La Cámara Federal porteña revocó por “prematuro” el sobreseimiento del titular del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y ordenó continuar la investigación por supuesta defraudación a raíz de donaciones a la Fundación Pensar, en la que, consideraron, existen “diligencias pendientes de producción” lo que “impide arribar a un pronunciamiento definitivo como el ocurrido”. La Sala II del Tribunal de Apelaciones dispuso, además, que Ariel Lijo, el juez del caso y quien en marzo pasado deslindó a Lombardi de las acusaciones por defraudación, defina si la causa debe seguir en el fuero federal o pasar al de la justicia de la ciudad de Buenos Aires.

En consonancia con el dictamen elaborado por el fiscal ante Casación, Ramiro Velazco, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah devolvieron a primera instancia el expediente que compromete al ex ministro de Cultura porteño y al presidente de la Fundación Pensar, Matteo Goretti en el desvío de fondos públicos. En un fallo que emitieron el 10 de agosto pasado pero conocido ayer, los camaristas entendieron que “el análisis de los elementos recabados a lo largo de la investigación llevan a compartir el criterio sostenido por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia en cuanto asigna carácter prematuro a la desvinculación dispuesta, pues la existencia de diligencias pendientes de producción impide arribar a un pronunciamiento definitivo como el recurrido, imponiéndose –por ende– la revocación de lo decidido”, afirmaron los camaristas.

Además, la Cámara sostuvo que “a la luz de la naturaleza de los hechos investigados”, el juez deberá examinar “su competencia para continuar interviniendo en la pesquisa”. Lijo sobreseyó a Lombardi y Goretti en marzo pasado, una decisión que fue apelada por la fiscal Paloma Ochoa, quien había impulsado la causa a propósito de una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a fines de 2015. En su apelación, Ochoa consideró que “el examen de las evidencias reunidas en el sumario permiten arribar a una decisión diametralmente opuesta a la impugnada, en tanto la hipótesis de ilicitud que motivó el inicio del sumario se ha visto a su criterio robustecida, siendo necesario profundizar la investigación a efectos de poder contar con un panorama acabado”.

La causa se inició por una denuncia de la Procelac cuando Lombardi era ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires y se investigaban donaciones que la Fundación Centro de Estudios de Políticas Públicas Aplicadas (Ceppa), también a cargo de Goretti, habría realizado a la Fundación Pensar con dinero obtenido del Estado porteño para fines culturales. Tras recibir la denuncia de parte de la Procelac, Ochoa imputó a Lombardi y a Goretti y le solicitó al juez que investigue si el titular de las fundaciones había utilizado al Ceppa como una plataforma para desarrollar una ingeniería de lavado de activos previamente sustraídos de manera fraudulenta de las arcas porteñas. Entonces, para la fiscalía, Goretti “valiéndose de la Fundación Ceppa e invocando fraudulentamente el Régimen de Promoción Cultural” establecido por la ley porteña 2264 obtuvo recursos del gobierno de Mauricio Macri estimados en 1.302.153 pesos a partir de actos administrativos dictados por Lombardi que “no se dirigían al destino para el que fueran suministrados, esto es la promoción de actividades culturales”, sino que “se desviaban” y servían para financiar la Fundación Pensar.