El ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión fue imputado en la causa que se abrió por el presunto pedido de coimas a importadores. El juez Ariel Lijo ordenó allanar el shopping Buenos Aires Design, donde se habría concretado el pago de coimas. El magistrado dispuso secuestrar las cámaras de seguridad. En tanto, Gómez Centurión sostuvo que las escuchas que recibió el Gobierno y que motivaron su separación fueron fraguadas con fragmentos de audios de WhatsApp que él dijo en conversaciones con otras personas.

Gómez Centurión un ex militar, veterano de Malvinas y ex carapintada fue separado de la Aduana el viernes pasado por orden del presidente Mauricio Macri, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le acercara un anónimo que recibió con escuchas en las que aparecería el ex titular de la Aduana. Antes de ocupar ese cargo en el Gobierno nacional, Gómez Centurión había sido destinado por Macri frente a la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno porteño.

En el Gobierno no acusan a Centurión de ser culpable, pero sostienen que prefirieron curarse en salud ante la denuncia. “Evaluamos que no podíamos ignorarla. ¿Si la ignoramos y luego se decía que la teníamos pisada?”, sostuvo un funcionario ante Página/12. Evidentemente, jugó el contexto negativo por el fallo de la Corte Suprema sobre las tarifas en la decisión de ahorrarse un nuevo escándalo mediático.

El Gobierno presentó los audios de las escuchas al juez Ariel Lijo. En la causa, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó imputar a Gómez Centurión y al ex dueño de Lo Jack, Oldemar Barreiro Laborda, quien también aparecería en las conversaciones grabadas. El fiscal pidió que se los cite a declaración indagatoria y recomendó una serie de medidas de prueba. El juez accedió a alguna de ellas, como el allanamiento al Buenos Aires Design para secuestrar las cámaras de seguridad.

En los audios y en la denuncia anónima que el Gobierno entregó al juez, se menciona otro funcionarios de Aduana como Edgardo Paolucci, director de la Aduana en el Puerto de Buenos Aires, a Gustavo Maricurrena, jefe de courier del aeropuerto de Ezeiza; Ignacio Allievi, subdirector de Control de la Aduana.

En las escuchas –cuya legalidad será controvertida durante el avance de la causa– se escuchan diálogos que sugieren que Barreiro Laborda consigue aprobar importaciones en forma inmediata a partir de su contacto con una jueza y funcionarios aduaneros. Se habla de un contrabando de unos dos mil contenedores por 1,3 millones de dólares cada uno, según la denuncia anónima. También sostiene que en Ezeiza se daban instrucciones para no escanear mercadería de exportación ni enviar los perros que detectan drogas. En esa misma acusación, se señala que Gómez Centurión y el empresario Barreiro Laborda se reunían frecuentemente en el estacionamiento del Buenos Aires Design, que allí enfrentaban sus autos y se bajaban para cobrar el dinero de las coimas. Por eso, Lijo pidió secuestrar las cámaras de seguridad para comprobar si la denuncia es real.

En tanto, Gómez Centurión se puso a disposición del juez y presentó dos abogados: Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada. Este último defendió a Mauricio Macri cuando estuvo procesado en la causa por escuchas ilegales y por la UCEP.

Gómez Centurión volvió a proclamar su inocencia a través de distintos medios. “Hay gente vinculada a Antonio Stiuso”, aseguró en uno de los reportajes. Señaló que los audios están editados y que se ensamblaron con otros que mandó por WhatsApp en conversaciones con otras personas para simular un diálogo. “La estructura del armado de los audios es sumamente precaria”, indicó.

El ex militar no ocultó su desagrado con la decisión de separarlo del cargo. “Fue una sorpresa la decisión inmediata del presidente de hacer la denuncia. Me enteré manejando por la ruta de mi remoción del cargo. El paso de la denuncia al presidente es inédito”, advirtió. Gómez Centurión atribuyó todo a una venganza. “Sabía que iba a enfrentar las mafias más estructurales y enquistadas en el Estado”, imaginó.