No es interpretación forzada, ni siquiera es una interpretación, es lo que surge del texto, de las palabras y de la intención: el país que propone la solicitada contra el juez Daniel Rafecas es el de la violencia. Lleva hacia allí irremediablemente. Cierra puertas, no deja opciones porque es un camino que proyecta convivencias imposibles y que, por lo tanto, sólo podrían resolverse en la violencia. Es un camino que ya fue recorrido. Argentina tiene experiencias dolorosas por esas divergencias potenciadas al extremo. Lo llamativo es que firman esa solicitada personas a las que les gusta mostrarse como “tolerantes”. Todas forman parte del entorno oficialista en distintos planos, desde el periodismo, la política, la cultura, e incluso desde un sector de la colectividad judía. Expresan en sus lugares una cosmovisión (por no decir paísvisión) que en la actualidad se siente expresada por el gobierno conservador de Mauricio Macri. Se enorgullecen de que la “tolerancia” es lo que los diferencia de los autoritarios. Hicieron discursos sobre la tolerancia en la campaña electoral, antes de ganar las elecciones, y después cuando tomaron los medios públicos. Se autoproclamaron lo opuesto a lo totalitario porque son tolerantes.

En toda esa construcción de la derecha, la tolerancia otorga superioridad moral. No solamente los diferencia, sino que los haría mejores. Cualquier idea de tolerancia que sirva para juzgar al otro desde cualquier superioridad autoarrogada, es la base de la intolerancia. La idea de tolerancia se acerca más a una visión del mundo entre diferentes que entre mejores y peores o que entre buenos y malos, honestos y corruptos. La forma en que esa idea de tolerancia que surca por la solicitada es de intolerantes.

La otra cuestión es que detrás de la solicitada hay una estrategia que busca destruir a Cristina Kirchner y al kirchnerismo como fuerza política. Cuando compiten fuerzas de distinto signo, esas pujas son legítimas. Pero la herramienta de esa estrategia no es la confrontación de ideas, sino campañas mediáticas y judiciales de desprestigio. El juicio contra Cristina Kirchner por la firma del acuerdo con Irán busca condenarla por traición a la Patria. Y la catarata de juicios contra la ex presidenta y varios de sus funcionarios es por corrupción. Desde la derecha, sean Elisa Carrió o Margarita Stolbizer, no se confrontan ideas, sino que se “combate a corruptos” cuando en realidad quedó demostrado en estos ocho meses que ese argumento les sirvió para esconder el ajuste, el tarifazo y la devaluación que haría Cambiemos. Cuando se trataba de plantear ideas y medidas concretas, Mauricio Macri no decía lo que iba a hacer. Toda la campaña de la derecha se basó en denuncias operadas a veces desde los servicios de inteligencia afines, que repartían carpetas entre periodistas afines, con las cuales funcionarios afines de la justicia producían las causas. La mayoría de ellas no tienen pies ni cabeza.

En una sociedad se puede convivir con personas que piensan diferente. Pero no con traidores a la Patria, corruptos y asesinos. Fue muy evidente en el frustrado acto de apoyo al Gobierno en el Obelisco, la predisposición a la violencia que genera ese discurso. A los traidores y corruptos se les retiran los derechos y se los manda a la cárcel, o se los lincha.

A pesar de toda esa campaña, el kirchnerismo tiene un piso que va del 25 al 30 por ciento. Como fuerza individual, sin alianzas, es una de las más numerosas, más que el radicalismo o el PRO, que integran Cambiemos. A veces el volumen es importante porque lo que se está planteando con esa estrategia es que con el kirchnerismo no hay convivencia posible porque es una fuerza delincuencial que tiene que desaparecer. Entonces, lo que se busca es plasmar la exclusión de una de las fuerzas políticas más numerosa y más dinámica. Y la exclusión de una fuerza que tiene esa representatividad significa anular la vía democrática a millones de personas. O sea retirarles sus derechos políticos.

La “exclusión” del kirchnerismo es una versión moderna de la proscripción del peronismo después del 55. Se retiraron los derechos políticos a millones de personas que no podían elegir a sus representantes y allí se incubó la violencia. Si a un sector de la sociedad se le cierra la posibilidad de expresar sus ideas y votar a sus candidatos en forma democrática, buscará otra formas de hacerse escuchar.

La falsa tolerancia que exuda la solicitada que pide la cabeza de un juez se expresa de la misma manera que la falsa tolerancia de los golpistas del 55 que inauguraron 18 años de dictaduras militares y periodos pseudodemocráticos tutelados por las Fuerzas Armadas, con levantamientos populares, guerrillas, estados de sitio y represiones. Esa etapa culminó con el golpe sangriento del 76, los 30 mil desaparecidos y la derrota de Malvinas. Los que firmaron esa solicitada juegan con fuego. No tienen autoridad moral para llevar al país a la exclusión de ninguna fuerza política y abrir una etapa que desemboque en otra era de violencia.

Podrán decir que no atacan a nadie, solamente a Rafecas por “mal desempeño técnico en una causa”. Pero eso sería hipócrita. Si están convencidos de que hubo traición a la Patria, no pueden hacer esa acusación en el aire contra dirigentes de una de las fuerzas políticas más importantes de este país. Tienen que hacerlo con pruebas, ni siquiera por sospechas. Y con muchas pruebas, porque con esa acusación están arriesgando la paz. Y lo real es que esas pruebas no existen. Fue un acuerdo para lograr que los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA declaren ante un juez argentino, que era la única forma de avanzar en la causa. Obvio que iban a negar todas las acusaciones, pero lo mismo hubieran hecho si hubieran sido detenidos en el país. Lo importante es el cuerpo probatorio que debería haber reunido y que nunca reunió el fiscal Alberto Nisman. Hasta ahora, todo lo demás es superchería, sospechas basadas en prejuicios o intereses geopolíticos. Para hacer una acusación que ponga en peligro la paz y la democracia en este país hay que tener más argumentos. Hasta ahora todo indica que la muerte del fiscal Alberto Nisman fue suicidio. Si quieren denunciar que fue asesinato tienen que reunir pruebas contundentes, no sospechas basadas en que los kirchneristas son capaces de todo según sus prejuicios o sus intereses políticos.

Acusar sin pruebas, de magnicidio o de traición a la Patria, a dirigentes de una de las principales fuerzas políticas es irresponsable. Cualquier acusación que se haga a un dirigente político, sea Cristina Kirchner o Mauricio Macri, tiene que ser de cara a los millones de personas que se sienten representadas por ellos. Tiene que convencer a ese público. No puede ser a medias, ni con sospechas interesadas y habladurías mediáticas o secretos en las embajadas como se han construido la mayoría de las causas. Cualquiera de esas opciones lleva a la violencia y la destrucción de la convivencia democrática porque haría que millones de personas se sientan excluidas y estafadas. Eso es lo que están arriesgando los que usan estas denuncias para sus campañas electorales. Es irresponsable, como lo fue el fiscal Nisman por haber presentado sin pruebas una acusación contra la Presidenta de la República después de diez años de no producir ninguna prueba en su causa específica que era el atentado a la AMIA.

Esta estrategia que busca la exclusión de una fuerza de mayorías, sumada a prácticas represivas y autoritarias, avasalladoras de la justicia, como las que practica el oficialismo en Jujuy, empiezan a formar un malhumor social que a su vez funciona como caldo de cultivo. No sería la primera vez que se provoca a los sectores populares para justificar una represalia que sirva como excusa para proteger con represión medidas impopulares como las que lleva a cabo el gobierno de Cambiemos. Es probable que muchos de los firmantes de la solicitada estén de acuerdo con esta perspectiva porque ese texto es echarle nafta al fuego.