Los economistas que insisten en que el país debería ofrecer una quita menor, ¿creen realmente en sus argumentos o responden a intereses?, le plantea este diario a Jorge Gaggero, miembro del staff económico del Banco Provincia. “No hay ningún economista argentino de nota –responde– que reconozca estar trabajando para los tenedores de bonos, o que admita tener como comitente a alguna asociación de bonistas o algún banco de inversión. Pero hay casos notables, como el del estadounidense Adam Lerrick, que en 2001, junto a Allan Meltzer, favorecía la declaración del default. Ellos organizaron en Nueva York un simulacro de negociación (que Página/12 cronicó en su momento), que se saldaba con una quita del 50 por ciento. Y ahora, después de la catástrofe sufrida por el país, Lerrick, que pasó a representar a bonistas y espera ganar una comisión, pretende que la quita sea del 35 por ciento.”
–¿Pero la Argentina puede o no pagar más que lo que ofrece?
–Tratándose de una reprogramación a 30 o incluso 42 años, para prever la capacidad de pago hay que trazar escenarios a largo plazo de la economía. Obviamente, no es fácil predecir la tasa de crecimiento, pero sabemos que en los últimos 30 años fue del 1,1 por ciento anual promedio. Si el país duplicase su performance alcanzaría un 2,2 por ciento, de modo que pronosticar un 3 por ciento implica una verdadera ruptura en la tendencia histórica.
–Pero hoy se manejan otros números...
–Esto surge de mirar el corto plazo, influido por el rebote después de una drástica caída, y que ni siquiera permite alcanzar el nivel previo al derrumbe. Es obvio que los operadores, los brokers, los fondos buitre funden sus planteos en las tasas de crecimiento de corto plazo, pretendiendo que el país asuma compromisos a largo plazo en base a ellas.
Pero la única tasa de referencia válida es la de largo plazo.
–Otro reclamo es que se consiga un mayor ahorro fiscal para aumentar la corriente de pagos hacia los acreedores.
–Un superávit fiscal primario de 3 por ciento es el máximo compatible con la necesaria recuperación del gasto público para alcanzar niveles imprescindibles de inversión en salud, educación, infraestructura. Ahora bien: con ese superávit, y previendo que la economía crezca un 3 por ciento anual promedio, sólo podrá cumplirse con la deuda después de efectuarle una quita nominal del 75 por ciento. Esto es matemático, y el Gobierno hizo bien las cuentas.
–¿No hay entonces posibilidad alguna de mejorar la oferta?
–Para eso sería necesario que el Fondo Monetario y los otros organismos acepten renegociar nuevos términos para sus acreencias contra la Argentina. Si, como reafirmó el G-7, el FMI debe preservar sus privilegios, el margen que queda para los tenedores de bonos en default es muy estrecho. Claro que el Fondo, después de haber asumido una actitud neutral respecto de la renegociación entre el país y sus acreedores privados, ahora presiona por aumentar la meta de superávit fiscal para los años 2005 y 2006.
–¿Qué otra cosa podría esperarse del Fondo?
–Por de pronto, que devuelva los miles de millones que recibió de la Argentina como cancelación neta desde 2002. Además, que si en 2001 financió con el blindaje la fuga de capitales, tenga ahora la mínima actitud de financiar al país cuando está tratando de salir de la crisis.
–¿Cuál es el papel de los tenedores argentinos?
–Creo que importante, y ayuda a explicar la intensidad de la presión sobre el Gobierno a través de la prensa proestablishment y de diversos consultores. Economía indica que el 38 por ciento de la deuda a renegociar está en manos de residentes argentinos registrados como tales, pero la proporción real sería bastante mayor. El HSBC la calcula en un 60 por ciento. Pero es posible que muchos hayan tomado esos papeles en el mercado a precios muy bajos y ahora intenten hacer el gran negocio a través de una renegociación favorable a sus intereses. En la misma dirección empujan los países de los jubilados que se clavaron con esos títulos y los bancos de inversión que quieren mejorar su imagen ante la clientela.