Producción: Laura Vales

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Eduardo Montes, de Gráfica Patricios

“Vamos a insistir con amparos”

“Nuestra cooperativa en el 2003 tenía 28 trabajadores y hoy ya somos 59. Solamente el tarifazo en los servicios nos impactó en 23 salarios mínimos, vitales y móviles por mes”, cuenta Eduardo Montes, de la Cooperativa Gráfica Patricios. “El problema es que no se trata sólo de las tarifas. La devaluación también nos impactó, porque pasamos de un dólar a 9,50 al actual de 15 y nuestros insumos son importados, la tinta, el papel... La tercera política de este Gobierno que nos viene a quitar las fuentes laborales es la apertura de importaciones. Estimamos que en seis u ocho meses va a empezar el cierre de talleres gráficos.”

–En ese marco, ¿cómo los afecta el fallo de la Corte?

–El fallo dejó afuera a los sectores productivos, clubes, teatros, a todas las llamadas personas jurídicas... la Corte le dijo además al Gobierno que tiene que hacer la audiencia, que como sabemos no es vinculante, y a la que nosotros, como personas jurídicas, no podemos presentarnos porque para eso hay que ser damnificado, y según el fallo nosotros no estamos damnificados. Por otro lado, no dejamos de ver que la resolución de la Corte favorece a los usuarios residenciales, pero sólo por un tiempo.

–¿Cómo sigue para las recuperadas la pelea contra el tarifazo?

–Vamos a insistir con los amparos y las acciones judiciales que impulsamos no solos, sino con la Multisectorial, porque entendemos que el proceso es colectivo. Estamos preparando el amparo por el agua, lo queremos presentar el lunes o martes como ya hicimos con el pedido de cautelar por la luz. Y hay proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación que tienen que seguir su camino.

–¿Qué proponen esos proyectos?

–Un régimen de tarifas diferenciadas; hay uno específicamente para las empresas recuperadas. También entendemos que estamos frente a un Gobierno que día a día sigue avanzando en sus políticas de destrucción del empleo. Bueno... esto es una puja y saldremos a la calle. Nuestro lugar de resistencia es la calle, porque si nos quedamos en la fábrica, la fábrica cierra.

–La multisectorial viene de convocar al último ruidazo, en el que sumó a los usuarios particulares. ¿Va a desinflarse la protesta ahora?

–Creemos que no. Esta fue una victoria pírrica: el fallo de la Corte se debe en parte a los ruidazos que se hicieron, a las medidas que fuimos impulsando como organizaciones y que fueron tomadas por el conjunto de la gente. La pelea va a seguir porque después de esto, el tarifazo sigue: lo que se desactiva por un tiempo es la suba del gas, mientras que los de la luz y el agua están vigentes.

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Boada, de Usuarios y Consumidores

“Necesitamos una solución colectiva”

–¿Cuál fue el criterio de la Corte para limitar a los hogares la anulación del aumento del gas?–, le preguntó este diario a Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores.

–Es una cuestión muy técnica. La Corte no rechazó la demanda para los demás sectores, sino que dijo que no pudieron constituir un colectivo con intereses individuales homogéneos. Una de las claves para tener legitimidad colectiva ante la Justicia es que haya intereses individuales homogéneos; esto significa que haya un hecho central desencadenador del daño, que haya daños individuales, y que este daño sea de una magnitud tal que sea inviable llevarlo a la Justicia de manera individual.

–¿Cuál sería un ejemplo?

–Un daño al medioambiente, por ejemplo. Es un único daño que afecta a un colectivo; se trata de derechos difusos.

–¿Tiene sentido entonces que cooperativas y pequeñas y medianas empresas insistan judicialmente para que no les apliquen el aumento del gas?

–Sí, porque el fallo de la Corte no les cerró la puerta. La Corte dijo “este fallo sirve para los usuarios residenciales”, pero no les dijo a las Pymes o cooperativas “ustedes no tienen derecho”. A mí me parece que a la Justicia le van a caer miles de casos a resolver, de presentaciones individuales o colectivas. El fallo es muy bueno en el reconocimiento de derechos. Establece, en este aspecto, la necesidad de audiencias públicas previas a los aumentos, y que en la audiencia pública no se tiene que discutir únicamente transporte y distribución, sino también lo que se llama gas en boca de pozo. Eso es muy importante, el 70 por ciento del precio de lo que pagamos es gas en boca de pozo. Si no lo discutimos en la audiencia pública, discutimos una porción muy chica de la factura. Pero pierde esta bondad al restringirlo a los usuarios residenciales, lo que no quiere decir que los demás no tengan derecho, sino que van a tener que judicializar. Vamos a una judicialización muy grande, con cientos, miles de juicios, como pasó en la época del Corralito, donde al no haber una solución colectiva la gente recurrió a soluciones individuales, con una conflictividad muy grande. Por eso creo que debe haber desde la política otra solución, que hay que ir hacia soluciones por sectores.

–Pero el Ejecutivo, justamente, no quiere dar marcha atrás con el aumento.

–Si por una ley se llegara a un acuerdo en el cual se reconociera a estos sectores como alcanzados por la interpretación que hace la Corte sobre la necesidad de audiencias públicas previas y la necesidad de tarifas justas y razonables, sería interesante. En una sociedad de masas, las soluciones individuales son un problema, llegan siempre a destiempo y con un alto grado de conflictividad.

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Roberto Ratti, de Apyme

“Es insostenible para el sector productivo”

–¿Qué lectura hacen del fallo de la Corte?

–Esperábamos que el fallo nos incluyera –respondió Roberto Ratti, el gerente general de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios–. Si bien es un avance, porque declara nula la acción del Gobierno, mantiene para nosotros el aumento en un marco de recesión, suba de los precios y apertura de las importaciones... son tarifas insostenibles para un montón de unidades productivas. Hace peligrar a las Pymes y, por consiguiente, a los puestos de trabajo.

–¿Tienen una estimación de cuál puede ser ese impacto?

–Nosotros representamos casi al 80 por ciento del empleo nacional y al 90 por ciento de las unidades productivas del país. La procuradora Alejandra Gils Carbó había planteado que “el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas –en especial, las pequeñas y medianas–, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”. Eso marca la pauta de cómo estamos y cuál es la situación.

–¿Las empresas integrantes de Apyme venían pagando las facturas de gas en estos meses?

–Algunas lo han pagado, otras no han podido.

-Después del fallo, ¿qué vías les quedan a las Pymes para frenar el tarifazo?

–Lo estamos analizando, porque creemos que debe tratarse de algún modo; tal vez por la vía legislativa o alguna otra vía política. Primero, para retrotraer las tarifas, después para armar un cuadro tarifario que pueda ser pagado, escalonadamente, o parcialmente, pero no de forma tan brusca. Así como está planteado, es imposible.

–Algunos dirigentes del sector adelantaron que pedirán una audiencia al Poder Ejecutivo.

–Ya la pedimos y no la tuvimos. Por supuesto que estamos siempre dispuestos, pero la que vemos como más abierta es la vía legislativa, con el tratamiento de una ley para el sector.

–¿La vía judicial quedó cerrada? ¿Podrían accionar para que se las incluya en la suspensión del aumento?

–La jurisprudencia dice que sólo los particulares pueden presentar procesos colectivos porque hay una causa común de homogeneidad. Como organización de Pymes no podemos presentarnos, si lo hacemos debe ser en forma particular y el efecto también será particular. Por supuesto que vamos a insistir, pero no colectivamente porque expresamente nos está vedado.