Los imputados en la causa por la operatoria de dólar futuro, entre ellos Cristina Kirchner, el ex ministro Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, presentaron escritos o fueron personalmente a alegar ante la Sala II de la Cámara de Casación pidiendo ser absueltos. El cuerpo central de lo planteado es que la operatoria de dólar futuro tuvo como objetivo desalentar las expectativas de una suba de la divisa para evitar una corrida cambiaria, una recesión o una fuerte aceleración de la inflación. Además, la operatoria se realizó en los últimos meses del mandato de CFK y cerca de diciembre, con el peligro de saqueos y conmoción social. Finalmente, varios de los imputados alegaron que si hubo pérdidas en la operatoria fue por la devaluación posterior, en la que los funcionarios acusados no tuvieron nada que ver: fue concretada por el macrismo. Todos los acusados pidieron su absolución por inexistencia de delito y se despacharon en durísimos términos contra el juez Claudio Bonadio por desconocer la base técnica de las operaciones de dólar-futuro y porque se movió con prejuicios económicos tales como que un gobierno no debe fijar el valor de la moneda.

La causa por dólar-futuro parece la menos tentadora para el edificio de Comodoro Py en su carrera de hostigamiento contra la ex presidenta y sus funcionarios. Es un expediente que no encierra hecho de corrupción alguno, no aparece nadie acusado de llevarse dinero y, en cierto sentido, abre las puertas para impulsar causas judiciales de todo tipo contra el macrismo. Si el delito es “administración infiel en perjuicio de la administración pública”, casi cualquier medida económica puede ser judicializada, como señaló ayer en este diario Kicillof. Se podría acusar a los ministros de Macri por sostener un precio irreal del dólar vendiendo mil millones de dólares hace un tiempo para frenar una corrida o por la operatoria con Lebacs a intereses siderales. Por supuesto que, además, está la causa en la que está imputado, entre otros, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, que se benefició con la operatoria del dólar-futuro y que, además, fue parte del gobierno de Macri que hizo la devaluación de principios de año. Por todos esos aspectos, tal vez la Sala II deseche este expediente para continuar su ofensiva en los otros. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah –uno de la escudería de Ricardo Lorenzetti y el otro vinculado con Jaime Stiuso y los ex espías de la SIDE– son punta de lanza contra los ex funcionarios kirchneristas.

En la audiencia de ayer solo tomaron la palabra dos de los imputados, Miguel Pesce, vicepresidente del Central, y Pedro Biscay, ex miembro del directorio. Los dos remarcaron que el juez cometió gruesos errores técnicos. Biscay sostuvo que frente a una tensión con la divisa hay varios caminos posibles. Uno, devaluar, lo que lleva a un fuerte aumento de precios, tal como sucedió bajo el gobierno de Macri. La segunda alternativa es aumentar la tasa de interés, lo que produce una profunda recesión. La tercera variante consiste en vender dólares, lo que pone en peligro las reservas y debilita al país. En conclusión, Biscay –acompañado por sus abogados Paula Honisch y Alejandro Rua– sostuvo que el Banco Central utilizó el camino más prudente para desalentar las expectativas devaluatorias.

El abogado de CFK, Carlos Alberto Beraldi, presentó un escrito muy duro con el juez. Insistió en que pretende judicializar decisiones políticas, y puntualizó que en todo caso el perjuicio por la operatoria se concretó con la devaluación de este año, y esa decisión la tomó el macrismo.

Alejandro Vanoli también cuestionó a Bonadio al analizar lo que el juez consideró un “plan criminal”. El ex presidente del Central señaló que esa acusación es descabellada ya que implica que en el supuesto plan criminal habría intervenido no sólo el Poder Ejecutivo sino también el Congreso, que dictó leyes, incluyendo la de presupuesto. Además señala que el juez fundamenta sus decisiones en que el valor del dólar debe ser determinado por el mercado, descalificando “a quienes postulan medidas de regulación económica”.

Los camaristas tendrán que responder al pedido de absolución de los imputados. Ni siquiera los dirigentes del PRO están hoy entusiasmados con este expediente.