“No tengo miedo de ir a la cárcel”, dijo ayer Fernando de la Rúa. El día después a los cuatro primeros procesamientos en la causa por el pago de coimas en el Senado, el ex presidente salió a defenderse y aseguró que siempre actuó “dentro de la ética”. También se quejó de los comentarios del ministro del Interior Aníbal Fernández, quien había imaginado a De la Rúa “con camiseta y sin medias, pagando por tener sexo”. “Para ser un ministro, tiene mal gusto en hablar así, eso no dignifica su función”, dijo el ex mandatario.
Ante el avance de la causa y de las declaraciones de los funcionarios nacionales, De la Rúa desmintió nuevamente que el ex secretario parlamentario del Senado y testigo estrella Mario Pontaquarto haya participado de una reunión en el despacho presidencial y que haya impartido alguna orden sobre el tema. Además reiteró que se encuentra “a disposición” de la Justicia aunque presentó un escrito ante el juzgado donde “hago las críticas a la investigación a las pretendidas pruebas que se arriman”.
Para responderle al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el ex presidente usó el mismo dicho popular y afirmó que “él cree que todos son de su misma condición”. También dijo que “parece que al Gobierno mi defensa le molesta. Ha salido con una virulencia y una agresividad increíble”.
El ex mandatario aseguró que siempre actuó “correctamente y dentro de la ética” y que no tiene miedo de ir a la cárcel porque “el daño causado”, a partir de las sospechas del pago de coimas en el Senado instaladas en la opinión pública “es mayor que cualquier otra consecuencia del proceso, que es un tema judicial”, porque de esta manera se está “afectando” a todo un gobierno.
El viernes el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó a dos ex senadores –Emilio Cantarero (PJ) y José Genoud (UCR)–, al ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes y al arrepentido Pontaquarto por el pago de sobornos para sancionar la ley de flexibilización laboral. Antes de retirarse del edificio de los tribunales federales, el juez declaró que también está investigando “la participación” en el hecho de De la Rúa. Para Canicoba Corral no hay dudas de que el gobierno del radical pagó las coimas debido “a las ansias por obtener la sanción de la ley, para demostrar gobernabilidad y por presiones del Fondo Monetario Internacional”.
Alberto Fernández aseguró ayer que desde el actual Ejecutivo “queremos que se descubra la verdad y si hay responsables, que paguen las consecuencias de haber infringido la ley”. Otro de los que se sumó ayer a la embestida oficial contra el ex presidente radical fue el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, quien ya reconoció públicamente haber sido quien presentó al arrepentido Pontaquarto ante Alberto Fernández antes de su presentación a la Justicia. “Hasta ahora, todo el mundo sabía lo que había ocurrido, pero no tenían los detalles”, afirmó. En relación con las declaraciones en las que De la Rúa acusa al gobierno nacional de incitar al arrepentido para que hable, Ibarra consideró que “quiere salvar su pellejo y su estrategia es embarrar la cancha”. También opinó que la respuesta del jefe de Gabinete y del ministro del Interior “no fue dura sino firme”. Los funcionarios de Kirchner habían coincidido el viernes en descalificar al ex mandatario con la frase “el ladrón cree que todos son de su condición”.
El abogado de Pontaquarto, Hugo Wortman Jofre, dijo que él y su defendido están “muy conformes” con las medidas dispuestas el viernes por el juez Canicoba Corral, pero que ahora “falta seguir la ruta del dinero” que se habrían llevado los senadores para aprobar la reforma laboral. Según el arrepentido, fueron 5 millones de dólares en efectivo los que la SIDE habría destinado a los sobornos. “Es difícil esconderlos bien sin que quede ningún rastro”, ironizó el abogado, quien anunció que “solamente vamos a discutir algunos aspectos técnicos que tienen que ver con el montode los embargos y el grado de participación de Pontaquarto en los hechos”. El juez determinó un embargo de 10 millones de pesos a cada uno de los procesados por el delito de “cohecho”, en el cual el ex secretario parlamentario fue considerado como “partícipe necesario”.