“No es cierto que el aumento del gas esté destinado a eliminar los subsidios”, tampoco que “sirvan para asegurar inversiones en exploración y explotación de gas”, y menos aún que “la facultad del Poder Ejecutivo para actualizar las tarifas, que le pertenece, pueda ser ejercida sin los límites que impone todo acto público”, difundió ayer en un documento el Centro de Estudios Para la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que logró frenar el tarifazo en la justicia.

“Solamente sirve para quitar en transporte y distribución parte del subsidio existente, ya que en 2014 se lo había disminuido sustancialmente”, apuntaron los profesionales del Cepis en el documento en el que desarman la argumentación que el gobierno de Mauricio Macri esgrime para defender el desmedido aumento de tarifas que se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Con el encabezado de “no es cierto que”, el CEPIS señala que “en la concesión graciosa que otorga el Gobierno a las empresas no hay condiciones de ningún tipo que supongan un aliento a las inversiones, ni exigencias de ningún carácter para acceder a ese beneficio, está solamente la pluma del Ministro”, y agregan sobre las decisiones de la presidencia que “la facultad del Poder Ejecutivo para actualizar las tarifas, que le pertenece, pueda ser ejercida sin los límites que impone todo acto público, y las especiales restricciones que ha desarrollado la doctrina y jurisprudencia”, entre otros puntos.