El fiscal federal Federico Delgado cree que el ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, tiene más responsabilidad en el pago de los sobornos que la que ya le atribuyó el juez Rodolfo Canicoba Corral en su resolución del viernes. Por eso pidió que al procesamiento por cohecho se le sume otro por peculado, un delito con penas más severas –hasta diez años de prisión– que se aplica cuando un funcionario sustrae o desvía dinero público que está bajo su administración. La suma de las dos imputaciones elevaría las chances de que el ex “Señor Cinco” reciba una condena de cumplimiento efectivo en el juicio oral, aunque algunas interpretaciones dicen que podría quedar detenido aún con anterioridad.
De Santibañes ya fue procesado como autor del delito de cohecho activo, o sea, ofrecer y pagar coimas. Al ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto se lo acusó como partícipe necesario y a los ex senadores José Genoud y Emilio Cantarero se les imputó cohecho pasivo, es decir, haber recibido el soborno. La apelación que presentó Delgado ayer advierte que el propio Canicoba Corral ya consideró probado en su resolución que los cinco millones para pagar los sobornos salieron de la SIDE y que, por ende, tuvieron “una aplicación distinta de la prevista como destino para los mismos”. Según ese razonamiento, dijo el fiscal, el ex jefe de los espías debería ser procesado también por peculado dado que el dinero en cuestión estaba a su cargo.
Peculado es la misma figura que complicó la situación de María Julia Alsogaray en la causa (por pago de sobreprecios para reformas en la Secretaría de Recursos Naturales) en la que el propio Canicoba Corral ordenó su detención. Tiene una pena mínima de dos años de cárcel y una máxima de diez. El cohecho, en cambio, prevé de uno a seis años de prisión. “Aunque sean delitos excarcelables, la sumatoria de los dos máximos es muy elevada. Por eso, si se amplía el procesamiento de De Santibañes como corresponde, en el juicio oral podría tocarle una condena de cumplimiento efectivo”, explicó a Página/12 Manuel Garrido, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA), que actúa en el expediente. Garrido agregó que “ante ese panorama se puede interpretar que aumentan las posibilidades de que De Santibañes intente eludir la acción de la Justicia, con lo cual podrían restringir su libertad anticipadamente”.
En el juzgado se muestran cautelosos. Por lo pronto, la decisión de ampliar o no la acusación estará en manos de la Sala I de la Cámara Federal. Como uno de sus integrantes, Gabriel Cavallo, está excusado porque se pronunció sobre el tema cuando era juez de instrucción, tendrán que votar uno o dos camaristas de la Sala II. También deberán resolver las apelaciones que en los próximos días vayan presentando las defensas de los procesados hasta el momento, que recién ayer fueron notificados de su situación formalmente. Por ejemplo, el abogado de Genoud, Miguel Almeyra, anticipó que va a pedir la nulidad de lo actuado por el juez con argumentos como que dio por agotadas las pruebas sin haber tramitado todas las solicitadas por su defendido.
Hoy está previsto que, a partir de las 10, otra vez desfilen por los tribunales de Retiro los cuatro acusados: deben notificarse personalmente del embargo de diez millones de pesos que le tocó a cada uno de ellos así como de la prohibición de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin avisar al juzgado o de salir del país sin pedirle autorización a Canicoba Corral. Si quieren algún permiso, tal vez aprovechen hoy para solicitarlo. Por lo demás, se perfilan algunos días más tranquilos para la causa, aunque los investigadores ya dicen concentrarse en el rol del ex presidente Fernando de la Rúa y en la ruta del dinero.