Por N. V.
Desde Madrid

“No voy a hablar de una amnistía (para los inmigrantes irregulares). Pero los argentinos en España pueden tener la seguridad de que han tenido un abogado potentísimo”, remarcó la canciller española Ana Palacio mirando a su par argentino Rafael Bielsa. Los dos acababan de anunciar, que a partir de hoy “se pondrán en práctica reuniones de trabajo permanentes entre ambos países para buscar la mejor forma de resolver la situación con un horizonte de noventa días. En ese lapso el acuerdo tácito implica suspender, en principio, la expulsión de los argentinos detectados sin la documentación adecuada y encontrar el camino menos traumático para regularizar la residencia de los más de 80 mil argentinos radicados sin permiso. “Los tres meses son un plazo para tranquilizar a nuestros compatriotas porque una reunión permanente sine die generaría preocupación”, abundó Bielsa. La comunidad argentina en España se confesó “más que esperanzada” con el encauzamiento de un diálogo que hasta ahora parecía imposible. Hoy se reunirán con el canciller en la embajada para interiorizarse de los detalles de la negociación.
Bielsa apeló a una elocuente imagen para explicar la decisión de no formar una comisión sino manejar la cuestión en el marco de reuniones técnicas y políticas: “Como se dice en la Argentina, un dromedario no es más que un camello creado por una comisión”, graficó. El canciller distinguió dos puntos del problema:
- “Los compatriotas irregulares que no tienen expediente de expulsión abierto, que son cientos de miles”, es decir los que no fueron denunciados por el Ministerio del Interior.
- “Aquellos que tienen iniciado el trámite de expulsión, que son muchísimos menos, y cuya situación se va a estudiar caso por caso”.
El escándalo mediático aparece con las expulsiones, pero el problema estructural es el de la masa de irregulares. Sólo 43 mil argentinos tienen la residencia y el permiso de trabajo mientras que alrededor de 100 mil son los que pujan por la imposibilidad de obtener esa tranquilidad. “El trabajo consistirá en encontrar la interpretación administrativa y política de las leyes de España, de la Unión Europea, y de los tratados bilaterales entre ambos países para no judicializar la cuestión, llegar a esa instancia implica que los Estados no han podido resolver el problema”, explicó el Canciller fijando, de hecho, el marco en el que se debe contener la negociación. Al descartar la vía judicial pretende una resolución política en el mejor de los sentidos del entuerto que tiene en vilo a cientos de miles de inmigrantes.

Gestos

“El primer acto público del presidente Kirchner en Madrid fue asistir a la presentación del libro sobre la inmigración argentina en España, ése fue un gesto político inconfundible. Ese gesto tuvo como contrapartida la flexibilidad que mostró el gobierno de Aznar”, especulaba un funcionario argentino decidido a hacer pesar los tratados bilaterales en la resolución del tema. Argentina tiene firmados cinco tratados de migración con España (1864, 1948, 1960, 1969 y 1988) y todos registran una consideración más que especial para los españoles que emigraron al país. “Para nosotros los tratados bilaterales tienen preponderancia porque no han sido denunciados por España, esto supone la reciprocidad de los mismos”, comentaban en la delegación argentina. La comunidad de inmigrantes va más allá y apunta que estos tratados están integrados a la Constitución de España, por lo cual en términos jurídicos tienen más rango que la propia Ley de Extranjería. El convenio de 1960 es el “más generoso” para con los españoles que emigraron en el siglo XX perseguidos, al igual que los argentinos de fines del 2000, por la crisis económica. Establece permiso automático de residencia, el inmediato otorgamiento del documento de identidad para extranjeros, permite esgrimir “múltiples motivos” como válidos para establecerse, autoriza girar fondos sin límite ninguno al país de origen, la homologación automática de títulos e, inclusive, prevé beneficios futuros al garantizar que a los españoles se les van a dar todas las ventajas que se puedan establecer para los extranjeros, es decir el trato de Nación más favorecida. Teniendo en cuenta que los pactos internacionales suponen reciprocidad, la asimetría actual de derechos ante la emigración argentina a España es inocultable.
La contracara de esos beneficios es la dureza de la Ley de Extranjería, modificada en diciembre pasado, que obliga a obtener un permiso de trabajo otorgado por el consulado español en el país de origen antes siquiera de subirse al avión. Pero no sólo eso obliga a las compañías aéreas a entregar los nombres de los pasajeros que hayan sido detectados por no regresar en la fecha prevista en sus tickets de regreso y exige a los ayuntamientos (municipios) que informen sobre los extranjeros que se registran para obtener los beneficios de salud. El corset es asfixiante. España aduce que no hizo más que adecuarse a las estrictas normas de la Unión Europea que ve en la migración una amenaza a su pujanza. Desde las comunidades de inmigrantes se retruca que eso muestra miopía porque España es un país envejecido que no podrá financiar la seguridad social. “Los inmigrantes son nuevos aportantes”, sintetizan.
La premisa del gobierno de Aznar que está en retirada parece ser “forzar todo lo posible dentro de la ley, pero no cambiar la ley”, razonaba un diplomático conocedor de las sutilezas de una negociación delicada teniendo en cuenta las potenciales demandas de los inmigrantes de otros países. Una “mejora” de trato para los migrantes argentinos puede desencadenar reclamos simétricos de los llegados a España desde otros países. “No todos los secretos son estúpidos” repetía el mismo diplomático preocupado porque la difusión de esta “buena voluntad” con la Argentina no se transformara en contraproducente para el objetivo del acuerdo: lograr la regularización de todos. En noventa días, cuando Aznar haya dejado el poder, si los argentinos no protestan, querrá decir que todo funcionó.