Hacía muchos años que ningún actor político relevante llamaba “guerra sucia” al terrorismo de Estado, como lo caracterizó la CONADEP en 1984 y la Corte Suprema de Justicia en 2005, ni expresaba indiferencia por sus víctimas. La conmoción fue tan extendida e inmediata, incluso dentro de la Alianza Cambiemos, donde Ricardo Alfonsín y Federico Pinedo rechazaron cualquier equivalencia entre las organizaciones político-militares y la represión dictatorial, que el propio gobierno se vio forzado a rectificar por vía de interpretación las palabras que el presidente Maurizio Macrì empleó en un reportaje concedido el miércoles a BuzzFeed, la compañía neoyorquina de comunicación sobre contenidos en redes sociales. Ante una pregunta sobre la cantidad de personas detenidas-desaparecidas entre 1976 y 1983, Macrì respondió: “Ni idea”. Al referirse al tema en un ping pong de preguntas y respuestas rápidas del tipo ¿Fernet o Malbec?, ¿Taxi o Uber?, ¿Messi o Maradona?, Macrì banalizó lo que él mismo llamó “una horrible tragedia” o “lo peor que nos pasó en la historia”.

Cuestión de coherencia

La descontextualización de lo sucedido, sin la menor referencia al proyecto de sociedad que aquella violencia impuso, es coherente con la trayectoria del presidente: el holding familiar que lleva su apellido, SOCMA o Sociedades Macrì, despegó del montón hacia la cúpula patronal durante aquellos años, con López Rega primero y Massera y Videla después. No sólo fue uno de los mayores beneficiarios de ese proceso (tenía siete empresas en 1973 y 51 diez años más tarde; el endeudamiento externo de sus empresas rondó los 300 millones de dólares, cuyo pago fue asumido por el Estado; recibió subsidios de promoción industrial por 55 millones de dólares y fue uno de los principales contratistas de obras públicas), sino que también colaboró con las fuerzas represivas: fue uno de los capitalistas que financiaron el viaje y el entrenamiento de medio centenar de oficiales de las Fuerzas Armadas de Centroamérica por el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, donde aprendieron la técnica del secuestro, la tortura y el asesinato clandestino, una práctica en la que puede rastrearse la expresión desafortunada que utilizó el presidente. Al concluir la dictadura los grandes empresarios descubrieron el discreto encanto de la democracia. Todo limpio, sin golpes, sin gritos. Lo bueno del terror es que su efecto perdura. SOCMA no vio ningún inconveniente en donar a través de su rama informática SIDECO una procesadora de texto a la Cámara Federal que llevaba adelante el juicio a los ex Comandantes. La sumisión de radicales y peronistas a las nuevas reglas del juego sugiere que los militares y sus asociados tenían razón: bastaba con asesinar a los mejores cuadros de una generación para imponer una reestructuración profunda de la sociedad, eso que Rodolfo Walsh llamó “la miseria planificada de millones” y que consideraba la peor violación a los Derechos Humanos. Esa etapa concluyó con la crisis de fin de siglo y el despertar de 2003. Hasta que llegó Maurizio Macrì para negar, desde la derecha del espectro, el fin de la historia.

Medios y fines

La expresión guerra sucia fue acuñada por los miembros de la Junta Militar para justificar la represión, como recordó el ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Tom Farer, en una entrevista que concedió en 1998 al periodista del diario Clarín, Alberto Amato. Dijo que durante la visita de la Comisión en 1979 también la utilizaba “otra gente respetable, banqueros, abogados, empresarios”. Durante el juicio de 1985 a los ex Comandantes varios testigos contaron un diálogo en la cárcel de Villa Gorriti con el obispo de Jujuy, José Miguel Medina, quien les dijo que seis detenidos por quienes le preguntaban habían sido juzgados, condenados y ajusticiados.

–¿Usted no se opuso? –le preguntaron.

–Estamos en una guerra sucia –respondió.

Desde la militancia perseguida se utilizó la misma locución, para describir los métodos de la represión ilegal. “Historia de la Guerra Sucia en la Argentina” es el título de la primera denuncia que escribí en 1976 sobre el campo clandestino de concentración que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada y que se distribuyó por las redes de la Agencia de Noticias Clandestina, ANCLA. Una vez terminada la dictadura reformulé la frase para disipar cualquier lectura ambigua y durante años escribí “guerra sucia militar contra la sociedad argentina”. En el juicio a las Juntas de 1985, los procesados argumentaron que “en la guerra no rige el derecho” porque “no tiene normas”. Pero la Cámara Federal rechazó en la sentencia que “el fin justifique los medios”. Los seis jueces (entre ellos el actual integrante de la Alianza Cambiemos, Ricardo Gil Lavedra, y el defensor de Carlos Pedro Blaquier, propietario del ingenio Ledesma, Jorge Valerga Aráoz) escribieron que el homicidio, la tortura, el robo, el daño indiscriminado, la privación ilegal de la libertad “son antijurídicos para el derecho interno argentino. Son contrarios al derecho de gentes. No encuentran justificación en las normas de la cultura. No son un medio justo para un fin justo. Contravienen principios éticos y religiosos”.

El Secretario de Rec… de Derechos Humanos, Claudio Avruj, enmendó la patinada presidencial con un comunicado escrito. En menos de 150 palabras dijo que la única guerra sucia, (que escribió entre comillas), es la del Estado por los crímenes cometidos. También repudió y condenó “el terrorismo de Estado desplegado y a sus perpetradores”. Añadió que “30.000 es la cifra que marcó el camino de la lucha de la sociedad argentina por esa memoria, verdad y justicia”, tal como había sostenido cuando el ex secretario porteño de Cultura, Darío Lopérfido de Mitre, pretendió que esa cifra se había inflado para cobrar subsidios. Está claro que el gobierno nacional cada vez que aventura un pie en las aguas heladas de la impunidad, debe retroceder ante la consistente respuesta social. Pero, como se señaló durante las Cuartas Jornadas Nacionales de Abogadxs en Causas por Crímenes de Lesa Humanidad, que concluyeron ayer en la Exma, Macrì intenta destruir las políticas estatales de apoyo al juzgamiento a los responsables del terrorismo de estado, por lo que pidieron la declaración del estado de emergencia judicial. Ante todo, el gobierno desmanteló o redujo a la anemia presupuestaria las áreas que aportaban pruebas a la Justicia sobre responsabilidad o complicidad con el terrorismo de Estado. Sin esos aportes y con la persistente dificultad para integrar tribunales orales en distintos lugares del país, la marcha de los juicios se ha hecho más lenta, hasta llegar a la parálisis cuando se trata de las responsabilidades empresariales. La Secretaría de Derechos Humanos se retiró como querellante en las causas del desapoderado banquero Eduardo Saiegh contra el ex vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, su primo William Reynal, Federico, Pablo y Eduardo Braun, parientes de Marcos Peña Braun y Miguel Braun, actuales jefe de gabinete y Secretario de Comercio. El banco de Saiegh tenía en caución parte del paquete accionario de la compañía aérea Austral, entre cuyos titulares estaban los Braun y Willy Reynal. Contra la opinión de la Fuerza Aérea, la dictadura expropió esa empresa quebrada, con lo que en vez de cobrarles la deuda que tenían con el Estado les pagó una compensación. Luego, el ministro de Economía José Martínez de Hoz ofreció Austral en venta a Franco Macrì y a Carlos Pedro Blaquier, operación que no se concretó. Esta historia fue reconstruida por Celeste Perosino, Bruno Napoli y Walter Bosisio, el equipo de investigadores de la Comisión Nacional de Valores y luego del Banco Central, quienes trabajaron sobre las actas de la Junta Militar que la Fuerza Aérea entregó al ex ministro de Defensa Agustín Rossi. La Secretaría de Derechos Humanos argumentó que Saiegh invocaba el carácter de querellante del Estado como garantía de un fondo fiduciario de inversión por 100 millones de dólares. Por cierto, hubiera bastado con aclarar que esa interpretación era extravagante, pero Avruj prefirió retirarse de la causa. Antes, el gobierno dejó sin funciones a Perosino, Napoli y Bosisio, al disolver las áreas en que se desempeñaron, en el BCRA y en la CNV. A esto se refería Macrì cuando le dijo a BuzzFeed que no quería “interferir” con la Justicia como cree que hizo el anterior gobierno.

Ayer, hoy y mañana

Con el mismo propósito de relativizar la importancia de los juicios, el presidente sostuvo que su prioridad son “los derechos humanos del siglo XXI”: la educación, la salud, el trabajo, el transporte público, la violencia de género. Pero cuando la periodista le preguntó si su oposición al aborto, que obliga a las mujeres a la clandestinidad, no era violencia de género, Macrì respondió que “la vida es algo único y nos cambia a todos para siempre cuando uno tiene un hijo”, la cínica manera de un millonario de desentenderse del tema. La inquisitiva Carla Zabludovsky quiso saber como garantizaría la salud de las mujeres “que van a seguir abortando”. El presidente dijo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había aprobado un protocolo que permitía “conducir las cosas de un modo razonable”. Ese protocolo sólo se refiere a los abortos no punibles, como en casos de violación, y un grupo de organizaciones no gubernamentales pidió su inconstitucionalidad, porque en vez de favorecer la práctica la obstaculiza, con requisitos que no contemplan el Código Penal ni el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. Con un rigor profesional que deberían envidiar los periodistas argentinos que entrevistaron a Macrì, la colega mexicana le preguntó por el incremento de la pobreza bajo su gobierno, su escasa credibilidad como “líder de la cruzada anticorrupción” y la funcionalidad de las denuncias contra el gobierno de CFK para tapar los efectos del tarifazo o el escándalo de los Panama Papers. El presidente repitió el exitoso libreto diseñado por Jaime Durán Barba y Marcos Peña Braun, según el cual todos esos problemas son obra del gobierno anterior y el actual llegó para decir la verdad: la inflación y el tipo de cambio estaban reprimidos, el tarifazo fue un “sinceramiento”, el aumento del 500 por ciento es “lo más gradual que podíamos”, de otro modo no habría energía y sin energía no vendrían las inversiones que generarían crecimiento para reducir la pobreza, ya que el país llevaba más de cinco años estancado y sin crear empleo, pero abusando de las reservas “sostuvo una apariencia” (sic). Este cuento de hadas ha sido desmentido por los datos oficiales, privados y de organismos internacionales y cada día es menos eficaz para engañar a quienes padecen las consecuencias de su política, como admite desde Londres hasta The Economist.

Mientras los ex secretarios de Energía que operan como consultores y lobbystas de las empresas petroleras justifican el tarifazo, el especialista Roberto Kozulj, vicerrector de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, explica que en los últimos dos años las tarifas de gas crecieron en forma significativa. Entre 2008 y 2014 los incrementos en Capital Federal y Gran Buenos Aires fueron de entre 3 y 7 veces según los rangos de consumo; en 2008 se autorizaron aumentos del 40 al 75 por ciento, salvo para los usuarios de mínimos consumos y en mayo de 2015 volvieron a crecer. Es sobre ese cuadro que a partir del 31 de marzo de 2016 deben multiplicarse las tarifas hasta por 5. La suposición de que los supuestos bajos precios del gas natural fueron la causa de la declinación por parte del sector privado (cuya producción cayó en unos 10 millones de metros cúbicos diarios, mientras la YPF estatizada aumentaba la suya en 7 millones), muestra que la transferencia de ingresos a los productores de gas desde 2008 tuvo magros resultados pese a los “precios más que razonables”. Para Kozulj los nuevos precios en boca de pozo implicarán una enorme y nueva transferencia de rentas sin asegurar ni el autoabastecimiento ni la exploración de riesgo, ya que no implican compromisos de inversión en exploración y “bien podrán acelerar el agotamiento de las reservas”, tal como ocurrió a partir de la privatización de YPF. Para el experto el problema fiscal se agravará en cualquier caso: por la caída de la demanda agregada, del nivel del producto y del empleo si los usuarios pagan estos costos o por medio de subsidios a los productores, si no pueden afrontar las nuevas tarifas. La única solución sería un acuerdo razonable entre los productores petroleros y los gobiernos nacional y provinciales sobre los niveles de producción y precios necesarios “para salir de un atolladero donde además el problema fiscal agrava el retraso cambiario, a la vez que precios dolarizados para el gas impactarán inevitablemente sobre la inflación en una perversa espiral que atenta contra el conjunto de actores para los cuales disponer de energía es una necesidad”. A partir de este análisis de Kozulj, aparece el problema de fondo que empresas, consultores y gobiernos soslayan, que es la fijación del precio en boca de pozo. El Estado no ha desarrollado métodos para determinar el costo de producción, que las empresas declaran bajo juramento, de modo que el precio lo fijan siempre las petroleras, y la ley vigente no considera ese tramo servicio público, sometido al mecanismo de audiencia pública. Cuando el mercado mundial está en alza, las petroleras reclaman el precio internacional, pero cuando baja exigen un subsidio, como el que rige en la actualidad. Esto es lo que nunca sincerará el gobierno que vino a decir la verdad.