“Hay que sacar de la agenda social la discusión sobre los números, porque lo que está en juego es la inmensidad del crimen”. Luego del encuentro nacional de abogados de lesa humanidad declarado de interés por el Ministerio Público Fiscal, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, analiza el estado de las causas por crímenes de lesa humanidad que para las y los abogados están en situación de “emergencia”. Habla de una “desaceleración” de los juicios y analiza el rol de la Corte Suprema. Sostiene que esta no es una política de gobierno, sino que sus avances son producto de una construcción social. Y también se refiere al reclamo de prisiones domiciliarias de los represores detenidos en las cárceles. “Con 45 por ciento de los detenidos de lesa humanidad en prisión domiciliaria -se pregunta- ¿dónde está la injusticia o la negación de derechos?”.

–¿Cuál fue su lectura de las declaraciones de Macri sobre el número de los desaparecidos y el encuadre de “guerra sucia”.

–Tiene cierta ambigüedad lo que dijo pero lo que queda claro es que hay que sacar de la agenda social la discusión sobre los números. No se puede insistir con que hubo 9 mil, 10 o 30 mil porque eso pone en crisis el centro de gravedad de la memoria colectiva. Lo que está en juego no es la cantidad sino lo que está indicando el cuestionamiento. Trasmite una idea de que en definitiva es la cantidad lo que define la gravedad del crimen. En los crímenes del terrorismo de Estado, imbricando con el crimen, está el proyecto de olvido y una de las formas es quitarle entidad. Es como si pusiese en crisis la cantidad de muertos en Auschwitz, eso es una contabilidad macabra, que quedó escondida en la inmensidad del crimen. Lo que está en juego es la inmensidad del crimen. Después de los crímenes de la dictadura, la vida no es igual, y esto es lo que queda claro, por eso son de lesa humanidad.

–¿Hay consensos ya establecidos que parecen volver a estar en discusión?

–Estos procesos siempre fueron difíciles. Pero han sido una construcción del conjunto de la sociedad. Lo señalamos cuando dijimos que la impunidad tuvo sostenes. En un momento, pensábamos que eran las leyes. Luego, los indultos. Y después nos dimos cuenta que el propio Poder Judicial formaba parte de la estructura conservadora, que de alguna manera dificultó el avance de los procesos. Y desde luego el discurso de un sector de la sociedad que convalidó el terrorismo de Estado. Ese discurso también formó parte de las dificultades. Pero esas dificultades quedaron superadas, la sociedad las superó. Son parte de las conquistas que están incorporadas al patrimonio moral de lo social. Reabrir discusiones afectan éticamente a estos procesos y son los que activan sensores y preocupaciones como sucedió en la reunión de abogados. Algunos piensan que estos procesos quedan atados a la agenda del nuevo gobierno, cuando en realidad son parte de la agenda social y no de los gobiernos. Tampoco lo fueron del gobierno anterior. Lo que hizo el gobierno anterior fue tomar la decisión política de sintonizar con el reclamo social. Por eso se convirtió en política de Estado. Eso también apareció en palabras del propio presidente de la Corte, cuando dijo que los juicios formaban parte del contrato social de los argentinos. Si es así, entendamos que no tiene vuelta atrás.

–Desde diciembre el proceso de memoria, verdad y justicia parece marcado por retrocesos. Los abogados reunidos el sábado sacaron un documento en el que declaran la emergencia de los juicios. ¿Cuál es su evaluación?

–Nosotros existimos como Procuraduría porque hubo que controlar la marcha de los procesos. La Corte hizo lo mismo con la Comisión Interpoderes. Es muy difícil determinar el grado de intensidad del proceso por la contabilidad de los juicios. Lo único que sí podría señalarse son algunos datos preocupantes. La famosa Comisión Interpoderes de la Corte hoy no existe. Tenía una función importante, como mensaje al interior del propio Poder Judicial y porque colaboraba en la asistencia de logística y la integración de tribunales. Era nuestra caja de resonancia de problemas de cada jurisdicción. Eso es un déficit y una señal que transmite preocupación. Hay un cambio, pero no sé si tiene que ver con el cambio de gobierno. La dinámica en los juicios no es la misma, por ejemplo, tienen muy pocas audiencias mensuales.

–¿A qué se debe?

–Hay una baja que no se compadece con la necesidad de celeridad que necesitan estos procesos. Hablamos de causas con muchos hechos y muchos años. Menos horas de trabajo, prolonga el tiempo. Y vamos a terminar con impunidad por muerte de muchos imputados y falta de testigos. Esto compromete seriamente la finalidad del proceso penal. La planificación de los juicios no puede dejar de lado la ponderación de esta circunstancia. Ese es uno de los temas, el otro es la falta de jueces. Esto también se trataba en la Comisión Interpoderes, donde había un representante del Senado, para ver si el problema era de pliegos, pero también estaba representado el Ejecutivo, el Consejo de la magistratura. Todo eso ahora eso no está.

–Los represores se empeñan en volver a sus casas. ¿Cómo ven esto?

–Ya lo insinuaban. Lo decían a viva voz. Siempre trataron de atar estos procesos a una coyuntura política. No me extraña que aparezca una especulación como respuesta a un cambio de gobierno. Pero los planteos tienen que seguir el trámite que la ley marca.

–¿Un detenido puede acceder a la domiciliaria solo porque tiene 70 años?

–La legitimidad está en la propia letra de ley. Cuando planteas aspectos como la salud, que obedecen a patologías y enfermedades terminales, deben estar acreditadas con prueba suficiente. Pero, además, hay que tomar recaudos, sino la prisión domiciliaria se lee en términos de libertad, excarcelación e impunidad. El 50 por ciento de los imputados y condenados están en sus casas. ¿Qué es lo que dice esto? ¿Dónde está la injusticia o negación de derechos que aducen? Evidentemente hay otra cosa que se esconde atrás de estos reclamos: nuevamente una negación del proceso.

–¿Cómo son los lugares de detención según ustedes?

–Creo que usan como coartada la cuestión de la prisión domiciliaria o que están en malas condiciones para atacar el estatus moral de los juicios. Pero una cosa es el argumento con el que buscan impunidad y otra el ropaje de argumentación jurídica, que sólo es una razón aparente. Lo que hay atrás es el intento de devaluar moralmente los procesos y esa devaluación moral es la que a ellos les permite sostener ese reclamo. Los datos que tenemos señalan que están en buenas condiciones. Las cárceles no son un parque de diversiones. La exigencia constitucional es que sean espacios limpios. Lo grave son los privilegios. Deberíamos lograr que los demás presos estuvieran como los presos de lesa humanidad. Porque si los datos son así, lesionan gravemente el principio de igualdad ante la ley. Ahí sí tenemos los derechos humanos lesionados.

–¿Observa un cambio de estándar de la justicia? ¿El fallo que anuló la sentencia de la masacre de Capilla del Rosario es aislado o una línea que avanza?

–Cuándo salió el fallo Blaquier (que benefició al empresario con falta de mérito) era otro gobierno y era un año con un alto índice de sentencias y juicios. El Poder Judicial es el mismo.

–¿Cree posible el avance en cuentas pendientes como los grupos económicos?

–Es un cometido que nos debemos. Sino no avanzamos, nos quedamos con el sabor de la injusticia. Implica traer a todos los responsables: los ejecutores directos de las Fuerzas Armadas, los sectores del Poder Judicial y los grupos económicos. En Mendoza hay jueces imputados. Marca que esto está en agenda. Tenemos un problema para integrar tribunal pero no vamos a hacer una selectividad sobre a quiénes llevar a juicio y a quiénes no. Esto siempre fue difícil, pero avanzamos y seguiremos. Lo que no podemos tolerar son los vientos de impunidad.