Luego de la presentación de la pericia de Papel Prensa, Osvaldo Papaleo anunció que le pedirán al juez Julián Ercolini la indagatoria para la dueña de Clarín, Ernestina Herrero de Noble; su CEO Héctor Magnetto y el director de La Nación, Bartolomé Mitre. El peritaje sobre la venta de la empresa durante la dictadura concluyó que su precio “no se ajustó al valor real de las acciones”, según reiteró Papaleo, hermano de la viuda de David Graiver, dueño de la empresa apropiada durante la dictadura. En diálogo con este diario, dijo además que pedirán una reunión con Claudio Avruj para saber qué posición asumirá la Secretaría de Derechos Humanos en la causa, que fue impulsada en 2010 por el Estado nacional.

“Esperábamos esta resolución, que fue el camino transversal elegido por el juez para investigar la apropiación de Papel Prensa a través de delitos de lesa humanidad”, explicó el productor y periodista. “Vamos a pedir las indagatorias tal como lo hizo el fiscal en su momento, indagatorias que el juez desechó al considerar que no había elementos suficientes. Ahora este nuevo informe muestra elementos importantes. Por un lado, la pericia. Por otro, lo que siempre dijimos, que es cómo forzaron a los Graiver a vender la empresa, porque nos convirtieron en vendedores presionándonos. Por último, están los resultados concretos que arrojó el informe, que se inclina hacia nuestro lado. Estamos convencidos de que vamos por el buen camino.”

Según informa Papaleo, el informe estableció que el valor total de los bienes “asciende a la suma de 24.144.521,49 dólares”, distante del precio supuestamente pactado de 8,3 millones de dólares. “En ninguno de los casos, sea cual sea el método valuatorio escogido, el precio pactado en el contrato del 2 de noviembre de 1976 se ajustaba al valor real de las acciones”, señaló Luis Alén, abogado y uno de los impulsores de la causa desde la secretaria de Derechos Humanos de Nación durante la gestión de Eduardo Luis Duhalde. En ese mismo informe, que presentaron el lunes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Alén dio cuenta de los créditos financieros en condiciones blandas que recibió el consorcio a partir de 1977 y antes de la inauguración de la planta de Papel en 1978. “El 29 de marzo de 1977 el Banade otorgó un crédito de $ 5.000.000.000, ampliado el 4 de julio de 1977 a la suma de $ 12.000.000.000, y nuevamente ampliado el 1 de marzo de 1978 a $ 22.405.380.000; el 20 de julio de 1978 se otorgó un nuevo crédito de $ 15.000.000.000.” El 27 de septiembre de 1978 fue inaugurada la planta de Papel Prensa S.A. con la presencia de Jorge Rafael Videla, acompañando a Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Luis Mitre, dice Alén. “Ello implica que hubo un constante apoyo financiero de las entidades crediticias del Estado para que los adquirentes de Papel Prensa S.A. pudieran concluir las tareas necesarias para poner a la planta productora de papel para periódicos en total funcionamiento. Esto no hubiera sido posible sin el acuerdo necesario entre las nuevas autoridades de la empresa y los funcionarios de la dictadura, ya que cabe recordar que en aquellos momentos existía una férrea censura sobre los medios de comunicación social que implicaba que nadie que no acordara previamente con los genocidas podía desarrollar la labor comunicacional, que, como se explicara al presentar la querella para el caso de los medios que se apropiaron de Papel Prensa S.A. implicó el apoyo constante a la dictadura y el ocultamiento de los crímenes y violaciones de los derechos humanos. A cambio, los medios pudieron utilizar a Papel Prensa S.A. como herramienta disciplinadora del resto de los periódicos del país, sometidos al precio que la empresa fijaba para el insumo básico”.

El fiscal Leonel Gómez Barbarella pidió la indagatoria de los directivos de Clarín y La Nación en marzo de 2015 por la apropiación irregular de Papel Prensa. En el escrito señaló que se utilizó “violencia moral a fin de generar temor en las víctimas” para lograr un objetivo “ilegítimo”.

En ese momento, el juez Ercolini rechazó el pedido y a pedido de la defensa solicitó un informe para establecer si los precios pactados en el contrato de cesión de acciones se ajustaban al valor de la empresa.