El fallo de la Corte Suprema que avala el freno al tarifazo del gas repercutió en el Congreso. La alianza oficialista Cambiemos no logró reunir quórum en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados en el que buscaba avanzar en la reforma electoral para implementar la Boleta Unica Electrónica (BUE) en todo el país para las elecciones legislativas del año próximo. El oficialismo anunció igual que modificará el texto del proyecto original para cederle a la Cámara Nacional Electoral (CNE) el control y difusión del escrutinio provisorio de la elección, en medio de una dura negociación con la justicia electoral que reclama tiempo y presupuesto para homologar y auditar antes y después de los comicios el sistema informático que se elija y que no prevé la iniciativa. Cambiemos también tendrá que abrir el proyecto del Ejecutivo a los cambios que pidió la oposición amigable donde prima el reclamo de una implementación progresiva de la BUE.

La conmoción por el fallo cortesano contra el aumento del gas para los usuarios domiciliarios sin audiencia pública y la rueda de prensa con que los ministros asumían el golpe temporal en la Casa Rosada, paralizó a los diputados de Cambiemos que a esa misma hora estaban convocados al plenario para analizar la reforma electoral. Con escasa presencia oficialista, raleado presentismo de los opositores amigables y los pocos diputados del Frente para la Victoria que no se sentaron para facilitar el quórum –rechazan la BUE por la “vulnerabilidad” del sistema electrónico–, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, fracasó.

“Con el fin de dotar de la mayor transparencia posible a todo el proceso electoral, hemos decidido propiciar un cambio: atribuirle la competencia para la realización del escrutinio provisorio y la difusión de estos resultados a la Cámara Nacional Electoral”, informó el macrista Pablo Tonelli antes de levantar el plenario. Luego invitó a los distintos bloques a presentar por escrito las “sugerencias de modificaciones” –como ya lo hicieron massistas, justicialistas y socialistas– para intentar construir un dictamen de mayoría consensuado “la semana que viene o la próxima”. Algo inevitable para el oficialismo, que necesita la mayoría especial de 129 votos positivos (la mitad más uno de los miembros de la Cámara) en el recinto para darle media sanción a la reforma.

La concesión de Tonelli a la CNE tampoco fue casual. El tribunal electoral ya había expuesto otros reclamos ante los diputados. Especialmente aquellos puntos de su competencia que en el proyecto oficial no contempla plan B. Como el presupuesto para boletas de papel en aquellos distritos en los que no se pudiera utilizar la BUE en medio de una posible implementación progresiva, como planteó el grueso del arco opositor y sugirió al propia CNE. El tiempo necesario –que no coincide con el apuro oficial– y el presupuesto que significa homologar y auditar el sistema de votación electrónica, que la Cámara quiere también extender más allá de la elección.

Las negociaciones políticas transitarán varios senderos por fuera del plenario de comisiones. Uno será la mesa chica que Cambiemos armó con los bloques de la oposición amigable y de la que participan Tonelli y Silvia Lospennato (Pro), Jorge D’Agostino (UCR), Juan Fernando Brügge (UNA) y Javier David (Justicialista), entre otros legisladores.

Allí se resolverá si la implementación de la BUE será progresiva o no y si se modificará el sistema de las PASO, donde el macrismo propone que los votantes en las primarias obligatorias queden atados a optar por una sola interna partidaria o si los ciudadanos podrán participar como hasta ahora en varias internas en las distintas categorías de cargos electivos. En este punto, el massismo sorprendió con una propuesta de realizar Pasos por regiones. Una alternativa que resiste el macrismo, que también aspira con el proyecto a reducir el calendario electoral.

Los únicos excluidos de las negociaciones son el FpV y el FIT que rechazan el proyecto oficial. “La adecuación tecnológica no es sinónimo de transparencia”, dijo el diputado kirchnerista Juan Cabandié a Página/12, para luego insistir en que el sistema propuesto por el oficialismo “es altamente vulnerable como lo demostró un fallo de la propia justicia porteña”.

El macrismo, en tanto afronta sus propios problemas internos: la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal no estaría convencida para sus propias aspiraciones electorales, que el sistema de BUE se pueda implementar en la provincia en 2017. La otra dificultad, es que se le acortan los tiempos: el proyecto deberá ser aprobado antes de la presentación del presupuesto nacional para el año próximo (previsto para septiembre), donde deberá estar contemplada la partida económica correspondiente a uno de los temas que el Gobierno guarda en secreto: qué sistema elegirá y si alquilará o comprará casi 100 mil máquinas o dispositivos de votación que se necesitan para aplicar la BUE en todo el país.