Representantes de la Justicia Laboral aprovecharon la presentación de un plan del Ministerio Público Fiscal destinado a fortalecer las condiciones de funcionamiento del fuero para rechazar públicamente la intención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de traspasarlo a la órbita del Poder Judicial porteño. “Es un proyecto inconsulto que se da un contexto de ataque a todo lo que esté vinculado al ámbito del trabajo”, se opuso el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Roberto Pompa, durante su intervención en la presentación del proyecto fiscal, encabezado por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, colegas, fiscales, dirigentes sindicales y diputados.

Pompa participó ayer junto con Gils Carbó y el fiscal federal Eduardo Alvarez de la presentación del Plan de Fortalecimiento del MPF en el Fuero Nacional del Trabajo y del Programa Especializado en Derechos del Trabajo, dos iniciativas que desde el Ministerio Público Fiscal se elaboraron tras “un diagnóstico compartido por todos los actores del fuero y que concluyó en la necesidad de contar con mayores recursos para hacer frente al crecimiento exponencial de la cantidad de causas que allí tramitan y la sobrecarga de trabajo que afrontan juzgados y fiscalías”, apuntó Gils Carbó en el Auditorio de la Procuración.

Según informaron desde el organismo, el Plan de Fortalecimiento prevé obras de infraestructura, relocalización de fiscalías y mejoras en las condiciones laborales, además de la incorporación de nuevos cargos para el fuero. “Siempre supimos que existía una deuda pendiente desde mucho tiempo antes con el fuero laboral. Una deuda que hoy empezamos a saldar”, panteó la procuradora ante jueces, fiscales y trabajadores del fuero; el titular del Sindicato de Canillitas y diputado nacional, Omar Plaini; el secretario general de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, y el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica Francisco “Barba” Gutiérrez, entre otros dirigentes gremiales; integrantes de asociaciones de abogados laboralistas, académicos y representantes de cooperativas, fábricas recuperadas y de trabajadores de la economía popular.

Alvarez destacó la creación del programa como “algo más que una simple resolución”. “Es un ‘darse cuenta’ de lo que implica el conflicto laboral, desde el respeto, no sólo desde la variable económica”, apuntó. Pompa coincidió al considerar que la iniciativa “pretende dotar al Ministerio Público de una activa participación de la defensa de los intereses y del ordenamiento jurídico en defensa de los intereses sociales”. Ambos aprovecharon la ocasión para rechazar el proyecto de traspaso de la justicia nacional del trabajo a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Para Pompa, es “una intención de invertir el orden de un estado social de derecho” ya que “quienes quieren llevarlo a cabo consideran al derecho al trabajo y a los jueces del trabajo como un escollo para el desarrollo de políticas que pretenden subordinar el hombre a las leyes del mercado”.

A mediados de año, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que busca traspasar en etapas los fueros judiciales nacionales ordinarios a la Ciudad de Buenos Aires. El fuero laboral sería uno de los primeros en cambiar de ámbito y hay sectores del Poder Judicial, del arco político y sindical que entienden esta cuestión como un cambio en las reglas de juego para poder implementar la flexibilización laboral de una manera solapada.