades muy discutibles, con velocidad inusitada cuando estaban en juego normas referidas al Poder Judicial. El celo de los cortesanos por mostrar (a veces sobreactuar) independencia fue sello de esa etapa.

Para “aquella” Corte zanjar la cuestión hubiera sido sencillo, siguiendo la correcta traza de la Cámara Federal de La Plata. Se burló un recaudo constitucional, el aumento es ilícito por vicios de procedimiento. Al Tribunal le quedaría solo un dilema, operativo: si “hacerse pie” de las audiencias y convocarlas u ordenar realizarlas en otro ámbito institucional.

Vamos más allá. La cantidad de damnificados, esparcidos en todo el territorio nacional, determina que sea imposible (ficticio) que puedan ser representados en una sola audiencia. Particulares, organismos de consumidores, provincias enteras, empresas de distinto pelaje y porte, asociaciones voluntarias como comedores o centros populares, clubes de barrio… cien etcéteras.

El diseño, para no ser un simulacro y salvando las distancias, debería evocar el que aplicó el Congreso antes de la LdSCA. Numerosos foros, con oradores surtidos dando cuenta de la pluralidad y diversidad de los concernidos.

La pregunta del millón es si la nueva Corte tendrá los atributos para hacer la jugada única que le marca la ley, de modo razonable. Si se expondrá a ser criticada por el establishment y los medios dominantes. O si cederá las presiones públicas o a aprietes menos sutiles y menos visibles, que proliferan.

Arroja sospechas la entrevista secreta entre Lorenzetti y Macri hace poco más de un mes, versión trucha de la de Guayaquil entre dos próceres. De cualquier manera, jamás se debe cerrar el crédito antes de que los hechos se produzcan.

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Tiempo y formas: La situación es ciertamente enojosa, consecuencia de un rosario de torpezas e ilegalidades del macrismo. Autorizó a las concesionarias a facturar un incremento alocado, a sabiendas del avance de decenas de recursos de amparo. Proclamó que estaba obligado a obrar así, viejo truco de los oficialismos que esconde que siempre hay margen para elegir, aún en decisiones muy condicionadas. Tan es así que el aumento que trepaba a veces a mil, dos mil o cinco mil por ciento en tarifas diferenciadas se adecuó a una tarifa plana con tope en un 400 por ciento de suba. Los zigzagueos provocaron que las empresas no facturaran nada, ni siquiera la tarifa vigente con anterioridad. Nadie puede alegar en su beneficio la propia torpeza, reza un proverbio jurídico que le calza al macrismo como guante hecho a medida.

La cuenta regresiva acecha, invocan los macristas fingiendo demencia respecto de sus demoras. Un contra factual acecha a Cambiemos, es tan ostensible que hasta sus voceros mediáticos se lo enrostran. Demoraron en comenzar el itinerario del tarifazo. ¿Qué hubiera sucedido si las audiencias se convocaban al inicio de la interrupta luna de miel, digamos en verano? Por lo pronto, estarían menos en offside y es posible que el clima social les hubiera resultado más propicio. Como piso, las voces de los usuarios-damnificados le hubieran servido de advertencia… si hubieran sabido oír.

Las fechas, los montos, la bulimia para facturar fueron opciones elegidas entre un abanico de posibilidades. No justifican forzar a la Corte a fallar contra derecho para sacarles las papas del fuego al Gobierno y a las concesionarias (que son uno, a todas luces).

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Deudores y humanos: Claro que el reclamo central de los usuarios no es el procedimiento sino lo que deberán pagar.

Cuando se decía progresista, Lorenzetti recordaba en charlas y publicaciones que el derecho de Occidente viene restringiendo el poder de los acreedores sobre los deudores. Primero fue cargar contra su patrimonio y no contra las personas, suprimiendo la prisión por deudas. Luego fue reconocer la dignidad del que paga, sus derechos básicos imposibles de conculcar.

No hay margen legal para tarifas confiscatorias que lleven a la quiebra a las empresas o a la miseria a gentes de a pie. Tal vulneración podrá ser reclamada por cualquier particular o en “acciones de clase” que la Corte saludaba y honraba en el pasado reciente.

Vayamos de un contra factual que incrimina al Gobierno a un “PROfactual”. Imaginemos que la Corte traiciona su tradición cercana, se arrodilla ante el Ejecutivo y admite una elevación de tarifas ya… el famoso cuatrocientos por ciento.

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Saludo uno, saludo dos: Los abogados o portavoces de las gasíferas o los ex Secretarios de Energía que fungieron como sus delegados o mandatarios les soplan razones a los cortesanos. Alertan que la “seguridad jurídica” está en riesgo y es sabido que cuando se la menciona se piensa solo en la del gran capital.

La producción, atemorizan, puede suspenderse en cuestión de meses o menos… están habituados a macanear o distorsionar. No lo han probado ante juez alguno.

Dicen que compete al Ejecutivo determinar el cuadro tarifario. Ese es el único postulado válido, a condición de admitir que ninguna facultad del gobierno es absoluta, minucia que se soslaya.

Si los jueces de la Corte, haciéndose eco de una de las partes sin haber oído a la otra (en la que revistan millones de ciudadanos), dieran vía libre al nuevo cuadro tarifario desencadenarían un escenario difícil, para el Ejecutivo o para la cabeza del Poder Judicial.

“La Corte flamante” avalaría contra legem una medida antipopular sin poner fin a la conflictividad social. Se reactivarían los centenares de amparos basados en la lesividad de los precios y no exclusivamente en vicios de procedimiento. Por muy concesiva que sea, la Corte no tiene cómo cerrar esa puerta. Tampoco podrá calmar la creciente protesta popular que comenzaría a sumar a los magistrados en sus estribillos.

Desde el punto de vista económico, el horizonte tampoco sería placentero. Lloverían sobre los usuarios facturas con retroactividades calculadas por los acreedores… guau. Son abusadores de derecho seriales, hay que ser muy optimista o crédulo para dar por sentado que no habrá errores de cálculo… siempre a favor del emisor.

Pongámosle buena onda, dentro de todo. Imaginemos que no habrá errores sino solo excesos: todo indica que, igualmente, el tarifazo acumulado impactará sobre el bolsillo de los argentinos. Se desplazará a costos de productos y servicios: sabemos cómo funciona la economía nacional. La inflación recobrará bríos y podrían volver las marcas del primer semestre. El valor adquisitivo de los salarios padecerá una nueva poda, en un año aciago.

Los círculos viciosos del modelo macrista se realimentan, porque su praxis se concentra en el lucro empresario sin calibrar otras variables. Sin ir más lejos, la operatoria de las tarifas no incluye compromiso alguno de inversión. Se da por sentado que eso ocurrirá pero el estado no actúa para motorizarlo. La Corte tendría que analizar ese aspecto cuando le tiran por la cabeza que el tarifazo catalizará las inversiones. Es pura fe del carbonero neocon que cree en el derrame pero no en los contratos firmados.

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Circo sin pan ni manteca: Los minués y contradanzas del Congreso difícilmente interesen a alguien más que un puñado de iniciados. Las tratativas de la semana desembocaron en una semi interpelación a Aranguren, solo ante comisiones. El Gobierno quiere preservar a su paladín que es mal orador y peor político. Colocarlo frente a frente con el ex ministro De Vido, suponen los armadores del relato M, será pura ganancia.

Pretenden una remake de un cruce de consignas que se oyó días atrás: los kirchneristas coreaban “no al tarifazo” y los macristas replicaban “no al choreo”.

El oficialismo espera empatar o vencer con ese intercambio. Si se habla de tarifazo gritarán (o los medios mostrarán) al ex secretario José López. Si varias consultoras comprueban que aumento la pobreza, aludirán a Lázaro Báez. Si se hace el conteo de despidos y suspensiones, se hablará de la ruta del dinero K.

El pan (y la manteca, ahora) se retacean, calculando que el circo servirá de tapadera.

Las reacciones sociales masivas desvisten la jugada. La CGT se reconstituirá, los dirigentes kirchneristas serán solo una parcialidad dentro de la nueva central obrera. La marcha de trabajadores de la economía popular del domingo pasado fue pluralista políticamente, con fuerte apoyo de organizaciones sociales de izquierda. Los ruidazos expresan a amplios sectores medios donde habrá votantes de Macri que esperaban maná y no malaria.

El Frente para la Victoria (FpV) no es la vanguardia de la revuelta social poli clasista y pluralista a la que se sumaron los docentes de varias provincias. Ese es un desafío para el kirchnerismo, que debe revalidarse y en cierta medida recrearse si aspira a ser núcleo de una oposición mayoritaria. Paradójicamente, o no tanto, también es un problema para el macrismo que hace tiempo pelea con un adversario más duro y presente que el FpV actual. Es la realidad regresiva que va creando, en detrimento de intereses o derechos mayoritarios.

Crece la incapacidad para recalcular lo que, amén de crear conflictos, mete un poco de temor. Una frase clásica decía que no hay nada más peligroso que un burgués asustado. Sí lo hay y la historia cercana alecciona (remember Fernando de la Rúa): es un gobierno ensimismado y soberbio, enojado con la realidad.

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