Hubo acuerdos y discrepancias en la voz de las víctimas. Los familiares de los muertos en el atentado –agrupados en Memoria Activa y en la agrupación Familiares– más las instituciones que fueron blanco del ataque –la AMIA y la DAIA– expusieron en sus alegatos finales lo que consideran las claves de lo ocurrido el 18 de julio de 1994 y la posterior investigación que encabezó el juez Juan José Galeano. Se vieron coincidencias en algunos puntos y discrepancias en otros, entre el abogado Pablo Jacoby por Memoria Activa y los letrados Marta Nercellas, Juan José Avila y Julio Federik por DAIA, AMIA y Familiares. Y tal vez en esos puntos clave está lo sustancial de un juicio que ya está en la recta final y en el que se conocerá el fallo en marzo o, a más tardar, abril.

1 El atentado se cometió con la camioneta Trafic.

Más allá de las dudas que existían antes del juicio y aun cuando sólo dos personas dijeron haber visto llegar la Trafic, las víctimas estuvieron de acuerdo en que hay elementos categóricos que prueban la existencia de la camioneta.
- Los técnicos de la empresa Renault aseguraron que los restos encontrados corresponden a una Trafic.
- Los forenses que hicieron las autopsias de las víctimas determinaron que tenían incrustadas partes de la camioneta. Entre otros, se consideró nítido el caso del portero Ramón Díaz, fallecido, a quien se le incrustó un amortiguador en el tórax. Los forenses sostuvieron que ese elemento estaba tan incrustado en el cuerpo del portero que no pudo haber sido “plantado” en forma falsa. Los técnicos de Renault sostuvieron que el amortiguador era de una Trafic.
- Se resumieron 16 testimonios de personas que dijeron ante el tribunal que vieron el cráter dejado por la explosión en la puerta de la AMIA.
- Se mencionaron también 19 testimonios de ciudadanos que recogieron partes de la Trafic o fueron heridos por elementos del vehículo.
- Se tomaron en cuenta casi una decena de peritajes iniciales, pero además tres estudios realizados durante el juicio. Uno a cargo del Ejército, otro hecho por ingenieros tucumanos y un análisis químico ordenado a la Gendarmería. Los tres peritajes coincidieron en que hubo coche bomba, que se trató de una Trafic y que no se pudo haber armado una pista falsa simulando la existencia de una camioneta.

2 Carlos Telleldín fue cómplice del atentado.

- Telleldín dijo que la camioneta que él entregó fue armada en base al motor de una Trafic quemada y una carrocería robada. Los querellantes sostuvieron que mintió y que su objetivo fue mencionar una camioneta, pero que en verdad tuvo dos. Una es la que dice que entregó, pero la que se usó en el atentado es otra, sobre la que no quiere contar la verdad. Una de las pruebas de esa maniobra es que la carrocería robada de la que habla Telleldín era del año 90 y los restos encontrados entre los escombros correspondían –por el tipo de pintura utilizada– a una camioneta fabricada entre el ’87 y el ’89. También la que menciona Telleldín carecía de puerta lateral, mientras que los restos de la usada en el atentado indican que sí tenía puerta lateral. Las víctimas sostienen que las mentiras de Telleldín sólo se explican porque trató de tapar su colaboración con el ataque.
- Hay varios testimonios de que cuando todavía no se sabía que el atentado se cometió con una Trafic, Telleldín, mirando un noticiero dijo “estos hijos de puta me cagaron, es la nuestra”.
- Según los querellantes inventó una coartada: que le había vendido la Trafic a un tal Ramón Martínez. Los abogados de las víctimas sostuvieron que Ramón Martínez es el nombre de un amigo de Telleldín y que incluso en el boleto fraguado de compraventa puso una dirección similar a la de su amigo.
- La camioneta que estalló frente a la AMIA tenía los elásticos reforzados para que no se notara que cargaba los explosivos. Eso se tomó como evidencia de que Telleldín sabía para qué se iba a utilizar la Trafic.
- Después del atentado, el acusado huyó hacia la Triple Frontera.
Las mayores dificultades las tuvieron los querellantes para sustentar que Telleldín sabía que la camioneta se iba a usar para el atentado, pero todos coincidieron en que sus mentiras sólo se explican porque tuvo un papel de cómplice. Por ello, coincidentemente, pidieron que se lo condene a reclusión perpetua.

3 La acusación contra los policías.

Fue el punto de mayor discrepancia, a tal punto que tuvieron posturas opuestas. Es que en el juicio naufragó la prueba clave contra los policías, la declaración de Telleldín de que le entregó la camioneta a los uniformados. Testimonios contundentes de hombres de la SIDE dejaron en claro que a Telleldín se le pagó por aquella declaración y, en particular, por señalar la foto de Raúl Ibarra, mano derecha del ex comisario Juan José Ribelli. Las discrepancias se concretaron de la siguiente manera:
- Memoria Activa no encontró elementos para acusar a los uniformados y consideró que la imputación contra los policías bonaerenses fue una maniobra dentro de la guerra entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde. El juez Galeano, que actuaba en alianza estrecha con la SIDE y el gobierno del riojano, habría orientado falsamente la pesquisa para acusar a los integrantes de lo que Duhalde llamaba “la mejor policía del mundo”. Por ello, Jacoby, letrado de Memoria Activa, sostuvo que no se podían pedir condenas para los policías en base a las groseras irregularidades del trabajo de Galeano.
- Familiares, AMIA y DAIA, en cambio, pidieron reclusión perpetua para tres policías bonaerenses –Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Irineo Leal– y 20 años de prisión para el cuarto, Mario Bareiro.
En este terreno hubo una novedad llamativa: la abogada Marta Nercellas sostuvo que tras el atentado contra la Embajada de Israel, como la SIDE venía siguiendo al agregado cultural iraní, Moshen Rabbani –al que consideran como el hombre clave del atentado–, éste delegó en Ribelli parte del armado del ataque contra la AMIA. Es un punto muy difícil de probar ya que no existen evidencias –ni llamadas telefónicas ni testigos– que demuestren que había alguna relación entre Rabbani y Ribelli.
Sin embargo, Familiares, AMIA y DAIA se asientan también en lo que consideran otros elementos: que Ribelli blanqueó dos millones y medio de dólares en la época del atentado; que los policías armaron un testigo falso para desviar la investigación; que hay escuchas telefónicas en las que manifiestan su preocupación por el avance de la pesquisa, que Ribelli apareció en el mismo hotel en que estaban los socorristas israelíes y que Telleldín había dicho que le entregó la camioneta a los policías antes de que le pagaran.
De todas maneras, Familiares, AMIA y DAIA admitieron, de hecho, que las evidencias contra los policías no son directas. Por ello, el letrado de la AMIA, Juan José Avila, trazó un paralelismo con el juicio a las juntas militares: aseguró que en aquel entonces no se pudo encontrar un papel con órdenes de torturar o matar detenidos, pero igual los comandantes fueron condenados. Avila utilizó otra frase: “¿Hasta dónde llega el principio de presunción de inocencia?” para insistir en que los policías pueden y deben ser condenados “en base a la lógica y los indicios múltiples”.

4 El caso AMIA y el gobierno de Carlos Menem.

En este terreno hubo acuerdo general de que el riojano no tuvo la menor voluntad política de que se hiciese una profunda investigación sobre el atentado. En el juicio fueron nítidas las declaraciones de varios funcionarios, entre ellos el entonces ministro del Interior, Carlos Ruckauf, o el secretario de Seguridad, Andrés Antonietti, en el sentido deque no se hablaba del atentado en las reuniones de gabinete y que el ex mandatario jamás preguntaba por la investigación. Las evidencias en este punto le reafirmaron la postura que siempre tuvieron todos los familiares de las víctimas que desde 1997 denunciaron esa situación, mientras que los máximos dirigentes de la AMIA y la DAIA de la época mantenían una relación más bien estrecha con Menem. Esta vez, la querella Familiares-AMIA-DAIA sostuvo: “Menem nunca tuvo decisión de investigar. La AMIA no fue cuestión de Estado. Hubo una decisión política de no investigar”.
En el marco de las críticas al riojano, a la posterior gestión de Fernando de la Rúa y al funcionamiento del Estado argentino, se mencionaron las irregularidades en la pesquisa cometidas por la Policía Federal, la SIDE, la Bonaerense y el aparato de justicia. En este punto, Memoria Activa insiste en una hipótesis alarmante: que la SIDE conocía la existencia del atentado, tenía infiltrado el grupo terrorista, pero la operación se le fue de las manos en los días previos al ataque.

5 Apunten a Galeano.

La denuncia del papel del juez Juan José Galeano siempre fue uno de los puntos centrales de la prédica de Memoria Activa, al punto de que pidió –y consiguió– su apartamiento de la causa AMIA. Esta vez, también la querella Familiares-AMIA-DAIA se sumó a la ofensiva contra el magistrado y pidió su juicio político, o sea su destitución. En la voz de Julio Federik, representante de Familiares, los querellantes sostuvieron que el pago de 400.000 dólares a Telleldín “fue ilegal y puso en crisis la causa”.
Para Jacoby, de Memoria Activa, el cuestionamiento es más integral: “El juez actuó en sintonía con el poder, se asoció con un sector de la SIDE, discriminó a nuestros familiares, ocultó partes del expediente a unos y se lo mostró a otros, filmó clandestinamente, sin dejar constancia en el expediente, a testigos e imputados, luego dijo que quemó parte de las cintas, pero después hizo aparecer alguna en forma irregular y mintió reiteradamente diciendo que no se le había pagado a Telleldín”.
Todo indica que la suerte de Galeano está echada. Al pedido de juicio político que hizo hace meses la diputada Nilda Garré, siguió ahora el de Familiares-AMIA-DAIA y se viene, indudablemente, una durísima imputación que le hará el tribunal oral en su fallo.

6 Polémica dentro de la comunidad judía.

Este fue un punto señalado por Memoria Activa y dirigido en especial a quienes fueron entonces dirigentes de la DAIA y la AMIA. “¿Por qué hubo un débil reclamo de DAIA durante el menemismo y cómo influyeron los negocios del doctor Rubén Beraja? –se preguntó Jacoby–. Fue condescendiente con Menem por la mala investigación y en compensación recibió del Banco Central de la República Argentina redescuentos por casi 298 millones de dólares para su banco, el Mayo, lo que ahora lo tiene preso.” Jacoby sostuvo que parte de esa conducta continuó durante el juicio: “La enérgica oposición de DAIA en el juicio oral al levantamiento del secreto de los agentes de SIDE fue un hecho vergonzoso. La declaración de los hombres de la SIDE permitió comprobar el pago a Telleldín”. Por supuesto que los ex dirigentes de la comunidad judía rechazan estas acusaciones, mientras que los actuales dirigentes coinciden en el diagnóstico de que hubo excesiva cercanía con el gobierno de Menem, pero no en que existió trueque de negocios por víctimas. En cualquier caso, Memoria Activa insiste en que el tema debe ser abordado: “¿Qué esperan los líderes de nuestra comunidad para iniciar un debate autocrítico más profundo? Están en deuda con las víctimas del atentado, sus familiares y con la gente de la comunidad”.