1 Un primo del titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones, el menemista Germán Kammerath, trabajó en la redacción de los pliegos. Después integró la Comisión de Seguimiento de la privatización. Y trascartón, como frutilla del postre, terminó asumiendo como gerente de la empresa que se benefició con la adjudicación.
2El total de lo recaudado por la privatizada debía ser ingresado en una cuenta en el Banco Nación, llevándose la empresa el 75 por ciento y el Estado el 25. Sin embargo, Kammerath los autorizó a depositar el dinero en el Banco Río y no en la entidad oficial, por lo que se perdió todo control de lo que debía quedar para el Estado.
3La privatizada hizo un contrato más que sospechoso con una filial de Ginebra por un asesoramiento técnico inexistente. A la ciudad suiza se giraban 154.000 dólares todos los meses, en lo que parece ser la ruta de la coima.
Estos tres episodios constituyen el núcleo de la causa penal en la que se investiga a funcionarios menemistas, a un compañero de golf de Menem, Jorge Neuss, que estuvo en el centro de la privatización y a la empresa Thales Spectrum Argentina, que en forma asombrosa consiguió un negocio que registra sólo dos antecedentes en todo el mundo: en dos países africanos. La causa está en manos del juez federal Jorge Urso.
El Gobierno hizo saber ayer que no sólo quiere concretar el fin de la privatización del control del espectro radioeléctrico, sino que, por primera vez, buscará que haya gente condenada en la Justicia por una privatización y, tal vez, algún ex funcionario o empresario entre rejas. Las miradas apuntan a Germán Kammerath, mano derecha de Carlos Menem en el rubro comunicaciones, y el empresario Jorge Neuss, que figura como accionista de Thales Argentina y se contaba entre los compañeros de golf del riojano.
En verdad, la movida empezó cuando el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, encontró previsiones de pagos en el presupuesto nacional para Thales Spectrum. Casi de inmediato, apareció el trabajo periodístico realizado por la revista francesa Le Point (ver aparte) y un informe del programa televisivo Zona de Investigación terminó de redondear los elementos para la denuncia penal. Estos elementos iniciales impulsaron al juez Urso a allanar las oficinas de Thales, pero el cuadro incriminatorio se agravó con un lapidario trabajo de la Auditoría General de la Nación, encabezada por Leandro Despouy, y con las investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Daniel Morin.
Lo que está bajo sospecha es todo el proceso de la privatización, desde el inicio:
- Según sostienen en la Auditoría y en la OA los pliegos fueron diseñados para que ganara la licitación Thales Spectrum. A tal punto, que la otra competidora se retiró.
- La Auditoría menciona incluso la sospechosa relación del primo de Germán Kammerath con todo el proceso e insistió en que se investigue cómo ese funcionario terminó siendo gerente técnico y de operaciones de la empresa favorecida.
- Los informes oficiales sostienen que hay elementos para una acusación penal también en el incumplimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere al control del dinero. Por un decreto establecido en la época de Domingo Cavallo, Thales debía depositar sus ingresos en el Banco Nación. Esa era la forma de controlar que la privatizada se llevaría el 75 por ciento del dinero que se le cobraba a radios, prestadoras de Internet, empresas de taxis, el Ejército, la SIDE, las compañías de aviación y todos los que usan las ondas radioeléctricas. El 25 por ciento restante iría para el Estado. Kammerath firmó una resolución permitiéndole a Thales no hacer los depósitos, con lo que se perdió –según la Auditoría– capacidad de control.
- En la causa judicial se investiga por qué los funcionarios no ejercieron control alguno sobre la eficiencia del concesionario. Por ejemplo, las interferencias, que debían bajar notoriamente, crecieron de 130 en 1997 a 527 en 2001.
- También la Auditoría se pregunta cómo es posible que a Thales se le haya permitido una rentabilidad insólita: 113 por ciento anual. Basta comparar ese porcentaje con el promedio de ganancias de las empresas que cotizan en Bolsa que fue del 9,17 por ciento anual en el mismo período. En un solo año, Thales embolsó 30 millones de dólares, mientras incumplía con las inversiones.
Por supuesto que una de las claves de la investigación del juez Urso está en lo que se considera podría ser la ruta de la coima. Se trata de un contrato de asesoramiento técnico firmado con Thales de Ginebra. Hacia allí se giraban mes a mes 154.000 dólares en una operación que llamó la atención por tres razones:
- El concepto: se trató de un asesoramiento técnico a una empresa que en verdad no hizo aporte técnico alguno, ya que incumplió totalmente con lo firmado. El software, punto técnico clave del pliego, nunca se aportó.
- Los giros no se hicieron a Francia, país de origen de Thales, sino a Ginebra, Suiza.
- Según reveló Le Point y completó Zona de Investigación, desde Ginebra se giraron los fondos a determinadas cuentas en paraísos fiscales e incluso al Citibank de Nueva York. Pero también hay indicios de que el dinero después regresaba a la Argentina y a manos de funcionarios. La cifra es, además, significativa: 154.000 dólares por mes durante doce años totalizan los 25 millones de dólares que se sospechan como coimas de esa privatización.
En la Casa de Gobierno está la expectativa de que la empresa francesa, que es una multinacional de envergadura, mueva sus fichas en los próximos días. Y no son pocos los que creen que dirá que sus socios argentinos, entre ellos algún funcionario y el amigo de Menem, son los que están detrás del escándalo.