La Unidad Fiscal de delitos de lesa humanidad de La Plata pidió que se investigue si médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) falsearon datos sobre el peso de Miguel Etchecolatz para facilitar su estrategia con vistas a obtener el arresto domiciliario. Los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira remarcaron la “diferencia notable” entre los 67 kilos que el Cuerpo Médico Forense (CMF) registró en abril y los supuestos 73 kilos que el SPB apuntó el 25 de julio, cuando el represor comenzó en teoría una huelga de hambre que -según los mismos médicos- le hizo bajar ocho kilos en 18 días. El tribunal que con votos de Germán Castelli y Jorge Michelle le concedió el 22 de julio el arresto domiciliario y rechazó curiosamente el pedido para que se convocara al Cuerpo Médico Forense antes de dictaminar. El CELS, por su parte, calificó de “arbitraria” la resolución del Tribunal Oral Federal 1, destacó que los jueces no analizaron “los riesgos que pueden derivarse” de la detención hogareña y que “mientras Jorge Julio López permanezca desaparecido y el Estado no determine la verdad de lo que le ocurrió, la prisión en una unidad penitenciaria de Etchecolatz es imprescindible”. Claudio Avruj, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, minimizó el tema al afirmar que la familia de López debe “entender” que si el principal investigado por su desaparición sale de la cárcel “la pena continúa y sólo cambia el ámbito de reclusión”.

La denuncia de los fiscales la recibió el viernes el juez federal Ernesto Kreplac. “Podríamos encontrarnos ante una posible estafa a la administración de justicia a través de la falsedad ideológica de los informes remitidos” por los médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense, advirtieron. La situación “cobra especial interés toda vez que (el peso) resulta un aspecto cuasi determinante a los fines de valorar la incidencia de la huelga de hambre en la salud del imputado”, agregaron. El dato clave, que antes habían advertido los organismos de derechos humanos y había adelantado Página/12, es un informe de abril del CMF, según el cual Etchecolatz pesaba 67 kilos. Tres meses después, cuando la domiciliaria concedida por Castelli y Michelle no se concretó y el policía informó que iniciaba una huelga de hambre, los médicos del SPB apuntaron 73 kilos. “Se consignó, a partir de allí, una escala decreciente en su peso, como supuesta consecuencia de la medida, que lo llevó a perder 8 kilos al 12 de agosto, donde se consigna que pesaba 65 kilos”, se permitieron dudar. “La gravedad de lo advertido” es aún mayor si se considera que para dictaminar ante cada pedido de la defensa de Etchecolatz jueces y fiscales debieron basar su opinión “en tales informes del SPB, confiando en la buena fe de lo consignado”, agregaron, y recordaron que el TOF1 rechazó el pedido para que volviera a dictaminar el CMF antes de concederle el beneficio al ex hombre de confianza de Ramón Camps.

El CELS destacó en un comunicado que “los poderes judicial y ejecutivo deben garantizar que los arrestos domiciliarios sean concedidos por razones fundadas”. “Decisiones arbitrarias de este tipo y su aval por el poder Ejecutivo representan mensajes negativos para el avance del proceso de verdad y justicia”, afirmó. El organismo recordó que Etchecolatz acumula cinco condenas desde 2004, que es investigado por la desaparición de López, que tuvo “actitudes provocadoras” relacionadas con esa desaparición y que en 2006 se le revocó el arresto domiciliario por la tenencia de un arma de fuego. Y destacó que “lo que está en cuestión no es el derecho reconocido por la ley a acceder a la prisión domiciliaria sino que no se hayan analizado con seriedad todos los elementos del caso”.

El secretario de derechos humanos tomó distancia de la discusión sobre los arrestos domiciliario al afirmar que “es prerrogativa del juez” y el Estado “no puede apelar”. Sobre Etchecolatz, dijo conocer “la preocupación de la familia” de López pero pidió “entender” que la domiciliaria “no significa una eximición de la pena sino que la pena continúa y sólo cambia el ámbito de reclusión”.