El fiscal Federico Delgado apeló por “prematura” la decisión del juez Sebastián Casanello de desestimar la denuncia contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el uso de la base de datos de la Anses para la difusión de actos de gobierno. El fiscal advirtió que la resolución cierra el proceso y por ende “impide el ejercicio de la acción penal pública” y criticó el “modo brusco” en que Casanello tomó la decisión. “El Señor juez se salteó la etapa previa de una sentencia, que es la de la investigación”, argumentó, y destacó que está en juego “la relación entre la privacidad de las personas, protegida por la Constitución Nacional, y los límites del poder administrador”. Ahora será la Cámara Federal la que determine si debe investigarse al jefe de Gabinete. En tanto la abogada Valeria Carreras, que inició la causa, apelará la desestimación de la denuncia, agraviada por no haber sido incorporada como querellante y porque el juez no evaluó la prueba

Casanello desestimó por “inexistencia de delito” la denuncia contra Peña sin ordenar ninguna de las medidas pedidas por Delgado. Así cerró la denuncia de Carreras, quien consideró ilegal la aprobación del convenio marco para el traspaso de datos de la Anses a la Secretaría de Comunicación que depende de Peña. “Los actos administrativos denunciados pueden ser criticados o tolerados, pueden ser incluso considerados inoportunos, sin mérito o inconvenientes”, pero ello hace a “un juicio de valor de sustancia política” y no penal, sostuvo Casanello.

Delgado opinó que la decisión “es prematura porque impidió realizar un escrutinio sobre un acto administrativo en base a especulaciones y adjetivos que dimanan de la voluntad del Señor juez pero carecen de elementos de prueba incorporados a la causa”. Casanello cerró la causa sin estudiar “si la decisión administrativa” contraviene “el régimen de protección de datos personales”. El juez debió “dirimir la tensión entre un acto administrativo y una ley que es una norma de jerarquía mayor”. Para ello la fiscalía sugirió pedir “una opinión a los expertos del Estado más dos opiniones independientes”, pasos que el juez no cumplió. Carreras, en tanto, cuestionará que tampoco analizó los dichos de Peña, quien afirmó que se usarán los datos de la Anses para comunicar al jubilado que cobra la mínima cómo será el reintegro del IVA. “Ese dato no surge del convenio. Sin el acceso a toda la base de datos de Anses, que incluye ingresos e historia laboral, el jefe de gabinete nunca podría saber qué jubilado cobra la mínima”, explicó.