El Gobierno enviará al Congreso la próxima semana un proyecto de ley para regular a las empresas privatizadas. Lo anunció el ministro del área, Julio De Vido, ayer desde España, circunstancia que potenció la decisión política de la Casa Rosada. La iniciativa pretende imponerle reglas precisas a uno de los sectores económicos más poderosos. Tanto en materia de tarifas –no podrán dolarizarse ni ajustarse por índices ajenos a la economía real– como en cuestiones sociales, porque legisla la tarifa social. La norma le otorga un papel decisivo al Estado, tanto en el control como en las decisiones sobre inversiones.
El proyecto está casi terminado. Pero no debería obviarse el dato político que acompañó el anuncio: fue realizado en España, país en donde se encuentran varias casas matrices de las empresas de servicios públicos que operan en la Argentina, como Telefónica, Endesa y Aguas de Barcelona. Son compañías que vienen reclamando ajustes tarifarios. La iniciativa surgida en el despacho del ministro de Planificación contiene varios puntos recomendados por el equipo de especialistas de la universidad Flacso, tradicionalmente críticos del proceso de privatizaciones de la década pasada. Algunos aspectos del proyecto dan marcha atrás con excesos desregulatorios que beneficiaron nítidamente a las empresas prestatarias.
Uno de los más polémicos fue la posibilidad de varias privatizadas de ajustar sus tarifas en forma periódica por la inflación de Estados Unidos. Según cálculos de Flacso, eso permitió a las empresas obtener ganancias adicionales por unos 9000 millones de pesos/dólares. Es que mientras en la Argentina había inflación cero o directamente deflación, en Estados Unidos había suba de precios.
Otros puntos que estarían incluidos en el proyecto de “Régimen Nacional de Servicios Públicos” son:
- Las tarifas no podrán dolarizarse. Responde a que varios contratos de las privatizadas fueron refrendados en moneda dura por la administración menemista. Convenios que fueron pesificados tras la devaluación a la paridad uno a uno entre el peso y el dólar.
- Las controversias jurídicas deberán dirimirse en los tribunales argentinos. Esta aclaración vale por la decisión de un grupo de privatizadas de enjuiciar a la Argentina ante foros internacionales, como el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, por donde se están tramitando juicios contra el Estado por 16.000 millones de dólares. En el caso de Aguas Argentinas, el Gobierno exigió a la empresa retirar esa demanda como condición para renegociar el contrato.
- Criterio de neutralidad tributaria: implica que las subas o bajas de impuestos deban trasladarse a las tarifas.
- Se impulsa la tarifa social.
- Se deja explícita la responsabilidad de las casas matrices hacia sus subsidiarias que manejan las compañías privatizadas.
- El Estado puede constituirse en planificador de inversiones, sistema ya fue propuesto en el caso de los peajes. En algunas rutas se dispuso que ahora el Estado es el que recauda y diagrama las inversiones, mientras que los privados cobran un monto fijo por prestar determinados servicios. Para organizarlo es probable que se imponga el mecanismo de los fideicomisos.
El proyecto intenta modificar situaciones injustas que se dieron junto a la ola privatizadora y fueron ignoradas por los gobiernos anteriores. Sin embargo, ello no debería desconocer las inquietudes que ya dejaron trascender algunos especialistas independientes. Preocupaciones referidas al rol que tendría el Estado y de la posibilidad de que se cometan acciones discrecionales por parte de los funcionarios. ¿Quién definirá si una persona merece la tarifa social o no? Mientras tanto, y para demostrar que la relación entre la Casa Rosada y las empresas marcha bien, De Vido destacó también desde Madrid distintas inversiones prometidas por los ejecutivos: Repsol-YPF comprometió 6000 millones de pesos en tres años (los primeros 1000 millones en 2004) y 400 millones más de parte de empresas mineras españolas.